Rosy RAMALES
Aún con sus bemoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) goza de prestigio por encima de los Institutos Estatales Electorales denominados genéricamente Organismos Públicos Electorales (OPL); con sus excepciones, la confianza ciudadana en éstos es muy endeble.
Los OPL fueron creados en la reforma electoral del 2014 como una figura para hacer homogénea la estructura de los órganos electorales encargados de organizar las elecciones en las entidades federativas, y regirlos por las mismas normas con salvedad de particularidades propias de cada estado.
Hasta ahí todo ha funcionado bien.
Pero el otro objetivo fundamental de la creación de los OPL no se ha cumplido a cabalidad: Evitar la injerencia y la manipulación de los poderes constituidos y fácticos locales, lo cual transgrede los principios de la función electoral: Independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad.
Y a pesar de la supervisión del INE, en algunos casos los OPL se han pitorreado de la autoridad nacional. El más claro ejemplo ha sido Chiapas, donde consejeros electorales alteraron la elección de los chiapanecos en el extranjero y soslayaron hacer cumplir la paridad de género en el registro de candidaturas.
El caso Chiapas fue tan grave que el Consejo General del INE se vio obligado a remover a la totalidad de consejeros y consejeras del OPL. En otros estados, removió a algunas personas que ejercían consejerías por diversas causas.
Quiere decir entonces que el cambio del modelo electoral no ha funcionado del todo en cuanto a los OPL, a pesar de que las y los consejeros son designados por la autoridad nacional, y ya no por el Congreso Local. Así se pretendía evitar la injerencia de todo poder, pero resultó lo mismo o tantito peor.
En parte el problema está en la ley, la cual permite la injerencia de los partidos políticos desde el momento mismo en que en la última etapa del procedimiento de designación de las y los consejeros de los OPL se les permite opinar vía sus representantes ante el Consejo General del INE.
Así los grupos políticos de las entidades terminan poniendo a las y los consejeros de los OPL; incluso, en forma tripartita: 2 para el gobernador, 2 y 2 para las siguientes fuerzas, y el consejero presidente para el partido gobernante.
En una próxima reforma electoral sería conveniente eliminar la opinión de los partidos en la integración de los OPL, que las y los consejeros sean seleccionados por insaculación de entre la lista de las personas que cumplan los requisitos legales y hayan aprobado los exámenes de conocimientos generales, técnicos y psicométricos.
Luego resulta que seleccionan a quienes obtuvieron las más bajas calificaciones, pero tienen padrino político. De ahí el pago de favores a la hora de ejercer el cargo en detrimento de los principios rectores de la actividad electoral.
En fin, retomando el tema: La confianza en el INE (aunque todavía no le llega a los talones al IFE) ha hecho posible mantener la paz en el país, y ha contribuido a la transición pacífica de poderes en algunas entidades federativas; incluso, ha contribuido a la estabilidad interna de partidos políticos.
Dos claros ejemplos de ello son Colima y el PRD.
En octubre del 2015 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó anular la elección de gobernador en Colima y ordenó al INE organizar el proceso electoral extraordinario en ejercicio de su facultad de asunción.
En tanto el PRD solicitó al INE organizar sus elecciones internas de dirigencia nacional y consejeros, las cuales siempre terminaban en un cochinero y ninguna tribureconocía los resultados. Cuando la autoridad electoral las organizó, hubo certeza y los perredistas acataron la voluntad emanada de las urnas.
Ahora el INE va a otra elección extraordinaria de gubernatura
Apenas este miércoles su Consejo General aprobó, por unanimidad, asumir totalmente la organización y realización del proceso electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para la elección del gobernador o gobernadora; cargo donde ocurrió la ausencia absoluta tras la muerte de Martha Erika Alonso.
Y también para integrar a los miembros de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma.
Se entiende por asunción, establece la Ley, “la atribución del Instituto de asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden a los Organismos Públicos Locales…”
Y precisa:
“La asunción de la competencia de una elección local solamente será procedente cuando se acredite fehacientemente en el procedimiento respectivo que se actualiza alguno de los siguientes supuestos:
a) Que existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo en la entidad federativa que a decir del peticionario afectan los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda electoral e impiden por lo tanto, que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección por el Organismo Público Local competente, y
b) Que no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromisión comprobable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa que afecten indebidamente la organización del proceso electoral por el Organismo Público Local, al no poderse realizar todas las etapas del proceso electoral por este organismo, con imparcialidad.”
Y bueno, en la sesión ex profeso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que la propuesta de asunción tiene origen en tres aspectos: “La situación de excepción generada por el lamentable fallecimiento de la gobernadora () de Puebla; el clima de tensión política que se vive en dicha entidad y que se mantuvo después de la jornada electoral; y el exhorto que por unanimidad plantearon las fuerzas políticas representadas en el Congreso de esa entidad, para que sea el INE la autoridad que lleve a cabo el Proceso Electoral Extraordinario”.
Como bien dice Córdova Vianello, la confianza que han externado tanto la sociedad como los actores políticos en esa entidad, para que el Instituto asuma las elecciones extraordinarias “se debe interpretar como un reconocimiento a la contribución del INE a la transparencia y legalidad de la vida democrática y a la estabilidad política del país”.
Cierto, aunque es necesario perfeccionar el INE empezando con la selección de las y los consejeros del Consejo General; que no los bese el diablo al designarlos la Cámara de Diputados Federal, sino que sean seleccionados por insaculación de una lista de los más aptos.
De hecho, el procedimiento ya lo prevé la ley, solo que como última opción; debe dejarse como única.
Retomando el planteamiento central: En ese contexto, valdría la pena que el Congreso de la Unión valore la pertinencia de otorgar al INE la total facultad de organizar también las elecciones locales y que desaparezcan los OPL, los cuales representan un excesivo gasto para las entidades federativas.
Un gasto inútil además, porque en algunos casos hasta se convierten en agencia de colocaciones de amigos y parientes de los políticos locales. Además, desde la reforma del 2014 los OPL, con sus honrosas excepciones, han demostrado seguir gozando de desprestigio y desconfianza.
Ah, hay facultades de los Estados que bien pueden ejercer otros entes ante la incapacidad local.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
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