En Latinoamérica, aproximadamente cuatro de cada 10 personas de 65 años y más no cuentan con seguridad social. Además, es la región donde la población está envejeciendo de forma acelerada, afirmó en la UNAM Sandra Huenchuan Navarro, de la sede subregional de la CEPAL en México.
Acompañada por Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez; y Guillermo Estrada, secretario académico de la Coordinación de Humanidades e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Huenchuan Navarro indicó que esos fenómenos ocurren en un escenario donde todavía existe desprotección.
Al participar en el seminario “Los derechos humanos de las personas adultas mayores en México”, la integrante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo que “la seguridad social no está garantizada para todos y hay heterogeneidad; por ejemplo, hay países con muy baja cobertura, como Colombia, con 26 por ciento en 2015; Guatemala, con 19 por ciento, u Honduras, con 10 por ciento”.
Además, las necesidades de las personas mayores van en aumento, pues incrementa la prevalencia de discapacidad severa en esa población. “También hay que atender su salud mental, y un tema emergente es el cuidado de largo plazo”.
Huenchuan Navarro resaltó que es un reto central llevar a la práctica la protección de los derechos de esa población en un contexto de elevada desigualdad, donde también hay otros grupos sociales muy desprotegidos, como los jóvenes.
En el auditorio Héctor Fix-Zamudio del IIJ, se refirió a la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, un nuevo instrumento que se suma de manera distinta a lo que ocurre en África y Europa. “Se cumplirán cuatro años de su aprobación y contiene derechos emergentes, vigentes y extendidos. En los primeros se ubica el derecho a la vida y la dignidad en la vejez; a la independencia y la autonomía; y a los cuidados de largo plazo”.
Establece cuáles son las obligaciones del Estado con respecto al tema e incluye los cuidados paliativos, además de que se utiliza por primera vez el concepto de género.
Desde 2015 siete países la han ratificado: Uruguay, Costa Rica, Chile, Bolivia, Argentina, El Salvador y Ecuador, pero faltan tres para que se instale el mecanismo de seguimiento, “y eso es un desafío”. Se trata del primer instrumento referente al tema jurídicamente vinculante, ofrece definiciones, establece obligaciones para los Estados y específica los derechos humanos, refirió Huenchuan.
Montes de Oca, coordinadora del encuentro, resaltó la importancia de hablar de los cuidados de largo plazo como una responsabilidad de Estado. “Me preocupa que en las leyes –en las entidades– se responsabilice de eso a las familias, y dentro de ellas, a las mujeres”.
El maltrato y la vivienda digna son temas que se abordan en la Convención; así, una de sus tareas es erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las personas adultas mayores.
Resaltó la importancia del papel de las universidades en la construcción de la política de los derechos. “La evidencia científica, las investigaciones cuantitativas y cualitativas, son centrales para tomar conciencia y entender los procesos de envejecimiento diferenciales, marcados por la desigualdad y discriminación”.
Por último, Aída Díaz-Tendero, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, recordó que en menos de 200 años los derechos humanos han pasado de ser un concepto occidental de derechos civiles y políticos, a ser el único sistema de valores de alcance universal.
“La Convención Interamericana es el instrumento a nivel mundial más importante, de vanguardia, vinculante, ya entrado en vigor, y aborda una serie de perspectivas y cuestiones relacionadas con el envejecimiento, de tal manera y con tanta especificidad que se ve la mano de gerontólogos, juristas y expertos en el tema. Está muy aterrizada en las necesidades de las personas mayores”.
No es un tratado que toma en cuenta la vida cotidiana de las personas y está relacionado con nuestra región, pues toma en cuenta la multiculturalidad y la riqueza étnica. Además, incluye una agenda progresista, en una región caracterizada por la desigualdad y con un rápido proceso de envejecimiento.
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