Es la primera condena en firme que se tenga memoria en el actual gobierno, aunque el proceso viene desde muy atrás.

Su castigo va en la línea dictada por el Poder Ejecutivo, que en compañía de la mayoría parlamentaria promueve la calificación del robo de combustible como delito grave y por lo tanto sin derecho a fianza.

Los hoy sentenciados fueron condenados a nueve años de prisión y una multa de 967 mil 200 pesos, luego de que el Ministerio Público Federal aportó los elementos de prueba que acreditaron su culpabilidad.

De acuerdo con el expediente, dichas personas fueron detenidas por elementos de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera Tula-Jorobas, municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Simultáneamente les fueron asegurados seis mil 205 litros de turbosina, distribuidos en seis contenedores de plástico, localizados a bordo de una camioneta en el área destinada para la carga.

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