La Comisión de Transparencia y Anticorrupción se reunió con comisionados del Inai y representantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, para iniciar el análisis de las iniciativas que buscan reformar, adicionar y modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En la reunión virtual, diputadas y diputados externaron comentarios sobre la transparencia en los procesos de compras. En ese sentido, el presidente comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, precisó que ante una emergencia, si no pueden cumplir todos los procesos de adjudicación, “las compras no deben ser indebidas ni con conflicto de interés, aunque sí con rapidez e inmediatez”.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Óscar González Yáñez (PT), consideró fundamental la opinión del Inai porque es un instrumento importante para la sociedad y se debe fortalecer.
Destacó que es necesario robustecer un sistema de rendición de cuentas, que genera de manera natural la tendencia a desaparecer la corrupción, pero “en tanto no haya transparencia del gobierno y de todos los gobiernos, se requieren instituciones como el Inai”.
Comentó que la ética y los principios son centrales en el abatimiento de hechos corruptos. Externó su inquietud sobre las acciones que se deben implantar con los servidores públicos que tienen una gran incertidumbre respecto de su futuro laboral, a fin de que no caigan en la corrupción.
Intervención de diputadas
La diputada Ruth Salinas Reyes (Movimiento Ciudadano) preguntó qué función tienen los testigos sociales y si es necesaria su participación en los procesos de contratación y licitación durante la pandemia, y cómo deben ser transparentes las universidades del país, sin vulnerar su autonomía.
Por el PRI, la diputada Ximena Puente de la Mora comentó que durante la pandemia es necesario que se trabaje con transparencia en los procesos de compras derivadas de esta situación. Sugirió que se valore la viabilidad de instrumentar un sitio electrónico específico en esta materia. “Es necesario supervisar todos los procesos, sobre todo en el sector salud”.
La diputada del PAN, Gloria Romero León, aseveró que las universidades puedan desviar recursos como se dio en la llamada “estafa maestra”. Preguntó qué medidas se deben aplicar a fin de evitar estas situaciones.
Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, diputada de Morena, afirmó que todos tienen el derecho a la información, por lo que es necesario que se conozcan las compras con las que se han adquirido materiales médicos en esta emergencia sanitaria.
De la misma fracción parlamentaria, la diputada Beatriz Robles Gutiérrez aseguró que el actual es el gobierno más transparente y recordó que las cifras oficiales indican que de 2002 a 2019, el 80 por ciento de los contratos se habían otorgado a 52 empresas por adjudicación directa.
El Inai no es juez, pero sí un verificador de la información
El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, agradeció la apertura por mantener un diálogo, dado que el Poder Legislativo es el centro de la representación nacional, y en su composición bicameral tiene la oportunidad de valerse del órgano garante nacional de transparencia.
Sobre las compras del gobierno en el marco del COVID-19, expuso que en todo momento deben respetarse y cumplirse -como regla básica- los mecanismos para hacer posible que las adquisiciones de bienes y servicios del sector público sean impecables, pero ante una emergencia, el sector salud puede y podrá realizar adquisiciones directas para actuar de manera rápida, pero “eso no quiere decir que no haya conocimiento público de la información o se oculte”.
El Inai, añadió, no es juez, pero sí un verificador de la información. Pidió claridad y transparencia, incluso para aquellos que cargan la parte más dura de la emergencia, el sector salud. Detalló que el instituto ha propuesto técnicas para que se responda a las principales solicitudes de datos y desde el mes de marzo se estableció esta estrategia con el área de salud.
Mencionó que sí hay forma de seguirle la pista al gasto y se ha hecho en casos específicos, como la compra ventiladores. Consideró conveniente la constitución de un micrositio y dijo que el Inai ya tiene uno con la Secretaría de Salud. “Ojalá que esta comisión pudiera generar un ejercicio con esa técnica con el Sistema Nacional Anticorrupción para favorecer situaciones de mayor claridad”.
Las reformas deben ser conforme al nuevo escenario
En su ponencia sobre “La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Inai, señaló que desde el instituto se ha dado seguimiento a las iniciativas presentadas en materia de acceso a la información, y reconoció el interés por impulsar mejores normatividades hacia el combate a la corrupción.
Llamó a que estas reformas no pasen por alto el escenario que se ha configurado a partir de la emergencia sanitaria, porque se ha “producido un nuevo marco de referencia de preocupación de las y los ciudadanos en los actores políticos, sociales e institucionales del país”.
Ibarra Cadena precisó que el Inai ha emprendido adecuaciones importantes para facilitar el uso de otras herramientas a fin de acceder a la información. Además, consideró viables y certeras las propuestas para darle facultades adicionales a los órganos garantes, así como establecer obligaciones adicionales sobre la información relacionada con las personas indígenas.
Dijo que se están construyendo mesas técnicas, junto con organizaciones civiles, para generar otras políticas que revisen el gasto en esta contingencia sanitaria; “debemos de reforzar los mecanismos para que se transparente la información”.
El secretario de Acceso a la Información del Inai, Adrián Alcalá Méndez comentó que las instituciones de nivel superior desde el 2015 han mostrado un comportamiento de acceso en cuanto a las obligaciones de transparencia.
Las leyes deben ser aplicadas y vigiladas
Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, manifestó que en este tema es insoslayable la coordinación institucional, voluntad política, transversalidad en derechos humanos, participación social, desarrollo de inteligencia y el aprovechamiento tecnológico.
En la política anticorrupción, añadió, uno de las principales tareas de este comité es evitar o denunciar la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder; promover la mejora de la gestión pública e involucrar a la sociedad y al sector privado.
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