Rosy RAMALES
En breve el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designará consejerías en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de siete entidades federativas, pues mientras los legisladores no cambien el modelo electoral, la autoridad en la materia debe cumplir con el procedimiento de selección.
(Y al parecer, no habrá cambio en lo inmediato).
Designará consejeras y consejeros presidentes de los OPLES de Michoacán, Nayarit, Puebla y Tamaulipas; consejera o consejero de Oaxaca y consejera de Sonora y Veracruz.
Y ojalá fuese como deshojar una margarita para hacer la designación, sino ésta se realiza tras un proceso de selección largo, tortuoso, desgastante y hasta humillante, porque al final las y los consejeros del Consejo General del INE deciden de manera subjetiva, bajo el “consejo” de los partidos políticos, a qué aspirantes deben designarse en las consejerías.
Según el espíritu de la ley, el procedimiento debe dar como resultado nombrar a personas con un perfil garante de los principios rectores de la actividad electoral: Imparcialidad, independencia, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad.
Sin embargo, desde el 2014 en que por primera vez se integraron OPLES hasta la fecha, las y los consejeros del INE han fallado, porque sus criterios finales han dado como producto consejeros y consejeras electorales locales parciales, dependientes, oscuros, sin el mínimo pudor en violentar la ley, y cuyas resoluciones generan dudas y conflictos.
Claro, con sus excepciones. Porque también hay consejeros y consejeras electorales de Organismos Públicos Locales con vocación en la materia, prudentes, profesionales y con un alto sentido del cumplimiento de los principios rectores de la actividad electoral, pero son contados.
Como las y los consejeros del Consejo General del INE desconocen la realidad política y social de las entidades federativas, se han inclinado por designar a personas que vienen desempeñando algún cargo en las estructuras de los OPLES y del mismo Instituto Nacional porque se supone que ya son personas con experiencia en la materia.
Ciertamente, pero también ya tienen mañas y compromisos con el mismo consejero presidente del OPLE de que se trate, con el Secretario Ejecutivo, con algún consejero o consejera del Organismo, con funcionarios electorales locales o con representantes de los partidos políticos.
Reza la vox populi, pueblo chico infierno grande; y en una entidad federativa, sobre todo en sus capitales, todo se sabe. Suele ser secreto a voces qué autoridad electoral, qué consejeros o qué partidos políticos impulsan a “X” o “Y” aspirantes.
Así que entre los OPLES, el INE y los partidos políticos se reparten las consejerías, siendo “garbanzos de a libra” aquellas personas designadas como consejeros y consejeras electorales de los Organismos Públicos Locales sin filias, ni padrinazgos, ni compromisos con cualquier personaje del ámbito electoral o político.
Cuando la designación recae en una persona que viene desempeñando algún cargo en los OPLES, obedecerá ciegamente la línea de su superior jerárquico, a menos de que no le deba ni dicho cargo ni el impulso a la consejería. Y cuando recae en personas de la estructura del INE, ésta autoridad las trata como lacayos.
Vaya, ¡cómo negarse a cumplir las órdenes, la línea, de quién le deben el trabajo anterior y luego la consejería! A eso agréguenle, cuando se trata del INE, el miedo a las consejeras y consejeros del Consejo General de éste, porque tienen la facultad de remover a los y las consejeros de los OPLES, a quienes, además, someten mediante infinidad de lineamientos.
El INE se ha excedido en su facultad reglamentaria y en sus atribuciones especiales respecto de los OPLES. Está bien dotarlos de reglas vía lineamientos haciendo homogénea la actuación, pero no al grado de tratarlos como “menores de edad” o como servidumbre.
Algo similar ocurre con las consejeras y los consejeros impulsados por partidos políticos.
En fin, todo lo anterior viene a colación por la designación en puerta de consejerías en las siete entidades federativas citadas párrafos arriba, y para concluir que las y los consejeros del Consejo General del INE han contribuido al desprestigio de los OPLES y a su propio desprestigio.
En parte por eso Lorenzo Córdova Vianello y camarilla han estado en la cuerda floja. Fue mucho, pero mucho mejor el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral presidido por José Woldenberg, cuya conducción fue impecable y reconocida.
CASO OAXACA
A estas alturas seguramente ya todo mundo sabe quiénes son las y los finalistas en el proceso de selección de las personas a consejerías del Consejo General de OPLES, que no son otra cosa que los Institutos Estatales Electorales.
Los nombres aparecen en la web del INE en dos listas por género.
En el caso del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), las y los finalistas son:
Mujeres: Edith Aranzasú Abad Bazán, Gabriela Barragán Gómez y Gabriela Gómez Esteban.
Hombres: Adrián Donato Pérez Carrillo, Alejandro Carrasco Sampedro, Jorge Alberto Díaz Larrazábal, Leonardo Ramírez Mejía y Romel Ulises Tobías Martínez.
Alejandro, Jorge, Leonardo y Gabriela Gómez son del IEEPCO.
Adrián y otra u otro de los aspirantes vienen del INE.
El resto es de origen distinto, quien sabe si exactamente puros.
¿Cómo el Consejo General del INE elegirá un consejero o consejera electoral para el OPLE de Oaxaca qué garantice el cumplimiento de los principios rectores de la actividad electoral?
Quizá a todas y todos los finalistas deban conceder el beneficio de la duda.
Sin embargo, el designado o la designada actuará en el Consejo General de un OPLE gris, cuestionado sobre todo por municipios indígenas, acusado de comercializar las asambleas comunitarias, señalado por no aplicar la conciliación legal.
Entonces, es necesario un consejero o una consejera electoral sin compromisos, más que con los principios rectores: Independencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza y máxima publicidad.
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Correo: rosyrama@hotamail.com
Rosy RAMALES
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