Rosy RAMALES
Ha sido evidente el papel de servidumbre que ha jugado el Congreso de la Unión a favor del Presidente de la República; su rol se ha reducido a mero apéndice de la administración pública federal. Un Poder Legislativo ciegamente obediente del Ejecutivo.
Con la resistencia, claro está, de la oposición; a veces de manera férrea y en ocasiones muy endeble, sobre todo cuando el Ejecutivo tiene elementos para amenazar con dejar caer todo el peso del Derecho Penal o cuando aplica ofertas al mejor postor.
El más reciente caso donde los diputados federales de oposición a Morena y aliados en serio hicieron una defensa de la Carta Magna y de su dignidad como parte de un Poder, ha sido su resistencia a la aprobación de la iniciativa de adiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para la reasignación presupuestal de manera directa y discrecional por parte del Ejecutivo.
Hasta el momento. Porque Morena y aliados están dando tiempo al tiempo para “convencerlos” de algún modo y sin más cederle al Ejecutivo la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en lo relativo al presupuesto.
Por eso la “cancelación” del periodo extraordinario de sesiones como medida sanitaria en la semana pico de contagios COVID-19, sonó a invento, a pretexto pues los legisladores de la Cuarta “T” no habían podido conseguir la mayoría calificada para convocar.
Seguramente, líderes morenistas andan tratando de “convencer” a legisladores del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano; con un “judas” que encuentren reúnen la mayoría calificada.
En fin, retomando el tema: Como el Poder Legislativo ha claudicado a su papel de contrapeso en el equilibrio de poderes (superando incluso la mejor época priista), los diques a cualquier abuso de poder lo serán los órganos jurisdiccionales y autónomos.
De entrada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai); y el Banco de México, entre otros.
Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de plano no se cuenta. ¿Pues cómo emitir recomendaciones a las autoridades de la misma afinidad política? ¿Cómo llamar la atención de manera institucional a quien se le debe el cargo?
El contexto viene a colación por el reciente acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para ordenar “al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detener la distribución y entrega de las cartas mediante las cuales se ofrecen créditos a personas con actividad empresarial y que están firmadas por el Titular del Ejecutivo Federal, ya que esto contraviene el artículo 134 Constitucional.”
Un acuerdo con todo y las dos versiones posteriores de la carta en comento, ordenando detener cualquier distribución y difusión de las mismas por cualquier medio de comunicación, incluyendo redes sociales y portales de internet. Una de ellas prescindía de la promoción personalizada pero de todos el INE dictó medidas cautelares ante falta de certeza.
Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del INE de adoptar medidas cautelares por la promoción personalizada del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizada en esas cartitas firmadas por él.
En sus alegatos “el IMSS señaló entre otros argumentos que el INE hizo una indebida valoración de pruebas, que se extralimitó en sus funciones para conocer e imponer las medidas cautelares, al estar restringida su competencia para conocer de la difusión de propaganda en radio y televisión y que hizo un análisis indebido de la suspensión ordenada por el Consejo General del INE, respecto del desarrollo de los procesos electorales locales, así como de las pruebas y de las hipótesis de improcedencia, entre otras.”
Ups. En serio, ¿los políticos son o se hacen? ¡Cómo es posible tanto desconocimiento de la ley? Por supuesto que el INE tiene competencia en la materia y además exclusiva.
Independientemente de ello, tanto el Instituto como el TEPJF son garantes de principios constitucionales en materia electoral. Y la Carta Magna es clarísima en su artículo 134, el cual establece que:
“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos…
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”
¿Hay alguna duda?
Y miren, si el INE y el TEPJF empiezan a hacerse de la vista gorda para avalar decisiones contrarias al orden Constitucional y legal, bajo argumentos abstractos, enredados y falaces, abonarán a la descomposición del Estado de Derecho y de la democracia.
Además, convertirán a las instituciones autónomas en lo que hoy está convertida la CNDH.
Es momento, como incluso lo han planteado en diversos foros, de cerrar filas INE-TEPJF-SCJN; caso contrario, México se sumirá en la regresión.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
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