La Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) aprobó el jueves la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes, procesado por su presunta participación en una red de corrupción que desvió 351 millones de dólares de las arcas del Estado.
Los 15 magistrados que conforman la Corte votaron a favor de la solicitud de extradición que presentó un juzgado de San Salvador en septiembre de 2018. Al trascender la decisión, el exmandatario la calificó de “irrelevante” y aseguró que viola su derecho a la defensa.
Funes escribió en Twitter que: “La Resolución de la CSJ sobre mi extradición, aunque irrelevante porque quien decide es el gobierno de Nicaragua, viola mi derecho a la defensa. ¿Cómo pueden tomar una decisión sin tener presentes mis argumentos y las razones por las que considero que soy objeto de persecución?”.
La decisión de la Corte incluye a la pareja de Funes –Ada Mitchell Guzmán– y sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Guzmán es requerida para ser procesada por el delito de lavado de dinero y de activos; Funes Cañas, por el delito de lavado de dinero y de activos; mientras que Funes Velasco, por el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos.
Funes, su pareja –Ada Mitchell Guzmán– y dos de sus hijos se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
Por su parte, la Fiscalía General publicó un comunicado de prensa en que manifiesta que la aprobación unánime de la Corte Suprema, “reafirma el proceso de investigación que sigue en contra del exmandatario, y espera que a la brevedad haya acuerdos con el gobierno nicaragüense para su entrega a las autoridades salvadoreñas”.
Funes también es requerido por la justicia salvadoreña para ser procesado por lavado de dinero, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho, por su supuesta participación en los arreglos que hizo su gobierno para pagarle 108,5 millones de dólares una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica. También está siendo procesado por divulgar un documento llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), en el cual se revela el desvío de diez millones de dólares que el gobierno de Taiwán entregó al fallecido exmandatario Francisco Flores para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001.
Por esos procesos, los tribunales salvadoreños emitieron una alerta roja de búsqueda y detención contra el expresidente salvadoreño, pero la Interpol la ha negado en dos ocasiones.
Con la decisión de la Corte Suprema, la petición de extradición será enviada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que a su vez la hará llegar al ministerio de Relaciones Exteriores para ser enviada a la embajada salvadoreña en Nicaragua o a la embajada nicaragüense acreditada en El Salvador, para ser entregada al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
Según la Fiscalía, durante los cinco años del gobierno de Funes (2009-2014) se realizaron diversas operaciones en las que se desviaron 351 millones de dólares que fueron a parar a cuentas de testaferros, familiares y allegados al exmandatario.
Durante la investigación la Fiscalía encontró 14 inmuebles en el país que asegura son propiedad de Funes pero que están a nombre de testaferros y otras propiedades a su nombre en Estados Unidos.
De acuerdo a la Fiscalía, Funes gastó 4,5 millones de dólares en viajes de placer a distintas parte del mundo y pagó también boletos de avión para sus familiares y de los de su pareja.
Funes, de 60 años, y que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el tercer expresidente salvadoreño procesado por el supuesto desvío de fondos públicos.
con información de Debate
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