La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) advirtió que la eventual desaparición de los órganos autónomos provocaría un gran vacío en la construcción democrática de nuestro país, por lo que convocó a redoblar los esfuerzos para garantizar su supervivencia y aun su perfeccionamiento.
Al moderar el Panel 3 de la Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión, previa al Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de la LXIV Legislatura, afirmó que ha faltado pericia para comunicar la necesidad de su existencia y sus logros, porque se da por sentado su imprescindibilidad y, por ello, resulta inimaginable que un gobierno, como el actual, atente en su contra.
Llamó a desmentir los falaces argumentos del Presidente basados en una pretendida austeridad.
“Resulta imprescindible -dijo- la participación de todas y todos aquellos actores, reguladores y regulados, para generar las condiciones en las que podamos defenderlos, en acuerdo con la ciudadanía”.
Destacó que la construcción de los órganos autónomos en la estructura institucional del país durante las últimas décadas es de tal importancia que resulta difícil imaginar el desarrollo democrático sin ellos.
Cada uno de esos órganos -agregó- atiende una problemática específica, garantiza el ejercicio de determinados derechos y establece las reglas para que los actores políticos, económicos y sociales también lo hagan.
“Cada una de las reformas constitucionales que les dan vida ha tenido una motivación y una circunstancia particulares que condujo al Poder Constituyente Permanente a dotarlos de facultades que pudieran no sólo enfrentar a los poderes fácticos a los que se pretende regular, sino que sus resoluciones pudieran abarcar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión, de manera horizontal y vertical, garantizando con ello la implementación de políticas de Estado”, precisó.
Agregó que en cada una de sus áreas, los órganos autónomos tienen el nivel que cualquiera de los Poderes y la autoridad constitucional para que sus determinaciones sean obligatorias para cualquier funcionario público o actor económico.
“Es indiscutible que la autonomía constitucional no es la panacea para la resolución de los problemas en nuestro país y que todos ellos resultan perfectibles en su quehacer cotidiano”, a lo cual convocó.
“Es por ello que debemos redoblar los esfuerzos para garantizar su supervivencia, en primer término, y su perfeccionamiento posteriormente”.
En este panel participaron Dania Paola Ravel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral; Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; y Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización “México Evalúa”.
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