En el parlamento abierto “Fondo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, representantes de organizaciones civiles y especialistas señalaron que es fundamental fortalecer los recursos que se destinan a este propósito, porque eliminar el fideicomiso significaría restarle protección a más de mil defensores y periodistas.
Salva vidas la flexibilidad operativa del fideicomiso
Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resaltó que somos “uno de los países más peligroso para el periodismo y la defensa de derechos humanos”. Enfatizó que el mecanismo salva vidas gracias a la flexibilidad operativa que ofrece el fideicomiso, lo cual permite actuar con urgencia en la protección de cientos de personas.
Subrayó que cuando se ha logrado identificar quiénes son los agresores, 55 por ciento de los casos son funcionarios públicos, por eso es necesario que haya mayor capacidad técnica, así como un marco legal más favorable que permita sancionar a esos servidores e impedir que se repitan los ataques.
Desaparecer el fideicomiso revictimizaría a mil 200 beneficiarios
Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección a Periodistas en México, señaló que el nuestro “es el país más mortífero para periodistas”. Sostuvo que desaparecer el fideicomiso “no es factible” y revictimizaría a los más de mil 200 beneficiarios que tiene actualmente, ya que el mecanismo debe tener acceso inmediato y de una forma autónoma a los recursos para implementar las medidas de protección.
Si bien hay cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas, estimó que el problema principal no es el fideicomiso, sino la aplicación de medidas y la falta de recursos. Si desaparece eso no va a solucionar los problemas; los profundizaría.
México, en un contexto de crisis de derechos humanos
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, planteó analizar la iniciativa sobre este fideicomiso, no sólo a la luz de la disponibilidad presupuestal, sino del contexto de amenazas y de crisis de derechos humanos por el que transita el Estado mexicano.
“Cómo se gestiona la reactivación del fideicomiso”, pues actualmente es necesario esperar que haya disponibilidad de recursos para contratar protección, y “de qué manera se aplica bajo la Ley de Austeridad Republicana, porque a fin de otorgar presupuesto los entes públicos deben evitar reducir la atención a emergencias y desastres naturales o los provenientes de actividad humana”.
Piden presupuesto específico para proteger a periodistas
Balbina Flores Martínez, representante en México de la Organización Internacional Reporteros sin Fronteras, señaló que la protección para personas defensoras y periodistas no ha sido prioridad de las distintas administraciones desde el momento en que no cuentan con un presupuesto propio para cumplir sus objetivos, por lo que planteó que el Congreso destine un recurso específico para el mecanismo.
Añadió que México es el país americano más peligroso para periodistas, pues en los últimos 16 años han sido asesinados 130; 14 están desaparecidos y a la fecha se desconoce su paradero; en 2020 fue el lugar 143, entre 180 naciones, en la clasificación de la libertad de prensa, y es el primer país en paz donde se mata periodistas y donde la libertad de expresión enfrenta graves problemas estructurales.
En 2019 asesinaron a 10 periodistas en el ejercicio de su trabajo, y en lo que va de 2020, tres, lo que coloca a la nación como una de las más peligrosa en este ámbito. Además, en los meses de emergencia han muerto, por covid-19, 15 comunicadores en todo el país, añadió.
Crisis heredada en materia de derechos humanos
Cecilia Real Rodríguez, directora general de PROVOCES, expresó que la crisis en derechos humanos es heredada y desde hace más de una década se complica y acumula año con año. Entre enero y mayo de 2020 hubo 18 asesinatos, 11 corresponden a personas defensoras de derechos humanos, 10 de ellos protectoras del medio ambiente y siete periodistas. Además, se tienen registradas por algunas notas de prensa 78 agresiones contra ambos grupos; 60 de ellas hacia comunicadores.
El reto, dijo, está en fortalecer las instituciones y los recursos que el Estado le destina a este gran problema. El fideicomiso, añadió, da rendimientos y entre 2012 y 2019 ha obtenido rendimientos por 61.5 millones de pesos, lo que representa una ganancia de 8.8 millones de pesos anuales. “Eliminar el fideicomiso significaría restar certeza a la protección de más de mil personas defensoras y periodistas que se benefician”.
En un mes, 39 agresiones contra defensores y periodistas
La directora general de Comunicación e Información de la Mujer e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México, Lucía Lagunes Huerta, señaló que en un monitoreo entre abril y mayo de 2020 se registraron 39 agresiones contra personas defensoras y periodistas; de ellas, 33 son contra representantes de los medios de comunicación. “Eso quiere decir que en un mes no hubo un sólo día en que no se agrediera a un periodista o una persona defensora por su labor”.
Destacó que el mecanismo no es perfecto, pero desde su creación se impulsó la presencia de periodistas y de defensores para que hubiera certeza de vigilar el buen uso de los recursos públicos. Añadió que en lo que va del actual gobierno sólo hablando de mujeres periodistas se han agredido a 290. “El análisis no sólo tiene que ver con los recursos sino con la deuda que el Estado mexicano tiene con la democracia”.
Ha salvado vidas
Mario Hurtado Cardozo, representante de Espacio OSC, afirmó que en lugar de pretender remover o eliminar este fideicomiso que ha salvado vidas, la discusión se debe centrar en cómo fortalecerlo y transparentar el uso de los recursos.
Agregó que este fideicomiso no debe ser presupuestado anualmente, debido a los cálculos sobre el incremento de personas que lo requerirán. “El hecho de mantenerlo debería ser una muestra del compromiso del Estado para cumplir las recomendaciones hechas por organizaciones internacionales”.
Preservarlo y evitar la vulnerabilidad de las personas
Alberto Xicoténcatl Carrasco, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensora de los Derechos, advirtió que no se deben burocratizar los procesos de protección. “En Casa Saltillo, cada año defendemos a siete mil migrantes y representamos a 4 mil 500 personas que en este país están pidiendo refugio.
“Los invito a que veamos al fideicomiso como un medio e instrumento que permite a la Secretaría de Gobernación desarrollar acciones que puedan bajar un poco nuestra vulnerabilidad, no pensemos en el recurso económico, pensemos que es meramente un medio para alcanzar un fin mucho más alto”.
Mil 200 personas saben que este mecanismo salvó su vida
Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, subdirector regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, comentó que más de mil 200 personas beneficiarias han visto que el mecanismo para la protección de personas defensoras y periodistas les ha salvado la vida, integridad o salvaguardado su libertad.
Manifestó que es necesario que se transparenten las intenciones de esta iniciativa; si hay una verdadera voluntad de Estado por proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que dan su vida por este país, que se diga.
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