La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la diputada Rosa María González Azcárraga (PAN), aprobó tres puntos de acuerdo sobre protección, seguridad y bienestar de las migrantes, atención para menores no acompañados y connacionales residentes en el extranjero.
El primero de ellos, aprobado por 18 votos a favor, fue el dictamen relativo a la proposición que exhorta a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como al Instituto Nacional de Migración a desarrollar acciones para la protección, seguridad y bienestar de las migrantes que transitan y se refugian en el territorio nacional y se les brinde atención adecuada, auxiliándose de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
También por 18 votos a favor, se validó el dictamen con punto de acuerdo por el que se hace un llamado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, a fortalecer sus programas de atención a menores no acompañados que se encuentran en estaciones migratorias de nuestro país.
Asimismo, se aprobó por 19 votos el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, al INM y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a trabajar conjuntamente para asegurar a los connacionales residentes en el extranjero que visitan nuestro país durante las vacaciones decembrinas, un ingreso, tránsito y salida óptimos del territorio nacional.
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria
Posteriormente se realizó una mesa de diálogo con el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, a fin de conocer observaciones y propuestas surgidas de las visitas a puntos de las fronteras sur y norte, así como las principales necesidades a atender con el propósito de garantizar los derechos de los migrantes.
La diputada Sofía Carvajal Isunza (PRI) destacó el trabajo realizado por este Grupo. Advirtió que el Instituto Nacional de Migración sigue trabajando con discrecionalidad, discriminación racial, de manera desordenada y es un caldo de cultivo para que el crimen organizado perpetúe delitos de trata de personas.
Melissa Vértiz Hernández, integrante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, dijo que el propósito es hablar sobre hallazgos hechos en visitas a sitio en frontera sur y frontera norte, así como las propuestas de reforma en el marco de estos recorridos.
Diana Martínez Medrano, del mismo Grupo, explicó que se realizaron recorridos en fronteras, estaciones migratorias, espacios y albergues donde se da apoyo humanitario, además de reuniones con autoridades locales, organizaciones y personas en situación de movilidad, donde se hizo énfasis en los abusos cometidos por parte de autoridades de seguridad pública y de la Guardia Nacional.
“Se habló de las cuestiones que se enfrentan, les dan un documento migratorio, pero al salir de la oficina se los destruyen, dejándolos en indefensión. Los migrantes tienen derechos”, expresó.
En cuanto a la visita a Ciudad Juárez, Mónica Espinosa, del Servicio Jesuita a Refugiados México, señaló que mientras en la Ciudad de México se pueden ver albergues mucho más formales, en la localidad mencionada son iglesias o casas adaptadas ante emergencias, que no tienen condiciones para acoger a mucha gente, con poca capacidad y sin condiciones, lo que las pone a merced del crimen organizado.
En el encuentro, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria informó que en la visita a Tapachula, Chiapas, los migrantes tienen claro las afectaciones al tratar de entrar, por lo que ellas mismas podrían hacer propuestas en materia de políticas públicas que respeten sus derechos. Lamentaron que no es posible hacer monitoreos efectivos en estancias del DIF.
Pidieron eliminar las facultades de control migratorio que tiene la Guardia Nacional, participar en los controles parlamentarios en materia migratoria, revisar y derogar el acuerdo por el que el Instituto Nacional de Migración se considera entidad de seguridad nacional, avanzar en la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, establecer medidas no privativas de la libertad, así como avanzar en el Registro Nacional de Migrantes Detenidos.
Solicitaron que haya presupuesto suficiente para las entidades receptoras y de tránsito de migrantes. Sugirieron incluir un grupo interdisciplinario que vigile el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como la digitalización de los documentos.
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