CIUDAD DE MÉXICO.- En carta enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Margaret Satterthwaite, relatora especial en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apunta que la reforma judicial propuesta “podría socavar la independencia de la judicatura mexicana”.
En el documento expone su preocupación por la iniciativa de reforma al Poder Judicial que propone elegir a jueces y magistrados por voto popular y advierte que la reforma judicial impactaría el funcionamiento de la judicatura mexicana al someter a elección popular a jueces y magistrados, ya que fácilmente podrían superponerse a los méritos objetivos de un candidato.
“Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”, dice la carta.
Comenta que aún cuando “el derecho internacional no requiere un procedimiento específico de nombramiento, este exige que cualquier procedimiento de nombramiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individual, así como la imparcialidad subjetiva y objetiva”.
“Quisiera señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que he recibido en relación con el paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, las cuales podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana”, dice la carta enviada el pasado 29 de julio.
El texto de 12 páginas expone que la iniciativa no cuenta con esquemas regulatorios para las actuaciones de los candidatos durante las jornadas electorales de jueces y magistrados, además de rechazar los descalificativos y desacreditaciones en contra de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Me encuentro especialmente preocupada – señala la relatora –por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”.
En el texto se subraya que esta iniciativa de reforma judicial —que incluye la elección popular de jueces y magistrados— rompe con los estándares internacionales para nombramientos y selección de impartidores de justicia.
La carta agrega que “los Estados deben adoptar medidas específicas para proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política en su toma de decisiones, incluso a través de la adopción de procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, suspensión y remoción”.
El escrito señala que las modificaciones propuestas por López Obrador, “carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad” y expone que la iniciativa “permitiría un aumento en la influencia” del Poder Legislativo en el proceso de selección judicial.
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