05 de Mayo de 2020
Mario Delgado nos salió más terco que su jefe. A pesar de que se llevó un revés en sus intenciones de convocar a un periodo extraordinario para quedar bien con el hombre de Palacio, volvió a insistir en adicionar, más adelante, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH).
El jefe de la bancada de Morena en San Lázaro quiere, a toda costa, que el Presidente pueda disponer, sin permiso del Congreso, de un porcentaje del presupuesto para enfrentar “emergencias económicas”.
Y con esa “ironía de petatiux” que lo caracteriza, dice que los que nos oponemos a otorgar poderes unipersonales a AMLO en materia de reasignación de presupuesto traemos una “confusión mental permanente”.
Entre los “confundidos” estarían también Porfirio Muñoz Ledo, Germán Martínez, Javier Uriel Aguirre, Armando Guadiana, Lorena Villavicencio, quienes se han pronunciado en contra de la modificación a la Ley de Presupuesto.
* Delgado asegura que “a diferencia de los gobiernos anteriores, el Presidente no va a actuar de manera discrecional”.
¿Ah, sí? ¿Por qué entonces le dicen a AMLO el rey de las adjudicaciones directas?
¿Estará enterado de que, en 2019, el gobierno federal otorgó 139 mil 835 contratos por adjudicación directa?
Esto equivale al 78.16% del total de contratos entregados en su administración, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Mario repite por todos lados que no se lesionan las facultades “exclusivas” que tiene la Cámara de Diputados en materia de presupuesto.
Sobre esas facultades, el artículo 74 de la Constitución no deja espacio a la confusión.
Dice, textual: “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
No sé si él traiga una confusión mental permanente de lo que significa la palabra exclusiva. La RAE dice: “único, sólo, excluyendo a cualquier otro”. Sí, ya sé. Me va a salir con que los artículos 21 y 58 de la LPRH bla, bla, bla…, pero ninguna ley está por encima de la Carta Magna.
* La Función Pública abrió un expediente sobre la adquisición que hizo el IMSS de 20 ventiladores, supuestamente, a sobreprecio. Los vendió la empresa Cyber Robotics, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.
Mexicanos Contra la Corrupción documentó que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó, de manera directa, a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por COVID-19.
Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos.
La secretaría que encabeza Irma Eréndira Sandoval tomó cartas en el asunto luego de que el Presidente instruyera la investigación. “Si (el vendedor) resulta responsable, tiene que ser sancionado, al igual que el funcionario que entregó ese contrato”, dijo.
La SFP tiene, en este caso, la oportunidad de darle sustancia a la repetida aseveración de que son “diferentes”. De lo contrario, quedará exhibida como la versión cuatroteísta de Virgilio Andrade.
Ya que estamos. Mexicanos contra la Corrupción informó ayer, en un comunicado, que el IMSS canceló la compra de ventiladores a un empresario, Baldemar Pérez Ríos, “ligado a fraudes”.
Se trata de un contrato por dos mil 500 ventiladores con la empresa Levanting Global Servicios, que no fueron entregados en la fecha acordada (14 de abril). La operación de compra-venta ascendía a 93 millones de dólares (dos mil 223 millones de pesos).
* Las autoridades de salud del Estado de México enviaron un escrito en el que aseguran que son falsas las acusaciones realizadas por la diputada federal del PRD Mónica Bautista, secretaria de la Mesa Directiva en San Lázaro.
La legisladora dice que médicos y enfermeras del hospital La Perla, en Neza, carecen de equipo de protección personal contra el COVID-19. Agrega que ya solicitaron la destitución del director, la jefa de enfermeras y un líder sindical por ponerlos en riesgo. La nota se acompaña de una gráfica de la distribución de insumos de protección que se hizo al citado hospital entre el 26 de marzo al 1 de mayo: 1,809 batas quirúrgicas, 2,925 caretas, 20 mil 12 cubrebocas, 80 cubrezapatos; 114 goggles; 156 mil guantes, 9,923 mascarillas N-95, 49 bolsas para cadáveres…
La nota trae un recordatorio a la diputada: ese hospital está bajo control del Insabi.
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