Rosy RAMALES
No se ofendan, la palabra “pelele” no es una grosería, ni una falta de respeto; es simplemente una definición respecto de una forma, una situación o una actitud.
Entre algunos otros significados, el vocablo “pelele” se usa en algunos países para referirse a un “muñeco de figura humana hecho de paja o de trozos de tela, especialmente el que se saca a la calle en carnaval para quemarlo o mantearlo”.
En otro significado, “pelele” alude a “persona débil o de poco carácter, que se deja manejar por los demás muy fácilmente.”
Y justamente la última definición encaja con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) frente al Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en relación a la difícil situación existente en la mayoría de las entidades federativas, agravada por pandemia de Covid-19.
La Conago ha dejado de lado su papel de contra-peso, de equilibrio, ante la federación en beneficio de las entidades; se ha convertido más en un organismo que termina aceptando las decisiones del mandatario nacional.
Y no se trata se que se convierta en una asociación de gobernadores contestatarios, sino en una agrupación defensora de los derechos de los habitantes de su respectiva entidad federativa, así como para procurar la satisfacción de las necesidades de los gobernados.
Quienes más han exigido hasta el momento, cuando menos públicamente, son los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN). De ahí, Enrique Alfaro Ramírez, quien llegó al gobierno de Guadalajara vía Movimiento Ciudadano; y en ocasiones Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón el “independiente” por Nuevo León.
Pero todos los gobernadores, de las distintas filiaciones políticas y sin filiación, mantienen posturas frente al Gobierno Federal según sus conveniencias político electorales, considerando la proximidad del proceso electivo 2020-2021, concurrente con elecciones locales en las 32 entidades.
Y con el mismo tiente se maneja el Gobierno Federal.
Todos buscan el control.
No obstante, tienen razón los mandatarios emanados del PAN, quienes de nueva cuenta urgieron al presidente López Obrador sentarse a dialogar y a coordinar una estrategia nacional para enfrentar la crisis de la pandemia Covid-19 y todas sus implicaciones, empezando por la salud y la pérdida de empleos.
Mientras, el presidente afirma que su gobierno “trabaja para mantener el equilibrio entre el cuidado de la salud de la población en México y la recuperación de la economía”.
En un mensaje en sus redes sociales resaltó que en el país se está reduciendo la intensidad de la transmisión de la epidemia de COVID-19 y explicó que debido a que no es uniforme en todo el país, solo 9 de 32 estados de la República presentan incremento en contagios mientras que en 23 entidades federativas van en descenso.
No se duda del esfuerzo realizado por el presidente Andrés Manuel, sino de la eficacia de los resultados de las políticas públicas, de la estrategia, pues México registra un índice de letalidad del 11.68%, cuando en el mundo el promedio se sitúa en el orden del 4.5%.
¿Qué pasa pues?
Y los gobernadores, sobre todo los del PAN, están molestos porque el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, responsabiliza a las entidades federativas de entregar información desfasada, lo cual impide la actualización correcta del semáforo del Covid-19.
Quizá como asegura el presidente AMLO, no es no en todas las entidades federativas la epidemia va en ascenso, pero donde sí se corre el riesgo de salirse de control; incluso, poniendo en peligro aquellas donde se registra más control en el virus, porque el manejo del semáforo ha propiciado más movimiento de personas de una entidad a otra.
Hay gobernadores que han seguido al pie de la letra las indicaciones del Gobierno Federal en torno al manejo de la pandemia, empezando por la aplicación de las pruebas Covid-19. Y máxime cuando no hace mucho el propio mandatario nacional advirtió que allá ellos si no seguían las indicaciones.
CASO OAXACA
Oaxaca es una de las entidades federativas que pasó a semáforo naranja sin disminución de casos Covid-19; por el contrario, ha ido en aumento sobre todo en la capital oaxaqueña y en importantes cabeceras municipales como San Juan Bautista Tuxtepec y Juchitán de Zaragoza.
Apenas ayer, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al informar que Oaxaca se mantendrá en color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico (conforme a lo anunciado por las autoridades federales), reconoció que en esas regiones, Cuenca del Papaloapan e Istmo, es donde se registra “un mayor incremento de contagios por COVID-19”.
Por tanto, el Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza, pasará de 25 a 42 camas.
¿Basta el número de camas? ¿O es necesaria una estrategia de contención?
Fíjense, el diputado federal Carol Antonio Altamirano (Morena), en una misiva dirigida al Secretario de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, con atención al secretario estatal, Donato Casas Escamilla, explica la crítica situación de la pandemia en Juchitán; dice:
“Solo para ilustrar la gravedad me permito destacar que el día de ayer se detectaron 162 casos de COVID-19 entre el personal que labora en el Hospital General “Dr. Macedonio Benítez Fuentes”, de la ciudad de Juchitán. Además, en el periodo del 26 de junio al 10 de julio de este año, en la misma ciudad fallecieron 71 personas (no diagnosticadas), muchos de ellas con sospecha de estar infectados por este virus.”
“La crisis sanitaria puede salirse de control porque las capacidades de los municipios y los servicios de salud locales están siendo rebasados”, refiere el legislador en su misiva, en la cual pide a los funcionarios de Salud “se actúe de manera inmediata, con responsabilidad y unidad”,
Así de delicada está la situación en Juchitán, pero también en otras zonas de Oaxaca como Tuxtepec.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
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