26 de Septiembre de 2019
Hace doce o quince días hubo una reunión entre Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, y Mauricio Kuri, jefe del Grupo Parlamentario del PAN.
El tema era la amenaza de solicitud de desaparición de poderes en Veracruz, recién anunciada por el senador del PAN, Julen Rementería.
La destitución en fast track del fiscal del Estado, Jorge Winckler, aunado a la inseguridad que se vive en la entidad, servía de justificación a tan desproporcionada petición.
“No nos arrastren a ese terreno”, pidió el zacatecano al senador del PAN.
Le explicó que si la bancada del azul le daba curso a la solicitud de Rementería iba a tener presiones dentro del grupo de Morena que, advirtió, tiene “muchos guerreros”.
El coordinador del PAN entendió aparentemente las razones del moreno. Ambos acordaron cerrar el capítulo y no utilizar el Senado para dirimir diferencias políticas.
Pero Rementería siguió adelante con su propuesta de desaparición de poderes en Veracruz, a pesar del compromiso de su coordinador.
Monreal no tiene claro si Kuri fue rebasado por sus senadores o si de plano es cómplice de la violación del acuerdo de no mover el asunto.
El caso es que declaró que el PAN no cederá en su intención de que se nombre un nuevo gobernador en Veracruz.
* La bancada de Morena lo tomó como declaración de guerra. El revire no tardó. Los “guerreros” de Morena aplicaron el principio de “me tocas a uno y yo te toco a dos”.
En automático anunciaron que solicitarían la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas.
¿El motivo? En ambos casos por la situación de violencia, con el agravante, en la entidad que gobierna Cabeza de Vaca, de la supuesta “ejecución sumaria” de ocho personas en Nuevo Laredo, por la policía estatal.
Hay denuncias de que en los dos estados ha habido consecuencias negativas para los legisladores federales de Morena. Los medios locales los acusan de “injerencistas”. Traen un ambiente hostil.
La repuesta no para allí. El senador Alejandro Armenta anunció ayer que a solicitud de su bancada, la Auditoría Superior de la Federación investigará las administraciones de Tamaulipas y Guanajuato.
“En los últimos 10 años fueron los más beneficiados con recursos extraordinarios de la federación, mismos que alcanzaron 2.8 billones de pesos”, dijo.
Insinuó que parte de esos recursos fueron a parar a campañas políticas, a través de diversas empresas.
Las tres solicitudes de desaparición de poderes fueron turnadas a la Comisión de Gobernación con la idea, no confesada, de meterlas en la congeladora.
Prudencia obliga.
* En medio del debate sobre las leyes secundarias de la Reforma Educativa, la senadora del PAN, Guadalupe Saldaña, mostró en tribuna oficio de la CNTE dirigido a los interesados en la vacante de Inspector General la Zona Escolar Número 10, con sede en la localidad de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.
Además de los requisitos de antigüedad y grado de estudios requerido, el oficio exigía a los aspirantes no haber abandonado sus asambleas, ni participado en algún programa de la Reforma Educativa de Peña.
Está fechado el 30 de julio de este año y lo firma el profesor Gonzalo Toledo Cruz. Trae el sello del Comité Ejecutivo de la Sección 22 de la CNTE.
Era una forma de responder a sus pares de la coalición Juntos Haremos Historia que, a lo largo del debate, negaron una y otra vez que en las leyes secundarias se haya dado luz a la intervención de los sindicatos en la asignación de plazas.
“No va a haber plazas automáticas de ninguna manera. Búsquenle por donde le busquen”, dijo el senador de Morena, Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación.
La citada senadora del PAN hizo, turnos después, una reveladora pregunta que explica la extraña calma mostrada por la CNTE —intransitable en el tema de las plazas— en los últimos días: “¿Por qué varios artículos dicen que entra el sindicato en una Comisión Tripartita?”.
Era una sesión de trámite. Al cierre de esta columna se habían aprobado, sin cambios, dos de las tres leyes secundarias. Los senadores se aprestaban a poner el último clavo a la mal llamada “Reforma Educativa” de Peña Nieto.
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