Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Si hay algo que prohíbe la legislación electoral nacional son los actos anticipados de precampaña electoral para movilizar a los electores a favor de un posible candidato a un cargo de elección popular. El propósito de dicha prohibición es mantener una igualdad en la competencia entre los diferentes precandidatos o posibles candidatos, tanto al interior de su propio partido o coalición partidista como frente a los demás partidos y coaliciones. De tal manera que ante aquellos que por alguna razón mantengan mayor visibilidad que sus posibles contendientes, la prohibición señalada intenta evitar que se beneficien con una salida adelantada y la ventaja consecuente.
Sin embargo, en los días presentes ha cobrado un mayor vigor el supuesto debate político sobre la sucesión presidencial. A todas luces es un supuesto debate político porque se trata, desde luego, de una agenda temática impuesta por el presidente de la república para mantener distraída a la clase política nacional, tanto la de su propio partido político y coalición partidista como a la de sus opositores político-partidistas. Conocedor como pocos de los resortes de la política nacional, es una estrategia que desde luego le está rindiendo frutos inmediatos. No se diga para evitar una rendición de cuentas sobre los constantes yerros de sus políticas públicas, sino sobre todo para situar a los precandidatos y obviamente a la previsible candidata designada para sucederlo.
Puesto que los precandidatos del partido oficial designados por el propio presidente de la república son motivo de la mayor publicidad impulsada desde las fuentes noticiosas gubernamentales y su amplia estructura de voceros en las redes sociales, esto trae como consecuencia natural que si en este momento hubiese elecciones presidenciales las preferencias electorales favorecerían de manera contundente al partido oficial. El refrán popular señala que a río revuelto ganancia de pescadores, sobre todo aquél que tenga la red más grande.
Es por ello que los partidos de oposición han caído necesariamente en el juego presidencial de participar en la preparación de su supuesta propia sucesión. De tal forma que dirigentes políticos y personajes con indiscutible experiencia de gobierno tanto del Partido Acción Nacional, como del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática han levantado la voz para manifestar su intención de participar en la competencia presidencial, o por lo menos para darlo a entender. Todos ellos previamente fueron señalados al efecto por el propio presidente de la república.
Como académico dedicado al estudio de las cuestiones electorales, el propósito de mi reflexión sobre este tema está dedicada sobre todo a evaluar el carácter democrático de dicho ejercicio. Como la democracia es un fenómeno político bastante poco conocido en México, resulta necesario recordar sus elementos para comparar los hechos que observamos diariamente en la vida política nacional con los parámetros o indicadores que permitan la evaluación democrática de lo que pasa frente a nosotros.
Para el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la democracia es un régimen político caracterizado por la participación de los ciudadanos en la organización del poder público y en su ejercicio. Régimen político que asegura a la persona sus derechos humanos, le proporciona un mínimo de seguridad económica y no concentra el poder en una persona o en un grupo, sino que consagra los principios de lección popular, de separación de poderes, así como el de pluralismo ideológico.
Para el Diccionario de Ciencia Política de Dieter Nohlen, publicado por El Colegio de Veracruz, la dominación democrática se basa en el principio de la soberanía del pueblo y de la igualdad política de todos. En la cual los derechos y oportunidades de participación del ciudadano están garantizados: sufragio universal; participación efectiva, tanto individual como colectiva; decisiones válidas por un tiempo determinado; con libres posibilidades de desarrollo para la oposición con protección de las minorías; así como responsabilidad de los gobernantes que deben ser fiscalizados y rendir cuentas, además de asegurar la participación social y promover la justicia social.
Puesto que se trata de definiciones teóricas que tratan de orientar o encausar lo que sucede en la realidad, no esperemos que la realidad social se ajuste a dichas propuestas teóricas, insisto. Por el contrario, la terca realidad, sobre todo en los países latinoamericanos nuestros, un día tras otro nos muestra que más bien lo contrario es lo que ocurre. Encontramos así indicadores clave de comportamiento autoritario por parte de muchos gobiernos nacionales. En el libro “Cómo mueren las democracias”, sus autores señalan los cuatro indicadores siguientes:
- Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego político;
- Negación de la legitimidad de los adversarios políticos;
- Tolerancia o fomento de la violencia; y
- Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.
Es en este contexto desigual en el que se juega hoy en México la lucha política electoral por alcanzar el poder estatal. Las pasarelas presidenciales adelantadas son un buen ejemplo del rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas de la competencia electoral, del que el principal responsable es el gobierno federal y el partido político oficial. Enfrentados al hecho consumado, los partidos opositores han tenido que seguir el juego.
El desenlace del régimen político democrático o no en México está en buena medida en función de los resultados de las elecciones federales de 2024, con el interludio en las elecciones locales de 2023 en Coahuila y el Estado de México, que lo condiciona. Pero dicho desenlace puede tener alternativas.
Las primeras, en el supuesto de la continuidad del partido gobernante pueden ser: reelección, prórroga, “Maximato” o un(a) presidente(a) que asuma plenamente sus atribuciones constitucionales; esto puede ocurrir sea por decisión propia, por sus circunstancias (minoría legislativa, por ejemplo) o a causa de la naturaleza humana de quien desea prorrogar su poder personal.
Las otras alternativas derivan del triunfo de la oposición, sea con candidato unipartidista, lo que en este momento parece imposible, o con un candidato de unidad opositora, lo que en este momento también aparece como la única posibilidad de triunfo opositor. En ambos casos, la viabilidad gubernamental estaría en función de si logran una mayoría legislativa confortable. En el caso de una coalición de gobierno, su viabilidad estaría también en función del programa de gobierno a ofertar al electorado y de su efectiva ejecución.
Ciudad de México, 19 de octubre de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EEUU). Autor de libros de derecho público, privado y social.
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