Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
En la primera plana de un periódico de circulación nacional aparece la foto de Enrique Cabrero Mendoza quien, junto con otros académicos e investigadores que durante un periodo -llamado neoliberal, por algunos- trabajaron en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en funciones directivas; pero que ahora son acusados de delincuencia organizada por delitos, tan graves, que la Fiscalía General de la República solicita más de ochenta años de prisión para cada uno de ellos.
En el año 1981, como cada año sucedía entonces durante los gobiernos neoliberales, un grupo de profesores e investigadores mexicanos fuimos becados por el CONACYT para hacer estudios de posgrado en universidades francesas. Era un programa patrocinado por los gobiernos de ambos países. Por lo que cuando aterrizó el avión, con los becarios mexicanos a bordo, en el aeropuerto de Orly, un par de funcionarios del gobierno francés nos estaba esperando; nos llevaron a comer, nos instalaron en residencias universitarias, aseguraron nuestro traslado a estancias propedéuticas para introducirnos al nuevo ámbito académico e institucional y, además, nos orientaron y apoyaron para lograr nuestro ingreso como alumnos en universidades, institutos y centros de educación superior.
En ese grupo iban Enrique Cabrero Mendoza y su esposa. Mi esposa y mis hijos llegaron después, una vez que fui aceptado como alumno en la Universidad de París IX, Dauphine, y pude alquilar el departamento donde habitamos hasta que llegó la crisis económica mexicana del año siguiente, 1982; pues entonces tuvimos que cambiarnos a otro de menor pago de renta.
Cuando regresamos a México, Enrique inició o continuó su carrera académica en el Centro de Investigación y Docencia Económica, donde hasta la fecha permanece como investigador después de haber sido director del CIDE y también del CONACYT. Por mi parte, brevemente continué mi labor docente en el Colegio de Bachilleres -a cuya dirección de Servicios Académicos renuncié para realizar mis estudios de doctorado-, para iniciar como profesor horas-clase en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, hoy Facultad de Estudios Superiores, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también para ingresar al Instituto Nacional de Administración Pública. En ambas instituciones, pero también en otras, continúo mis actividades académicas cotidianas. El caso es que cada uno siguió su propio camino y no volvimos a encontrarnos. Lo que no impide que reconozca y aplauda su valía profesional como académico, así como la experiencia adquirida por Enrique en las funciones directivas que le fueron confiadas.
Diversos periódicos nacionales han dado cuenta de los intentos infructuosos, hasta ahora, de la Fiscalía General de la República, para lograr la detención de tan peligrosos supuestos delincuentes. Los jueces de control a quienes les han solicitado las órdenes de aprehensión han considerado, hasta el momento, que no se cubren las hipótesis normativas para someterlos a proceso. Pero la Fiscalía General insiste en alcanzar su propósito y ponerlos tras las rejas. Más aún, en una mañanera reciente el propio presidente de la república ha dado a conocer los graves delitos en los que dichos presuntos delincuentes incurrieron.
La complejidad de los asuntos penales y de las responsabilidades administrativas en funciones de gobierno, hace muy difícil llegar a conclusiones definitivas, a partir de la lectura de los periódicos, sobre la inocencia o culpabilidad de las personas imputadas por la comisión de este tipo de delitos o faltas administrativas. Pero, igualmente, tampoco es posible sacar conclusiones definitivas sobre el ejercicio responsable, profesional y sin tintes políticos del ejercicio, o de la falta de ejercicio, de la acción penal por parte de las fiscalías. Los particulares tenemos derecho a la presunción de inocencia, y de las autoridades se supone, en principio, la constitucionalidad y legalidad de sus actos. Aunque, desde luego, unos y otros pueden fallar.
Pero, por lo pronto, imagine cuánto le puede costar a usted -por lo menos en lo que a preocupaciones se refiere, no se diga por el pago de abogados- si un buen día, como dice la prensa que ha sucedido en el caso, llegan a su casa los agentes de una fiscalía a decirle que lo están investigando por tales o cuales delitos. Sin que haya orden de aprehensión o citatorio alguno, nada más para que esté usted informado y eche sus barbas a remojar.
De lo que sí no se puede tener duda es de lo siguiente. La importancia creciente de la delincuencia organizada ha dado lugar, en todo el mundo, a reformas de las normas penales, constitucionales y legales, para asegurar la viabilidad del combate a dicho tipo de delincuencia, que cuenta con enormes recursos financieros y poder de fuego. La doctrina especializada en la materia ha llamado a este tipo de normas “el derecho penal del enemigo”. Puesto que rompe una serie de principios fundamentales como la presunción de inocencia, además de ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Ciertamente, en virtud del principio de presunción de inocencia, se supone que las personas deben comparecer al proceso penal en libertad. Pero es difícil suponer que en tales circunstancias y contexto de apoyo alguien desee comparecer a juicio en lugar de darse a la fuga para continuar sus actividades habituales ilícitas.
Lo grave es que el gobierno, cualquier gobierno, utilice estas normas del llamado derecho penal del enemigo para perseguir a personas que, a todas luces, no pertenecen al tipo de personas que se dedican a las actividades propias de la delincuencia organizada; en contra de las cuales, además, hay una legislación especializada. Pero si lo equiparan a usted y a sus compañeros de trabajo, dedicados todos a la vida académica, con miembros de una banda de la delincuencia organizada pues, por lo menos, resulta bastante extraño.
Porque, además, queda la duda si los supuestos delitos graves que se le imputan a Enrique Cabrero y coacusados en lugar de delitos, en rigor, son faltas administrativas, leves o graves, pero que no ameritan una persecución como la que ahora se lleva a cabo en contra de ellos. Surge, desde luego, otro problema -sean faltas administrativas o delitos-, puesto que si usted ya no es servidor público y ya no tiene acceso a los expedientes administrativos para encontrar y mostrar los documentos que prueben su inocencia o que le permitan corregir los errores administrativos en que hubiera podido incurrir, pues que Dios lo ayude.
Lo cierto es que esta persecución penal tiene que ser analizada en el contexto de la autodenominada Cuarta Transformación de la República. Como todos sabemos, en rigor, se trata de una tercera alternancia partidista en la titularidad del ejecutivo federal y de una nueva mayoría legislativa en ambas cámaras federales, gracias a un aplastante triunfo electoral en 2018, aunque un poco disminuido en las elecciones federales legislativas intermedias de 2021. Pero cuyos beneficiarios saben bien que muchas de sus críticas, cuando eran oposición, pudieron adquirir mayor repercusión y credibilidad gracias a los simpatizantes y aliados gratuitos o espontáneos -es decir, no necesariamente militantes partidistas-, que encontraron en el ámbito académico. Puesto que esos análisis críticos, académicos, en los diferentes asuntos de gobierno, les permitieron a los entonces opositores ganar la confianza y credibilidad de los electores.
De tal suerte que, ahora que son gobierno, saben muy bien que los análisis críticos que los académicos mexicanos puedan realizar sobre las diferentes materias que son ahora responsabilidad del gobierno de la autodenominada 4T, más tarde o más temprano van a impactar en su propia credibilidad, legitimación y resultados electorales. Por lo que no resulta remoto suponer que esta persecución penal, simbólicamente, esté dirigida más bien a toda la comunidad académica nacional. A cuyos integrantes, los refranes populares ayudarán a entender el mensaje: “Te dijo Juan para que me entiendas Pedro”, “calladitos se ven más bonitos”, etc.
La experiencia de quienes por muchos años militaron en la oposición y recibieron el asedio, amenazas o persecuciones de los diferentes gobiernos en turno, les permite un conocimiento certero sobre las acciones a emprender para neutralizar a opositores deliberados o espontáneos o supuestos; pues en alguna medida de ello dependerá su permanencia en el poder por vía electoral, y hay que cuidar que el electorado no adquiera demasiadas luces sobre las fallas en el gobierno de la 4T.
De tal suerte que, para evitar caer en especulaciones o acusaciones infundadas sobre las intenciones del gobierno de la 4T, lo mejor es que las autoridades persecutoras proporcionen información exhaustiva, con la mayor transparencia y rendición de cuentas, sobre las causas penales en contra de esos destacados académicos -a quienes, por cierto, salvo a Enrique, no tengo el gusto de conocer-. Transparencia y rendición de cuentas es obligación de las autoridades en cualquier sociedad democrática donde se respeta el estado de derecho.
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2021.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Autor de libros de derecho público, privado y social.
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