DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* El Decreto 24 fue aprobado únicamente por las y los diputados. El proceso legislativo del Decreto 24 fue elaborado, dictaminado y votado por el Congreso del Estado. El sindicato no tiene facultades para intervenir en la creación, dictaminación o votación de decretos.
* El único camino real para corregir este daño es derogar el Decreto 24. El Congreso tiene en sus manos la solución inmediata: derogar el decreto que ellos mismos aprobaron. No hay pretextos ni procesos externos. La solución está en la misma instancia que generó el problema.
Hace unas horas, el diputado César David Mateos Benítez y la diputada Eva Diego Cruz mintieron cínicamente al intentar responsabilizar al Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado por la asignación de números de plazas relacionados con el Decreto 24.
Ante ello, el Grupo de Trabajadores Informados consideran necesario aclarar con firmeza y con base en los hechos lo siguiente a la opinión pública, a las y los trabajadores y a los medios de comunicación:
El sindicato no otorga números de plazas. La administración, registro, control y asignación de plazas es una atribución exclusiva de la Secretaría de Administración, conforme a la normativa laboral y administrativa del Estado.
La Secretaría cuenta con todos los padrones, plantillas autorizadas y movimientos de personal, por lo que no requiere información del sindicato para conocer el estatus de ningún trabajador.
El Decreto 24 fue aprobado únicamente por las y los diputados. El proceso legislativo del Decreto 24 fue elaborado, dictaminado y votado por el Congreso del Estado. El sindicato no tiene facultades para intervenir en la creación, dictaminación o votación de decretos.
Por tanto, cualquier intento de culpar al sindicato es un acto de evasión política y una falta de responsabilidad legislativa.
El propio Decreto 24 establece en sus considerandos que “el Gobierno del Estado realizó una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación de personal que obran en los archivos institucionales”.
Además, los promoventes afirmaron que los incrementos “desmedidos” de plazas ocurrieron durante siete años, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Si esto es cierto, entonces corresponde preguntar con toda claridad: ¿Quiénes fueron los responsables directos de esos incrementos? ¿Qué autoridades autorizaron, validaron o permitieron esos procesos? ¿Y cuál es la responsabilidad administrativa o política derivada de esos actos?
Asimismo, el propio Decreto 24 indica que en 2013 existía una plantilla de 8,187 trabajadores, y que para 2022 la plantilla se disparó a 12,224, lo que representa un incremento del 47.80%.
Si el Gobierno reconoce este crecimiento, entonces es indispensable investigar:
¿Quiénes autorizaron estas ampliaciones de plantilla? ¿Qué instancias administrativas avalaron estos incrementos? ¿Por qué, teniendo plena información, se pretende responsabilizar injustamente al sindicato?
Si el Gobierno afirma haber realizado una “revisión exhaustiva”, entonces, es claro que contaba con toda la información institucional y que no existe fundamento alguno para culpar al sindicato por actos administrativos que no son de su competencia.
Si los diputados “no sabían lo que votaban”, eso agrava su responsabilidad. Casos como el voto de la diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez que, incluso, votó en contra de su propia base, demuestran el desconocimiento y la falta de criterio con la que algunos legisladores toman decisiones que afectan directamente a las y los trabajadores.
Su obligación es analizar, prever y comprender los efectos de cada decreto. No hacerlo no los exime: los hace doblemente responsables.
El único camino real para corregir este daño es derogar el Decreto 24. El Congreso tiene en sus manos la solución inmediata: derogar el decreto que ellos mismos aprobaron. No hay pretextos ni procesos externos. La solución está en la misma instancia que generó el problema.
El inciso J del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil es inconstitucional. Este inciso permite la supresión de plazas de manera discrecional, vulnerando: El principio de estabilidad laboral, El derecho constitucional al trabajo, La garantía de certeza jurídica de los trabajadores, Y la progresividad de los derechos laborales.
La existencia de ese inciso abre la puerta a decisiones arbitrarias, injustificadas y contrarias al marco constitucional que protege a las y los servidores públicos. Su utilización o referencia para justificar afectaciones es improcedente e insostenible jurídicamente.
El sindicato debe permanecer unido. No debe permitir que se cargue sobre su gremio mentiras que solo buscan debilitar a esa institución. No permitan que se distorsione la verdad para encubrir errores legislativos. Y no permitan que se use el marco legal para vulnerar derechos ya adquiridos.
Llamamos al Congreso del Estado a asumir su responsabilidad histórica, detener el daño ocasionado y proceder a la derogación inmediata del Decreto 24 y del inciso J del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil. La estabilidad laboral, la legalidad y la dignidad de las y los trabajadores no son negociables.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
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