13 de Mayo de 2020
AMLO prometió la creación de dos millones de empleos, en nueve meses, durante el último informe que presentó —solo y su alma— en el patio de Palacio Nacional, el pasado mes de abril. Ya estábamos en emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, pero se le hizo fácil hacer promesas imposibles de cumplir.
La realidad ya lo pone en su sitio. El IMSS reportó que, sólo en el mes de abril, se perdieron 543 mil empleos formales a causa del COVID-19. El peor descenso mensual desde julio de 1997. Me adelanto. No se le reprochan al Presidente los puestos de trabajo perdidos (la situación en todo el mundo es parecida por la pandemia), sino la demagogia populista que utiliza para hipnotizar a la masas.
* No es necesario un sesudo análisis para vislumbrar que se vienen tiempos difíciles en materia de empleo, derivados de la contracción del crecimiento que se proyecta en México (6.6%, según el FMI).
¿Para qué entonces crear falsas expectativas en la población de que habrá dos millones de empleos adicionales en nueve meses? Es pregunta. No se irriten.
La importancia del empleo en las economías del mundo la establece con claridad la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Agenda para el Desarrollo:
“Para todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, la base para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y creciente es contar con una oferta suficiente de empleos.
“Cuando la escasez de empleos o medios de vida disponibles mantienen a los hogares en la pobreza, hay menos crecimiento, menos seguridad y menos desarrollo humano y económico”. ¿Quedó claro?
* Le doy vueltas y vueltas a la decisión de poner en marcha, precisamente ahora, el quinto transitorio del decreto por el cual se crea la Guardia Nacional.
Desde ayer hasta marzo de 2024 las Fuerzas Armadas permanentes regresan a las tareas de seguridad pública.
¿Por qué abrir la polémica ahora? ¿Es un distractor? ¿Tendrá que ver con la visualización de un escenario de revuelta social por el hambre que provoca ya el COVID-19?
* Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado, reprocha a la oposición cuestionar el quinto transitorio del citado decreto.
Esa norma establece una temporalidad de cinco años a las Fuerzas Armadas para desarrollar tareas de seguridad pública “de manera extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria”.
A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Alfonso Durazo, tampoco le gustó la polémica generada alrededor del regreso del Ejército a labores de seguridad pública.
“Este objetivo (brindar seguridad pública) no sería posible si no contáramos con el extraordinario apoyo de las Fuerzas Armadas”, puntualizó la secretaria en un pronunciamiento.
* En la trinchera de enfrente afirman que el decreto publicado el 11 de mayo en el Diario Oficial no respeta las condicionantes establecidas en el transitorio.
“Le dimos la confianza al Presidente, aprobamos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que estableció, en su régimen transitorio, que por hasta cinco años el Ejecutivo podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.
“Pero de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, afirmaron senadores del PAN, en conferencia de prensa virtual.
Según el azul, nada de ello se respeta en el decreto del 11 de mayo de 2020, por el cual el Ejecutivo pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Explica por qué:
1.- No plantea los elementos de excepcionalidad bajo los cuales la Fuerza Armada permanente podrá entrar a tareas de seguridad pública.
2.- No se trata de una regulación a nivel de ley, es decir, emitida por el Legislativo, sino de una norma reglamentaria. Por lo tanto, el decreto es inconstitucional, ya que se arroga una atribución que corresponde a otro Poder del Estado.
3.- No garantiza que las tareas que en materia de seguridad pública realice la Fuerza Armada estén bajo un mando civil, sino todo lo contrario.
* Diputados del PRI, en un comunicado, reconocen que ese supuesto estaba considerado en el esquema transitorio de la reforma.
Pero dicen que es preocupante que se aproveche la emergencia de salud para emitir un acuerdo sin justificar la situación extraordinaria ni establecer los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación del Ejército.
“La reforma no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin los controles que establece la propia Constitución”, puntualizan.
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