Rosy RAMALES
El combate a la corrupción fue bandera de campaña y ahora es objetivo del gobierno federal de la llamada “Cuarta Transformación”, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo habrá de cumplir con un sistema cojo y tuerto?
Nos referimos al Sistema Nacional Anticorrupción, cuya Ley General ordena la coordinación entre la Federación, entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, para investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Herencia del gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Y que no está mal, pero el Sistema está plagado de obstáculos que ponen en riesgo su operatividad. Por ejemplo:
Contralorías:
Se pide a los entes públicos contar con su órgano de control interno; o sea, con una contraloría. Bien. Sin embargo, en un sin número de municipios se presentan problemas para instrumentarla por falta de personal capacitado; incluso, razones políticas llevan a la autoridad municipal a la designación por cuotas o amiguismo.
Y ojo, porque tras las elecciones concurrentes de 2018 son más ayuntamientos emanados de la coalición “Juntos Haremos Historia” y que ahora comprenden la Cuarta “T”. Y ahí se corre el riesgo de dejar en mal a AMLO en el combate a la corrupción.
Imagínense ahora que los gobiernos municipales tendrán el manejo directo de recursos para la construcción de obras determinadas como, por ejemplo, sus caminos…¡con tanto asedio de legisladores con constructoras, ayuntamientos sin contralor interno avezado y munícipes fáciles de manipular!
Claro, quienes terminarán en la cárcel son los presidentes municipales. El combate a la corrupción no termina con una sanción administrativa, sino se da vista a las Fiscalías cuando de la falta derivan delitos.
Hay entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde por las mismas condiciones de marginación, condiciones geográficas y étnicas, en buena parte de sus municipios adolecen de personal calificado para llevar una contraloría.
¿Alguien está poniendo atención en ello?
Declaraciones Patrimoniales, plataformas digitales y municipios:
Las plataformas digitales (ordenadas por la misma Ley General) meten en un brete al gobierno en sus diferentes niveles. Por supuesto, es bueno transparentar de ese modo la declaración patrimonial de los servidores públicos, pero en éstos equivaldrían a más de dos millones.
Tal cantidad en una misma plataforma. ¿Se puede al mismo tiempo? ¿Y es revisable a la par? Algo anda por ahí son concordar. Resulta que por servidores públicos se entiende también hasta a las personas que realizan tareas de limpieza.
Y aquí se engarza un problema en el otro: El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debe emitir el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como las normas e instrucciones para su llenado y presentación.
Para declaraciones incluso de todos los funcionarios municipales, los cuales estarán obligados a presentar su declaración ante el órgano de control interno del ayuntamiento.
En Oaxaca, por ejemplo, a partir de 2019 quedan obligados de ese modo.
Y para tal efecto, en abril deberán estar publicados los formatos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y en aquellos municipios de acualquier entidad donde no tengan computadoras, ni internet, ni nada, ¿cómo van a operar esto de las declaraciones patrimoniales en plataformas digitales?
Los comités y comisiones:
Resulta que tanto a nivel federal como local ni el Comité de Combate del Sistema de Combate a la Corrupción, ni la Comisión de Selección de sus integrantes, cuentan con un marco legal que les permite tener una estructura administrativa.
¿Cómo operan? En el primer caso a los comisionados muchas veces se les da el gasto mediante formas distintas como, por ejemplo: Prestación de servicios profesionales y de ahí pagan todo.
¿No será más transparente que operen con estructuras similares a cualquier otro órgano autónomo (CNDH, INE, INAI)?
Y en el segundo caso, hay entidades donde las Comisiones de Selección funcionan casi casi como entes abstractos porque no cuentan ni para publicar las convocatorias para elegir a los integrantes del Comité y se ven obligados a hinacarse ante los legisladores y partidos.
Vaya, el mismo sistema anti-corrupción provocando la corrupción.
Y no solo en ese tema, sino en el mismo esquema de la elección de los integrantes de las Comisiones de Selección, que terminan integradas con personas impulsadas por partidos o gobiernos vía sus legisladores, con sus honrosas expceciones.
Son infinidad los problemas y obstáculos en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se integra por: El Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana; el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y los Sistemas Locales.
Y el Sistema Nacional de Fiscalización se compone de: La Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública; las entidades de fiscalización superiores locales, y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.
Y los Sistemas Locales se integran de manera homologa al Nacional. Además están vinculadas las Fiscalías y Tribunales de lo Contencioso. Habría que revisar cómo vienen funcionado todos los entes del Sistema Nacional.
CASO OAXACA:
Los funcionarios municipales de los 570 ayuntamientos de Oaxaca sin excepción deberán presentar su declaración patrimonial, casi a la de ya y conforme la plataforma digitalizada. La mayoría se encuentran en zonas marginadas y son de sistemas normativos indígenas.
¿Todos cuentan don teconogias de la información? ¿Todos tienen contraloría interna u órgano competente?
¡Con razón anda preocupado el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro! Recuerden que forma parte del Sistema Nacional de Fiscalización del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por cierto, de las 26 Auditorías que hizo la ASF a Oaxaca en 2017, ya están concluídas, y en la mayoría salió bien según los datos publicados por la misma instancia fiscalizadora federal. Otro por cierto, tres de ellas fueron practicadas a dependencias federales.
Y el pasado día miércoles 20 de febrero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó 13 auditorías, determinando un monto observado de 1,077 millones de pesos.
Por tanto, Díaz Navarro ya giró instrucciones a las ejecutoras responsables del gasto para integrar la documentación con la que se solventen y desvirtúen los presuntos daños a la hacienda federal.
Veremos en qué pasa con las declaraciones y las auditorías. Por lo pronto, Oaxaca ahí la lleva.
Un ejemplo municipal: No todo es corrupción. Hay ejemplos de lo contrario. Un caso es el ayuntamiento de Mitla, donde la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) conmutó a la autoridad municipal una multa de alrededor de 2 millones de pesos por la construcción de una planta de relleno sanitario.
Bien por eso. Más que multas, los municipios necesitan incentivos para contribuir a la protección del medio ambiente. Buena política la del Gobierno de Oaxaca de Alejandro Murat a través del Secretario José Luis Calvo Ziga.
Apenas la semana pasada acuedieron a Mitla, que además es Pueblo Mágico, para ver la ampliación del relleno sanitario que permitirá alojar basura por almenos 20 años. Además, la separación de desechos le permite una pequeña entradita de dinero al ayuntamiento, encabezado por Abelardo Ruiz Acevedo.
Y bueno, Mitla ya hasta tenecito panoramico tiene y la autoridad municipal, de manera conjunta con los gobiernos estatal y federal, trabajan en el mejoramiento de la imagen urbana, carretera y vivienda.
AMLO EN OAXACA
Hablando de Oaxaca, 21 de marzo próximo el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé visitarla para estar concretamente en el municipio de Guelatao en el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García.
Y además inaugurará algunas obras.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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