CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un caos administrativo en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde destaca la falta de evidencia de su rentabilidad, carencia de estudios sobre el impacto social y regional, así como nula evidencia de los procesos de adquisición y expropiación de tierras. Además, existen irregularidades financieras por 236.3 millones de pesos.
De acuerdo con la tercera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó contrataciones indebidas y tuvo omisiones administrativas en una de las obras insignias de la cuarta transformación.
La auditoría a los Estudios de Preinversión para la Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil-Militar, indica que la principal irregularidad fue por 235.5 millones de pesos por la falta de documentación que justifique la adquisición de 49 predios aledaños al aeropuerto.
En la auditoría, la Sedena aceptó que la construcción del aeropuerto no cuenta con una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aunque la ASF resaltó que la ley lo exige, la Defensa Nacional consideró que es improcedente porque “el Estado no puede otorgar concesión al mismo Estado”.
La ASF recomendó al Ejército “establecer estrategias y actividades para atender las acciones comprometidas en el Convenio de Colaboración en Materia Aeronáutica, relacionadas con la obtención y tratamiento de todo tipo de permisos, licencias, concesiones y todo lo que resulte necesario para la construcción del aeropuerto.
Respecto a los estudios técnicos de la obra que se construye en Santa Lucía, Zumpango, Estado de México, la Auditoría detectó que el Ejército contrató a una empresa “multada e inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica, contribuyente incumplido con el Servicio de Administración Tributaria y que emitía comprobantes fiscales digitales inexistente”.
No se mide el impacto de las irregularidades
En otra auditoría para revisar los Efectos Regionales y Urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, se comprobó “que no hay normas, ni reglas para plantear la construcción de un aeropuerto mixto, civil y militar, lo que puede representar riesgos en el proceso de construcción y operación”.
La obra que tiene un avance del 50% y se prevé inaugurar el 21 de marzo de 2022, “no cuenta con un marco jurídico que regule la construcción y operación de un aeropuerto internacional de modalidad mixta, así como problemas futuros en caso de que en el país se construya un aeropuerto similar, con aeropuerto civil y operaciones militares”.
Dicha auditoría también halló irregularidades administrativas en la obra de Santa Lucía; destacan que aunque el Ejército aseguró contar con 128 hectáreas de terrenos nacionales, no logró diferenciar las delimitaciones territoriales de la obra civil de la militar, así como la delimitación periférica del proyecto en general.
A su vez, la terminal aérea se construye en una zona dedicada a la agricultura y donde miles de personas habitan a sus alrededores, sin que se cuente, hasta ahora, con un estudio de los cambios, así como los efectos positivos y negativos del aeropuerto en la población.
La Sedena tampoco acreditó los procesos de compra, expropiación y cambios de uso de suelo de mil 31 hectáreas que se adquirieron para las obras complementarias, vialidades, pistas y áreas de amortiguamiento.
El proyecto carece de acciones para “garantizar la accesibilidad y movilidad de los usuarios y trabajadores de las instalaciones aeroportuarias y de la población que actualmente se traslada en la zona y la impactada por el desarrollo que se generará como consecuencia del nuevo aeropuerto”.
La ASF manifestó que la “Sedena no previó todos los impactos, efectos y riesgos sociales que se generarían por la construcción y operación del AIFA, ni programó su atención”. Y otra de las conclusiones es que “no se cumplirán las condiciones requeridas para determinar que el proyecto es rentable”.
Turbulencia en convenio con avión
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un convenio modificatorio con Banobras para la terminación anticipada del contrato de arrendamiento del avión presidencial Boeing 787, cuya cláusula principal señala que entrará en vigor cuando se comercialice la aeronave, se cubra la deuda y los remanentes, de existir, se reintegren a la Tesorería de la Federación.
Debido a que el avión no se ha logrado vender desde diciembre de 2018, el Ejército sigue pagando a Banobras el arrendamiento financiero, y a la fecha, queda una deuda de 3 mil 149 millones de pesos a pagar hasta 2027.
En otro punto, la ASF pidió a la Contraloría de la Sedena sancionar e investigar a los militares que autorizaron los contratos con la empresa Boeing para el traslado y resguardo del TP01 en Estados Unidos, donde estuvo guardado por un año.
El motivo es que la Defensa Nacional pagó 22.9 millones de pesos cuando el avión pudo ser resguardado, sin gastar, en el ex Hangar Presidencial, donde se contaba con infraestructura, logística y elementos técnicos para guardarlo aunque no se ocupará.
Como antecedente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la venta de la aeronave, lo cual, no se ha logrado a pesar de trasladarse a Estados Unidos y rifar su valor simbólico, por lo que dicho activo, aún sin usarse, le sigue costando al erario un promedio de 500 millones de pesos anuales.
La Función Pública se hace la que no ve
A pesar de que es la encargada de vigilar el cumplimiento del Gobierno, la Secretaría de la Función Pública fue reacia a ser auditada, de acuerdo al informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2019.
“Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF”, se lee el documento entregado a la Cámara de Diputados.
Sobre la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval, la ASF también identificó deficiencias en la contratación de seis servidores públicos.
Al respecto, la titular de la SPF señaló su compromiso de colaborar con la Auditoría e indicó que “se pusieron a disposición más de 30 mil expedientes que requirió”; sin embargo, más tarde negó que haya rechazado atender al personal de la ASF y reservado expedientes.
Con información de 24 Horas
Sé el primero en comentar