En sesión vespertina, la Cámara de Diputados avanzó en el análisis de la reforma al artículo 127 de la Constitución, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea establecer un límite a las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos.
El dictamen fue fundamentado por integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, quienes señalaron que la propuesta tiene como objetivo reducir la desigualdad en el sistema pensionario, donde actualmente coexisten pensiones elevadas con otras de bajos ingresos.
Durante la exposición, la diputada Haidyd Arreola López destacó que el proyecto busca corregir lo que calificó como una “injusticia histórica”, al señalar que el promedio de pensiones en el país ronda los 4 mil 600 pesos mensuales, mientras que existe un grupo reducido que percibe montos considerablemente altos.
La reforma propone fijar un tope máximo a las pensiones equivalente al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal, en concordancia con el principio constitucional que establece que ningún servidor público puede recibir ingresos superiores al presidente.
Asimismo, se argumentó que el crecimiento del gasto en pensiones —que representa cerca del 20% del presupuesto público— ha comenzado a presionar las finanzas del Estado, limitando la inversión en sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.
Por su parte, el diputado Manuel Vázquez Arellano subrayó que la medida no afectará a la mayoría de los pensionados, sino que está dirigida a una “minoría privilegiada” que concentra los mayores beneficios, en muchos casos derivados de acuerdos o condiciones especiales.
El dictamen también contempla que no se verán afectadas las pensiones derivadas de cuentas individuales, esquemas sindicales, programas no contributivos ni el régimen de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la discusión no ha estado exenta de controversia. La diputada Margarita Zavala presentó una moción suspensiva para frenar el debate, argumentando posibles violaciones a derechos constitucionales, misma que fue desechada por el Pleno.
La iniciativa continuará su proceso legislativo en el Congreso, en medio de un debate que confronta la necesidad de austeridad y equidad en el gasto público con la protección de derechos adquiridos.
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