La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), señaló que la paridad debe hacerse valer en todas las instancias jurídicas y administrativas, desde las secretarías de Estado hasta gobiernos municipales, a través de la operación de las unidades de género.
En el Ciclo de conferencias magistrales en materia de Igualdad de Género, realizadas con el Centro de Estudio de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), la legisladora subrayó que las unidades de género buscan erradicar de la cultura laboral aquellos justificantes y motivantes de desigualdades y hacer efectiva la participación de las mujeres, así como garantizar el ejercicio de igualdad.
Señaló que se requiere incorporar la paridad en el trabajo técnico legislativo y hacer un análisis con perspectiva de género a decenas de ordenamientos federales, en particular a las leyes generales de Partidos Políticos y la de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y distintas reglamentaciones de los organismos autónomos.
Afirmó que la paridad de género en la Cámara de Diputados no sólo es un número, sino la representación de más de la mitad de la población; por ello, todas las modificaciones legislativas deben contener una orientación con esta perspectiva y traducirse en acciones concretas para lograr la igualdad sustantiva e impulsar la distribución equitativa de las responsabilidades del poder.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, resaltó que esta instancia trabaja en el análisis de 35 leyes, a fin de acelerar la creación de las normas secundarias en materia de equidad.
Apuntó que un campo que debe ser abordado con detenimiento es garantizar el acceso a la justicia de las mujeres para que los juicios se realicen bajo una perspectiva de género.
Indicó que existe un pendiente en el ámbito del Poder Judicial respecto a su composición estructural, toda vez que de los once integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo dos son mujeres.
El Secretario de Servicios Parlamentarios, de la Cámara de Diputados, Hugo Christian Rosas de León, destacó la importancia de este ciclo de conferencias, ya que desde la reflexión académica, el Congreso puede generar modificaciones a las disposiciones legales, fundamentadas en el trabajo y aportaciones de los especialistas.
Resaltó que esta Legislatura tiene el número más alto de mujeres en su historia, lo cual es el resultado de luchas y reivindicaciones que se plasmaron en normas legales constitucionales para lograr la equidad en todos los ámbitos de la sociedad.
En su turno, Juan Carlos Cervantes Gómez, encargado del despacho de la dirección general del CEDIP, consideró que para llegar a una total equidad de género en los diversos aspectos jurídicos se requieren modificaciones en el área de derecho comparado.
Durante la conferencia “Retos en diversos ámbitos del Estado mexicano para concretar la reforma constitucional en materia de paridad de género”, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Beatriz Santamaría Monjaraz, destacó que México es el cuarto país a nivel mundial en tener un congreso paritario. Resaltó que la llegada de las mujeres a los puestos de representación es resultado del ejercicio de su participación política durante tantos procesos de trabajo, movilización y lucha por la reivindicación de los derechos políticos.
Explicó que con la reciente reforma constitucional en este tema de equidad se establece el principio de paridad de género y se construye un piso base común para una transformación cultural. Consideró que se deben acelerar las reformas secundarias, es decir, traducirlo en un andamiaje normativo-jurídico para que este principio se pueda materializar en todos los ámbitos.
Resaltó que se tienen grandes desafíos en la armonización legislativa de, por lo menos, 35 leyes generales, para lo cual se debe dar una discusión y conversar sobre distintos temas, porque hay aspectos culturales que van a permear, obstaculizar la reforma y “uno de ellos es la violencia política contra las mujeres”.
Por ello, destacó que es urgente tipificar el delito de violencia política, ya que sólo Oaxaca, Veracruz, el estado de México y Guanajuato lo tienen tipificado y “las legisladoras ya están trabajando en eso”.
Estimó que algunos retos para el avance de la reforma paritaria son superar las barreras estructurales; sentar las bases jurídicas del sistema de cuidados; cerrar la brecha salarial; impulsar cambios al sistema de pensiones y redistribuir el gasto público, a fin de que haya servicios administrativos con perspectiva de género y acceder a puestos en condiciones de igualdad de oportunidades.
En tanto, el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, Raúl Andrade Osorio, indicó que este tema no debe ser tomado únicamente como moda, pues de concretarse las acciones que señala la normatividad, se erradicarían muchos de los problemas en este rubro.
Indicó la necesidad revisar con precisión las normas antiquísimas, especialmente las que tienen una discriminación indirecta hacia las mujeres, porque aunque parecen neutras en apariencia, incurren en prácticas injustas.
“Estas normas aparentemente neutras son difíciles de identificar, por ejemplo, las que exigen estaturas mínimas para entrar al Ejército o Fuerza Aérea, lo que sería un claro caso de discriminación por un requisito aparentemente neutro”.
Para saber si esta norma es neutra, precisó Andrade Osorio, tendríamos que acudir a las estadísticas del Inegi, quien informará cuál es la estura promedio de la mujer mexicana, y si ésta es 1:60, entonces veríamos que sí hay una discriminación.
Luis Andrés Cucarella Galiana, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, España, propuso crear una ley integral en materia de protección del derecho a la igualdad que abarque todos los supuestos de discriminación y luche contra ésta en los ámbitos educativo, sanitario, laboral, recursos públicos y proceso legal.
Durante su ponencia titulada “Protección Jurisdiccional del Derecho a la Igualdad, Especialidades Procesales en la Materia, Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres”, puntualizó esta ley debe incluir no sólo la protección de la mujer y los supuestos de discriminación por motivos de género, sino por discapacidad, orientación sexual, etnia, motivos religiosos, pertenencia a cualquier otro ámbito o grupo.
“Esta ley puede colocar a México en un referente en América como país que aprueba un ordenamiento integral en materia de protección y el derecho a la igualdad y avanzar para construir una sociedad justa y democrática, que respete la dignidad de las mujeres y en general la de todas las personas”, afirmó.
Mencionó que España tiene la Ley General de Publicidad, que considera ilícita la difusión que presente a la mujer como objeto que perpetúa un rol de ésta ligado a tareas tradicionales e históricas que se han considerado propias de la mujer. “Se califica de ilícita porque atenta contra la dignidad, es discriminatoria y genera a que siga existiendo violencia de género. Cuando exista una campaña que discrimine a la mujer, el Instituto de Violencia de Género contra la Mujer, El Instituto de la Mujer o el Ministerio Fiscal pueden presentar una demanda para cesarla”.
El también doctor en derecho por la Universidad de Bolonia, Italia, informó que desde el año 2000 la Unión Europea legisló en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres; creó espacios de libertad, seguridad y justicia. Asimismo, en materia de discriminación por motivos de extranjería, discriminación sexual, pertenecer a una etnia o grupos religiosos. “Con esto se contribuye a integrar el continente europeo”.
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