Integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pidieron al auditor especial de Desempeño de la ASF, Agustín Caso Raphael, suspendido de manera temporal, aclarar diversos temas sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la confianza en las auditorías, qué acciones legislativas se deben impulsar para fortalecer estos trabajos y qué metodología se empleará para el resto de las fiscalizaciones
Durante la segunda ronda de preguntas y respuestas de la reunión de la citada comisión, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) preguntó al auditor cuál es su experiencia respecto de la auditoría al aeropuerto cancelado que, dijo, fue muy compleja. Comentó que los temas de infraestructura son de gran importancia porque son de interés público, por lo que es necesario dar certeza la ciudadanía.
Del PT, la diputada María Teresa Marú Mejía agradeció la presencia del auditor y le preguntó sobre la Auditoría de Desempeño del aeropuerto y si la ASF calculó el impacto mediático, las repercusiones para el país y la ciudadanía, y cómo se tenía que responder.
Por el PRI, la diputada Marcela Guillermina Velasco González solicitó saber cuáles son los tiempos establecidos que tienen los entes auditados para realizar las aclaraciones y solventar los temas de la auditoria en 1394-DE.
La diputada Josefina Salazar Báez (PAN) pidió que, derivado de los resultados que se presentaron en la Cuenta Pública 2019, profundizara en las acciones legislativas que se deben impulsar para que los resultados de la ASF se fortalezcan y en la prevención de errores o discrepancias se dé un mejor manejo de la información.
La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena), preguntó si la ASF tiene un procedimiento específico para demostrar la naturaleza del error o si no lo hay. Además, ¿qué acciones debe tomar la ASF para probar la causa del error y qué metodología emplearán para el resto de las Auditorías de Desempeño, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2019?
La diputada Edna Laura Huerta Ruiz (Morena) preguntó si hay otras Auditorías de Desempeño realizadas bajo su responsabilidad en la Cuenta Pública 2019 que requieran una revisión exhaustiva y si se puede confiar en que no habrá nuevas inconsistencias en la revisión de los resultados del resto de las auditorías.
Respuestas del auditor especial
Al dar repuesta, Agustín Caso Raphael explicó que la dificultad que se encontró con una auditoria de esta naturaleza fue que era una construcción que se interrumpió por cuestiones de Estado y que dio origen a otro proyecto que es el aeropuerto de Santa Lucía.
Señaló que lo más relevante es que las recomendaciones emitidas buscan establecer el mecanismo de control y seguimiento que permitan generar, integrar y reportar comunicación confiable. “Esto va a permitir transparencia y también certeza”.
Dijo que la ASF se apega a su debido proceso y aunque las auditorías sean distintas no hay dolo, mala fe, ni errores. “Sería una cuestión grave si en temas importantes del país la Auditoría actuara con mala fe o con interés creados”.
Añadió que no hay error, sino una metodología que arroja una serie de cifras. “Nadie está mintiendo, no hay dicotomía respecto a si una u otra visión es la correcta. Una, obedece a una metodología, ve la cancelación con una perspectiva amplia y la otra, de manera acotada y estricta”. Añadió que no son cifras definitivas, sino estimaciones, porque es la naturaleza misma del proceso económico.
Reiteró que en esta Auditoría no hay dolo ni mala fe y que las Auditorias de Desempeño están sujetas a proceso riguroso de verificación, fundamentado en normas de INTOSAI y eso da certidumbre de que están bien hechas. Además, dijo, “soy un firme creyente y siempre he apoyado el debido proceso en todos los órganos federales, estatales e internacionales donde he trabajado”.
También, explicó que el ente auditado tiene 30 días para presentar lo que a su derecho convenga, después hay 120 días que tiene al ASF para resolver en consecuencia.
Agregó que es necesario trabajar de manera coordinada y establecer un apartado en la ley que regule el procedimiento de cancelación de programas y proyectos de inversión; además, establecer la obligación de elaborar una evaluación económica que incluya la cuantificación de implicaciones económicas y financieras que se generaría con la cancelación.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), informó que continuarán las mesas de trabajo cada martes, iniciando nuevamente con la de Desempeño y estarán al pendiente de lo que la Unidad de Evaluación y Control les informe en el seguimiento al proceso respectivo.
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