EL “RATÓN LOCO” JUDICIAL ELECTORAL

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

 

Nunca me imaginé ser víctima de un atropello judicial, pero sucedió; y nada menos que a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo más probable, espero, es que ninguno de los integrantes del pleno de ese tribunal constitucional se haya enterado de los pormenores de lo que adelante voy a narrar. Pero de lo que sí estoy seguro es que, en caso de llegar a enterarse algún día, no les va a interesar en lo más mínimo por las razones que también voy a platicar.

 

En la más total opacidad y con el mayor sigilo se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un procedimiento a modo, sin reglas precisas, plagado de discrecionalidad y autoritarismo, en el que todo indica que solo se trata de cubrir elocuentemente las formalidades previstas en la Constitución federal, para posteriormente enviar a la Cámara de Senadores dos ternas compuestas por miembros del Poder Judicial de la Federación -una dama y un varón- que, desde luego, cubran el requisito más importante: ser cercanos a los integrantes del pleno de dicho tribunal constitucional.

 

A partir del 30 de noviembre próximo quedarán vacantes dos plazas de magistrado electoral integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, del tribunal que ha guardado respetuoso silencio frente a las “pre-precampañas” para elegir a las abanderadas tanto del partido gobernante, MORENA, como de la coalición partidista opositora, Frente Amplio por México. A este tema me he referido ampliamente en estas páginas digitales, así es que ahora me ocupo del “ratón loco” judicial electoral. 

 

Aunque es oportuno recordar que esas “pre-precampañas” han ocurrido como consecuencia de la sucesión presidencial adelantada, iniciada desde hace un par de años por el presidente de la república en funciones, para posicionar en el imaginario político colectivo tanto a su partido político como a la “corcholata” que destapó recientemente, entregándole un bastón de mando (en el mismo restaurante donde fijó las supuestas reglas para que compitieran sus “corcholatas”); pero, obviamente, conservando el mando hasta que la vida (política) se lo permita, es decir, con la pretensión evidente de establecer un nuevo “Maximato”.

 

El caso es que en virtud de tales plazas de magistrado electoral vacantes, sigilosamente la SCJN publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 5/2023 -antes ese acuerdo también se publicaba en diarios de circulación nacional, pero antes, mucho antes-, en el que se determina el procedimiento para integrar las dos ternas mencionadas -llegaron supuestamente con documentación completa, nunca hecha pública (y con méritos profesionales tampoco hechos públicos), 60 aspirantes de los cuales, según determina el acuerdo citado, por arte de magia escogerán los ministros a doce ganadores de donde entrevistarán a quienes saldrán en las ternas- que serán propuestas a la Cámara de Senadores; de las cuales, por mayoría de dos tercios de los senadores presentes, esa asamblea legislativa elegirá a los que, entre otras tareas judiciales, van a calificar la elección presidencial que viene y a resolver todas las controversias que surjan con motivo del proceso electoral federal que, formalmente, apenas acaba de iniciar el jueves 7 de septiembre pasado.

 

Una primera etapa del “ratón loco” judicial que conocen y sufren los aspirantes a ocupar alguna de esas plazas empieza con la entrega de documentos. Me consta porque intenté enviar mis documentos por vía informática y el sistema informático, primero, no admitió mi ensayo de diez páginas hasta que hubo que comprimirlo; pero, más grave aún, segundo, una vez enviada toda la documentación el sistema informático no me entregó el acuse de recepción.

 

Así es que ni tardo ni perezoso, al día siguiente, dentro del plazo fijado, a las ocho en punto de la mañana -en el horario señalado en el acuerdo de referencia-, mejor me apersoné en el edificio de la SCJN en el centro de la ciudad de México, a un lado del Palacio Nacional. Pero como resulta que hay un grupo de manifestantes, autodenominados “obradoristas”,  que desde hace varios meses -quién sabe de qué vivan o quién les paga por estar ahí tanto tiempo, aunque fácilmente puede suponerse- tienen bloqueada la puerta principal con letreros y pancartas en contra de los ministros integrantes de la SCJN, particularmente su presidenta (a la que insultan con palabras soeces en sus mantas y arengas); después de hacer las pesquisas necesarias pude ingresar por una puerta de la parte de atrás del edificio, una vez pasado mi portafolio con mis documentos y mis libros por un aparato de esos que ahora hay en todos los aeropuertos.

 

Después de haber entregado mi identificación y de haber sido fotografiado, también, una vez que un policía se aseguró de que no llevara entre mis ropas algún objeto peligroso, debidamente custodiado por otro policía puede llegar a la puerta de la oficialía de partes del máximo tribunal de la república, la cual desde luego estaba cerrada. Pero había en la puerta un buzón judicial, con los artefactos necesarios para dejar ahí los documentos y recibir el acuse de recibido. 

 

Nada más que mis libros sobre derecho procesal electoral y justicia electoral que entregué, para acreditar que conozco la materia, no caben en la apertura del buzón; por fortuna, salió por ahí un empleado que amablemente me auxilió a envolver mis documentos y libros, que me ayudó también a obtener el acuse de recepción; entonces solamente rogué a Dios que mis documentos y libros que le entregué fuesen recibidos al menos por alguno de los colaboradores de los ministros del más alto tribunal de la república. Desde luego que, bajo la más formal protesta de decir verdad, estoy más que seguro de haber cumplido todos los requisitos exigidos; menos uno, no exigido formalmente pero factualmente observable: pertenecer al Poder Judicial de la Federación.

 

No sé si por lo menos les llamó la atención ver un paquete de libros, ya no digo mis documentos escolares -incluida mi Especialidad en Justicia Electoral cursada en el Tribunal Electoral federal, con su respectiva cédula profesional-, pero el caso es que el día martes 5 de septiembre apareció  publicada, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el diario “El Universal” donde también la leí, la lista con las personas que entregaron documentos; lista en la cual no aparece mi nombre a pesar de haber cumplido con todos los documentos formales, como ya dije.

 

Nuevamente ni tardo ni perezoso redacté un escrito para solicitar al menos una explicación de las razones por las que no fui incluido en dicha lista, escrito que dirigido a cada uno de los ministros entregué en la oficialía de partes y del que desde luego hasta el momento no he recibido respuesta (no obstante que todos mis datos personales se encuentran debidamente acreditados en el expediente correspondiente), ni creo que la recibiré en lo que me reste de vida. En resumen, desecharon mi solicitud sin necesidad de explicar por qué; ahora solo espero que me devuelvan mis libros.

 

Por cierto, esa mañana que fui a entregar mi escrito solicitando de manera comedida la reconsideración de mi exclusión, casualmente coincidí con un ministro cerca de los elevadores del edificio, a quien le expuse lo antes aquí comentado. Me dio la impresión de que no tenía la menor idea de lo que yo hablaba. Igualmente, me pareció que no tenía el menor interés en el tema.

 

En mi opinión, a todas luces se pretende que la calificación de la próxima elección presidencial no quede en manos de personas que puedan garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad de la justicia electoral en la certeza y seguridad jurídica -única forma de legitimar el proceso electoral derivado de la sucesión presidencial adelantada-. 

 

La mayoría calificada de dos tercios para designar a quienes ocupan este tipo de cargos públicos facilita el sistema de cuotas entre los partidos políticos; en este caso con el agregado de la familia judicial, lo que implica un convidado más en el reparto de las cuotas, uno que tiene lugares asegurados, la SCJN -aunque para ello tenga que echar fuera a ciudadanos cuyo único mérito (además de su autonomía, independencia e imparcialidad) es ser ciudadanos con formación académica sólida y obra publicada en la materia que compiten-. 

 

Mi exclusión del proceso a pesar de haber cubierto los requisitos exigidos es un acto arbitrario, pero también un hecho consumado. No obstante haber presentado un escrito con la solicitud de reconsideración de mi exclusión no espero nada, pero espero que mi inconformidad pueda algún día ser escuchada en algún lugar y por alguna persona (la senadora Xóchitl Gálvez) que pueda poner remedio a tanta discrecionalidad en el procedimiento de selección y evaluación para ocupar estos cargos públicos y de arbitrariedad en sus exclusiones.

 

Hace muchos años, cuando terminé de redactar mi investigación que formó parte del primer tomo de la colección “Formas de Gobierno y Sistemas Electorales en México” -libro publicado en 1996 por el Centro de Investigación Científica “Ing. Jorge L. Tamayo” del Sistema SEP-CONACYT; los tres libros de esta colección, más otro libro también de mi autoría, “Las Reformas de 1996”, forman dos tomos de la Enciclopedia Parlamentaria de México-, estimé conveniente poner como epígrafe de ese primer libro la frase de un virrey de la Nueva España, Carlos Francisco de Croix, Marqués de Croix (1776-1771), que dice así:

 

“Deben saber los vasallos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno”.

 

Después de esta incursión por el “ratón loco” judicial electoral me queda claro que, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi país o de sus colaboradores que operan los procedimientos reseñados, esa frase tiene aún permanente vigencia.

 

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2023.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.

Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA). Tiene la Especialidad en Justicia Electoral otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral; sus libros se encuentran en bibliotecas, librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Las recopilaciones anuales de sus artículos semanales están publicadas y a la venta en Amazon (“Crónica de una dictadura esperada” y “El Presidencialismo Populista Autoritario Mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato?”); la compilación más reciente aparece bajo el título “PURO CHORO MAREADOR. México en tiempos de la 4T” (solo disponible en Amazon).