Al continuar el parlamento abierto “Análisis sobre incorporación constitucional de garantías y derechos en materia de bienestar”, convocado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Salud, diputados, funcionarios, especialistas y académicos presentaron sus propuestas para enriquecer el dictamen para reformar el artículo cuarto de la Carta Magna.
Se abordó el derecho a la salud, donde la presidenta de la respectiva comisión, diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena) expresó que las experiencias y conocimientos de los ponentes servirán para avanzar de forma contundente a fin de garantizar este derecho porque “es una responsabilidad de todas y todos”.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz (Morena), mencionó que hay inquietudes sobre la denominación del sistema de salud para el bienestar que se pretende incluir en la Constitución, y no se cofunda con el sistema nacional establecido en la Ley General de Salud.
Destacó la relevancia del parlamento abierto para enriquecer no sólo el diálogo, sino para que el proyecto de decreto para reformar el artículo cuarto de la Constitución Política en materia de bienestar se robustezca y tenga más herramientas.
Informó que las ponencias y propuestas de los participantes se podrán consultar en el micrositio de la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de enriquecer la información y conocer los programas para elevar estos derechos a rango constitucional.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), preguntó a Nohemí Leticia Ánimas Vargas, coordinadora del Programa de Becas cuál es el presupuesto que se recibe, distribuye y aprueba la Cámara de Diputados para conocer qué porcentaje se destina a la población atendida.
La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena), expresó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Salud tendrán un reto importante en la elaboración del dictamen. Además, preguntó qué se hace cuando una persona tiene una discapacidad y es de bajos recursos, si se les da doble beca.
El legislador Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) comentó que hay cierta confusión respecto al dictamen, dado que no hay claridad, por lo que es necesario definir si se elevará a rango constitucional o si solamente se está pensando a futuro y transformar el sistema actual en un sistema de salud para el bienestar.
Su compañero de partido, Esteban Barajas Barajas señaló que existe inquietud entre la gente sobre lo que pasa en el sistema de salud porque no hay medicamentos ni la atención que se requiere.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (Morena) apuntó que será responsabilidad de los legisladores designar el presupuesto necesario para que el derecho a la salud de los mexicanos sea una realidad. Además, en el trascurso de los años surgen enfermedades que requerirán más recursos. Refirió que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) se creó para atender las necesidades en materia de salud, exclusivamente.
Su correligionaria, la diputada Anita Sánchez Castro mencionó que se tiene un problema de corrupción en la mayoría de las instituciones, generalmente cometida por los mandos medios y bajos en los estados y municipios. “Nosotros como diputados al recorrer las instituciones, nos damos cuenta de cómo opera el sistema”. Comentó que no hay recurso suficiente para la infraestructura y los especialistas.
El legislador Víctor Gabriel Varela López (Morena) comentó que es mejor tener una universalidad de este tipo de becas a estudiantes y hacerlo gradual para que se atiendan primeramente a las comunidades de alta marginación.
Su compañera de partido, la legisladora Erika Vanessa Del Castillo Ibarra manifestó que las mujeres son las que menos llegan a estudiar porque se sacrifican por sus familias, sobre todo en las zonas rurales, por lo que preguntó cuál es el número de ellas que se han incorporado a este programa.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) cuestionó si habrá dos sistemas nacionales de salud, uno para no derechohabientes y otro para los demás; asimismo, qué implicación tendría las reformas secundarias y cuál sería la lógica de los ingresos y gastos presupuestales.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (PAN) dijo que en Oaxaca muchos niños no han recibido la beca, al igual que en otros estados, por lo que preguntó cuáles son los mecanismos o la supervisión para garantizar que efectivamente esté llegando el apoyo a los niños que lo requieren.
Del PT, Ana Karina Rojo Pimentel señaló que hay desigualdad ya que se está dando un porcentaje de casi la mitad de población en nuestro país con pobreza extrema, de ahí la premura de reformar el artículo cuatro de la Constitución.
La diputada de MC, Maiella Gómez Maldonado, secretaria de la Comisión de Salud, deseó que el debate público a la reforma propuesta atienda las necesidades de los mexicanos, al resaltar la importancia de recibir en el Palacio Legislativo de San Lázaro a las ciudadanas y los ciudadanos que tienen tanto que aportar en este tema.
En el tema de cuidados de la salud, el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, dijo que se ha hecho la transferencia de los recursos a los estados, hayan firmado o no el acuerdo de coordinación, porque la gente no va a esperar. “Sí hay dinero para la salud, en estos meses los estados han recibido su recurso y yo he estado pendiente. Están hechos todos los documentos para que se depositen los recursos”.
“Se dice que se compran medicamentos de mala calidad, es falso, se compran medicamentos que autoriza la Organización Mundial de la Salud y la OPS, y cuando llegan al país los revisa Cofepris”.
Joaquín Molina, asesor de la Unidad de Análisis Estratégico y Evaluación del Insabi, garantizó que el instituto asumirá los desafíos que implique la decisión de la Cámara de Diputados porque “no hay verdadero bienestar sin salud para gozar de oportunidades al desarrollo pleno”. La reforma da un paso cierto para entender y practicar el derecho a la salud con soluciones a la postergación, deuda social y necesidades de bienestar de la población sin seguridad social.
En su ponencia, Adolfo Martínez Valle, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresó que la epidemiologia tiene una carga de enfermedades cuyo peso se enfoca en los padecimientos crónicos, incluso si se “baja la guardia” aparecen nuevos problemas como el coronavirus, es por ello que el sector salud debe de estar en constante renovación y adaptación. “No es necesario elevar a rango constitucional programas sociales”.
Angélica Ivonne Cisneros Luján, economista de la UNAM e investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, afirmó que los diputados tienen la histórica oportunidad de revertir las políticas erráticas que por décadas han afectado a la población sin seguridad social para que se evite las diferencias en el acceso a la salud y medicamentos.
Héctor Juan Villarreal Páez, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, expresó que México tiene un problema de espacio fiscal en materia de salud y refirió que no existe un sistema universal en ningún país, que se pueda financiar con el 2.5 por ciento del PIB. Refirió que solo la mitad de la gente que reconoce su necesidad de ser atendido es la que asiste a los servicios de salud pública.
Sobre garantías para estudiantes, Nohemí Leticia Ánimas Vargas, titular de la Coordinación Nacional del Programa de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, sostuvo que éstas son una herramienta básica para garantizar el acceso y permanencia a la educación, con una aportación económica para el estudiante y su familia, que evite la deserción, el ocio y la incorporación de niños y adolescentes al crimen organizado y actividades ilícitas.
Javier López Sánchez, cuarto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que “las becas son una garantía del bienestar, no son dádivas, sino derechos”, como una obligación del Estado al promover una política pública que considere a la persona con una visión de derecho y no de asistencialismo, para impulsar la equidad.
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