Joel Hernández Santiago
La tensión entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos de América va en aumento. Y tiene distintas aristas. Una de ellas se refiere al tema Fentanilo, una droga sintética que -según ellos- se trafica a raudales en territorio estadounidense y que por su consumo ha causado la muerte de miles de sus ciudadanos. Esta confrontación ha puesto al descubierto una espesa capa de espionaje de la DEA a los cárteles…
Pero también se puso a la vista -de nueva cuenta- el tema del sistema de espionaje interno, vía Pegasus, por parte del gobierno mexicano en contra de políticos de oposición, funcionarios públicos, empresarios, periodistas…, sin que medie una orden judicial para llevarlo a cabo.
En lo que respecta al fentanilo, el gobierno de Biden acusa en particular a dos cárteles mexicanos: El Cartel Jalisco Nueva Generación y al Cartel de Sinaloa.
Así, el Departamento de Justicia de EUA informó el 14 de abril que presentó cargos contra 28 miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos los hijos de “El Chapo Guzmán”, dentro de su programa de investigaciones sobre el tráfico de fentanilo. En particular se imputa a “Los Chapitos”, a los que señalan como una de las facciones más violenta y agresiva y para los cuales la fiscalía pide ‘cadena perpetua no revisable’.
Para esto, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), dice que cuenta con información que soporta sus acusaciones a partir de que se infiltró en el cártel y la red de “Los Chapitos”, obteniendo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización.
Dijo que tres de sus agentes, disfrazados, penetraron en el Cártel para conocer movimientos, tiempos, forma, cantidades, modo, origen, destino de la droga. Un sistema de espionaje directo, además de otro tipo de espionajes que llevan a cabo por vía telefónica, digital y satelital.
Los tres agentes trabajaron por lo menos tres años para filtrar información: Fotografías de narcolaboratorios, grabaciones de reuniones entre capos de alto nivel, documentos… son algunas de las evidencias que recabaron, además de otras vías de investigación, con lo que fincaron los cargos criminales a 28 integrantes de este grupo de narcotraficantes.
No es una novedad esto del espionaje de la DEA (y la CIA) para obtener información que -según ellos- garantice la seguridad de sus ciudadanos y la seguridad nacional. Pero pocas veces, como en esta ocasión, han aceptado este tipo de infiltraciones directas, sin anuencia del gobierno del país.
Por supuesto esto indignó al gobierno mexicano, en particular al presidente de México, quien calificó la operación de la DEA de “abusiva y prepotente” e insinuó que se llevó a cabo sin consentimiento del Gobierno Federal.
“Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿cómo van a estar espiando? que no hasta bajaron un globo de China ya en Estados Unidos, nosotros no hacemos eso pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad”.
EUA anunció los cargos a los 28 un día después de una reunión entre funcionarios de alto nivel en los que se acordó una lucha común entre México-Estados Unidos-Canadá, para enfrentar el tráfico de fentanilo, su fabricación, su comercialización y su consumo…
Pero subyace a todo esto, la impresión dentro del gobierno de EUA, de que el gobierno mexicano hace poco o casi nada para enfrentar a los cárteles de la droga en México y, como consecuencia, el envío de cantidades estratosféricas de la droga para consumidores en EUA, en tanto que el gobierno federal de México primero dijo que no, que en México no hay fentanilo ni se produce…
Aunque luego se mostraron pruebas en contra. Sin embargo el gobierno de México es muy celoso en el manejo del tema narcotráfico y tiene -dice- sus propias reglas para controlar esta situación, la que causa estragos en la población de los tres países, no sólo por el consumo mortal, sino por el grado de violencia criminal que impera en distintos estados de la República Mexicana.
Pero al mismo tiempo, cuando el gobierno de México reclama que la DEA espíe en territorio mexicano, se puso en la mesa de las discusiones el tema del sistema israelí Pegasus, un potente instrumento de espionaje y vigilancia masiva que ha sido utilizado en distintos países para intentar silenciar a periodistas, atacar activistas o perseguir a la disidencia.
Este sistema de espionaje adquirido en 2011 por el gobierno mexicano y el cual se utiliza aun durante este gobierno –según acusan- en contra de distintos actores de la vida pública mexicana, en particular a opositores de la 4-T, empresarios, funcionarios en activo y, sobre todo, a periodistas. El espionaje interno en toda su dimensión para fines particulares de gobierno.
No obstante, según el diario “El Universal”, Sedena congeló por cinco años la información de la contratación con la empresa Antsua, proveedora del software “Pegasus”, con esto, según el periódico, “Desoye la orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información…, y reserva los contratos de la adquisición del software espía”, argumentando que revelarlos “pone a los operativos en riesgo de sabotaje”.
Así que por un lado se repudia el espionaje de la DEA al Cártel de Sinaloa -lo que indignó al presidente mexicano acusando de que se estaría violando la soberanía nacional–, pero por otro lado se viola la soberanía de cada individuo en México a quien se quiera espiar para garantizar -dicen- un sistema interno de seguridad nacional. ¿Deveras?
¿Quién tiene la razón? ¿Quién no la tiene?
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