Cocopa se reúne con desplazados de Chiapas y funcionarios del gobierno para analizar problemática

Es necesario encontrar una ruta para canalizar la problemática de los desplazados en Chiapas por el conflicto armado de 1994, porque durante los 28 años que han transcurrido no han sido atendidos adecuadamente, afirmó el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), presidente de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Lo anterior, durante una reunión de integrantes de esta instancia con grupos de desplazados y representantes de las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Diálogo para los Pueblos Indígenas de México y de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, así como representantes de la Secretaría General del gobierno de Chiapas.

El diputado Vázquez Vázquez indicó que se ha “venido proponiendo que el Estado mexicano, si de algún modo entrega al Ejército Zapatista de Liberación Nacional las tierras que ocupan ahora, se pueda indemnizar a los propietarios para hacer justicia”.

En este sentido, dijo que es necesario buscar un presupuesto especial para atender a los desplazados e incluir estos recursos en la propuesta del próximo año. Se pronunció por avanzar con todos los elementos para que en 2023 esté contemplada esta atención. “En el 2024 ya vamos de salida y es año electoral, será muy complicado”.

“No vamos a hacer la idea de regresar a ellas, están ocupadas, son territorio rebelde y es una zona de conflicto. Darles la falsa esperanza de que en algún momento pueden regresar no es posible y no vamos a provocar otro conflicto tratando de solucionar esta situación”, enfatizó.

Aseguró que se trabajará para asumir con responsabilidad lo que hemos platicado. “Si tenemos que buscar al equipo jurídico del mismo Presidente, le mandemos todos los documentos y elementos para retomar este caso que no está resuelto”.

Añadió que es necesario también buscar una actualización de la Ley Cocopa, “pues las circunstancias del 1° de enero del 94 ya no son las mismas que ahora, han cambiado y el EZLN también estará agradecido de que ya se resuelva este tema”

Reiteró que ésta es una ruta. “Son dos posturas que se han sostenido siempre de que, si hay condiciones para que regresen a sus tierras, que las puedan ocupar —de hecho, una mínima parte ha regresado— pero donde hay diálogo; donde no, “no vamos a exponerlos a que haya más víctimas”.

El diputado Salvador Caro Cabrera (MC) afirmó que se requiere atender las demandas de los afectados; “es evidente que merecen una indemnización” y se pronunció por prever los mecanismos legales y reconocimientos del estatus que corresponda para definir los fondos y negociar los montos de esa indemnización, así como las particularidades de cada caso.

Destacó la importancia de que este tema se aborde desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para “poder ver la luz al final del túnel en este año” y colocarlo en las agendas legislativa y del Gobierno. Solicitó que las reuniones con funcionarios y afectados se realicen antes del 30 de abril “porque se nos va el año”.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) pidió hacer un esfuerzo por que el tema llegue a los más altos niveles y se tenga una solución, después de 28 años.

Se pronunció por llevar el problema a las más altas esferas y buscar una solución lo más pronto posible y que el Gobierno dé una respuesta en la medida de lo posible.

“Tenemos la posibilidad de platicar con los coordinadores parlamentarios para ello y reunirnos con funcionarios titulares de las áreas correspondientes de las dependencias en el corto plazo, para que salga este año. Necesitamos apresurar el paso”, subrayó.

Durante esta reunión, representantes de diversos grupos de desplazados presentaron sus inquietudes y el estado actual de su situación a raíz del conflicto armado de 1994, en el que no quisieron participar y por lo cual perdieron sus tierras.

En tanto, las y los representantes de las dependencias mencionadas, señalaron la importancia de fortalecer sus vínculos con el Poder Legislativo y el gobierno estatal para dar a conocer sus alcances institucionales y buscar alternativas de solución entre todos.

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