El Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios elogió este viernes la firma por parte del presidente Gustavo Petro de la nueva ley que ratifica en Colombia la Convención Internacional sobre Mercenarios de 1989. Sin embargo, en un comunicado al finalizar una visita al país, las expertas también alertaron sobre los crecientes riesgos que supone el reclutamiento de ciudadanos colombianos para participar en conflictos armados en el exterior.
«La revisión acelerada y la plena aplicación de la nueva ley para prevenir la actividad mercenaria ilegal constituyen un paso esencial hacia la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales», afirmaron las expertas.
Miles de colombianos en el ojo del huracán
El conflicto armado que ha vivido Colombia durante décadas ha dado lugar a la multiplicación de actores armados y empresas de seguridad privadas.
Aunque se han logrado avances en derechos humanos y reintegración de excombatientes, los retos persisten. Según las expertas, más de 10.000 colombianos podrían haber sido reclutados en conflictos armados en distintas partes del mundo, tanto por medios legales como irregulares.
«Es necesario recabar datos más precisos y abordar las causas originarias, ya que es probable que esta tendencia siga aumentando», advirtieron.
Los ciudadanos colombianos, en su mayoría exmilitares, se encuentran entre los más solicitados para desempeñar funciones en el sector de la seguridad y en conflictos armados. Los cuantiosos incentivos económicos, la ausencia de oportunidades laborales en el país y el aumento del reclutamiento en línea han llevado a un incremento de solicitudes de empleos en el extranjero, incluyendo para el combate activo.
Familias en la oscuridad
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por las expertas es la situación de las familias de los colombianos que han fallecido o desaparecido en el campo de batalla. Estas familias enfrentan grandes dificultades para obtener información, en particular en los casos de reclutamiento predatorio o engañoso.
«El elevado número de empresas de seguridad privada no reguladas, las armas sin licencia y las tecnologías de alto nivel, como los drones y las herramientas de vigilancia sofisticadas, plantean riesgos para los derechos humanos y la seguridad», agregaron.
Un problema que trasciende fronteras
Las expertas reconocieron que los empleos legítimos en funciones militares y de seguridad en el extranjero constituyen una importante fuente de trabajo para los colombianos. Sin embargo, advirtieron de que el uso de mercenarios está prohibido por el derecho internacional y supone una grave amenaza para los derechos humanos.
Para prevenir el reclutamiento en el extranjero, el Grupo de Trabajo recomendó acciones interinstitucionales coordinadas, cooperación internacional, campañas de sensibilización pública y mejores oportunidades económicas en el país.
«Abordar de manera eficaz el reclutamiento de mercenarios no es solo una cuestión nacional, sino que requiere cooperación a nivel regional y mundial», concluyeron las expertas, que presentarán su informe completo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2026.
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