Hoy para Burkina Faso, el cuarto país más pobre del mundo y que fue una de las naciones más seguras de África Occidental, el restaurant de comida turca Aziz Istanbul, en el centro de Uagadugú, su capital, que todavía permanece cerrado con su fachada destrozada tras los ataques integristas de agosto de 2017, que dejaron 18 muertos, quizás sea la postal más exacta para comprender la realidad del país.
Desde 2016, hasta principios de 2019 el país africano ya ha sufrido cerca de 300 ataques de grupos vinculados tanto a al-Qaeda como al Daesh, dejando casi 300 muertos. Uagadugú, fue atacada en dos oportunidades más, dejando cerca de 90 muertos en total. El primer ataque fue contra la cafetería Cappuccino y el Hotel Splendid (Ver: Burkina-Faso: Sangre en la arena) en enero de 2016, que dejó una treintena de muertos y el último se produjo en marzo pasado, en cercanías de la embajada francesa y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, con otras 28 víctimas mortales.
El norte burkinés comenzó a sufrir la violencia integrista en 2011, por grupos wahabita, que operan todavía hoy en el norte de Mali y sur de Argelia, desde entonces la violencia no ha dejado de incrementarse y expandirse y desde el norte se irradia hacia la frontera con Nigeria en el este del país, donde opera Boko Haram,filtrándose también a Togo y Benín y Ghana. Estas naciones se vieron obligadas a enviar tropas a sus fronteras burkinesas, dada la inestabilidad que se podría generar si los muyahidines pudieran abrir un corredor desde el Sahel al Golfo de Guinea.
Tanto en el norte como en el este, los objetivos de los fundamentalistas suelen ser oficinas del gobierno, puestos militares, escuelas y maestros, a quienes se les exige que dicten sus clases en árabe, en lugar del francés, y enseñen el Corán. Estas presiones han obligado a cerrar 1025 escuelas en el norte, Sahel y este, lo que deja sin clases a unos 150 mil niños desde marzo de 2018, mientras que el 60% de los maestros debieron abandonaron las regiones en conflicto.
A pesar que la gran mayoría de los ataques no han sido reclamados por ninguna organización, el general del ejército Oumarou Sadou, refiere que las características de los IED (dispositivos explosivos improvisados) usadas tanto en el norte y como en el este, son de similares preparación, lo que indicarían que estarían siendo montados por la misma organización.
La crítica situación del país africano obligó a su presidente Roch Kaboré a declarar el estado de emergencia el último 31 de diciembre para las provincias afectadas y a cambiar a su Primer Ministro, Paul Kaba Thiebal por Christophe Dabiré, el 19 de enero pasado.
Los cambios implementados por Kaboré, no han logrado contener las acciones de los muyahidines del Ansaroul Islam, (Defensores del Islam) el grupo takfiristas local, apoyado por el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) fundado en 2016 por Ibrahim Malam (del árabe Mu’alam: maestro) Dicko, aparentemente muerto de sed en el desierto, en mayo de 2017, en su huida de un ataque aéreo francés. El malam fue substituido, por su hermano menor, Jafar, de 38 años, un erudito del Corán. Ansaroul Islam, surgido del grupo malí Mujao, (Movimiento por la Unidad y Yihad en África Occidental) ahora bajo la bandera de Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin, (Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, JNIM), un conglomerado de organizaciones integristas que operan en el Sahel, conformada en marzo de 2017, leales a al-Qaeda. Que están realizando constantes ataques en procura no solo de infundir terror, sino fundamentalmente de robar vehículos y armas. Como el último domingo 28 de enero, donde asesinaron a 14 personas en la región de Soum, al norte del país a unos 30 kilómetros de la frontera con Malí, unos 200 milicianos llegaron en varias motocicletas y los vehículos 4X4 atacaron con cohetes y armas pesadas la posición de la Fuerza de Tarea contra el Terrorismo de Nassoumbou (GFAT).
Algunos analistas insisten en que el aumento de la presencia de grupos integristas en el Burkina Faso, se debe a la ruptura de los pactos que estas organizaciones mantenían con funcionarios del gobierno del ex presidente a Blaise Compaoré, derrocado en 2014 tras 27 años de dictadura (Ver: Burkina Faso: La restauración de los traidores), quien les brindaba apoyo a cambio de que no operasen en su país.
El pacto se habría deshecho en 2013, cuando ya que Compaoré, se vio obligado a enviar unos mil efectivos, presionado por Francia, tras el inicio del conflicto en el norte de Mali el año anterior. Se sospecha que unos 1200 integrantes de los servicios de seguridad de Compaoré, podrían estar operando junto a los muyahidines, desde que fueron disueltos. El actual presidente Roch Kaboré, aún espera la colaboración prometida por Francia que en el norte de Mali dispone de unos 5 mil hombre de la operación Barkhane y de las fuerzas de G5 Sahel, un grupo antiterrorista compuesto por 5 mil efectivos de Mali, Mauritania, Chad, Níger y Burkina Faso, que actúa fundamentalmente en el norte de Mali y oeste de Níger.
En el día miedo al ejército, en la noche a los yihadista.
La diversidad de organizaciones que actúan a lo largo de la frontera burkinesa con el norte de Mali entre ellos al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) y el propio Ansaroul Islam, y Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin, junto a bandas de delincuentes comunes traficantes de drogas, cigarrillos, combustibles y personas, podría incrementarse todavía más generando una dinámica de arrastre, que haga que las organizaciones multipliquen sus efectivos.
Algunos servicios de inteligencia que opera el África Occidental, temen que ISGS que mantiene fluidos contactos con la Wilayat(provincia del califato) del Estado Islámico de África Occidental (ISWAP) del estado de Borno en el noreste de Nigeria, la organización escindida de Boko Haram, en agosto de 2016, puedan crear una nueva alianza para desarrollar juntos su lucha tanto en el Sahel y como en los países de África Occidental, para lo que Burkina Faso, sería una ficha clave en el nuevo entramado.
Por lo que las autoridades de Uagadugú, están requiriendo a las potencias occidentales con presencia en Mali, y especialmente Francia, apoyo básicamente en entrenamiento, inteligencia, equipos de comunicación y armamentos.
Como suele suceder en estas guerras “antisubversivas” se reproducen con exactitud la violación de derechos humanos, contra las poblaciones civiles en áreas rurales por lo general alejadas de los centros urbanos, incomunicadas y aisladas. Según denuncias de Human Rights Watch (HRW), fuerzas de seguridad burkinesas han llevado a cabo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales en operaciones de contrainsurgencia entre 2017 y 2018. HRW en su informe titulado: “En el día, tenemos miedo del ejército y en la noche a los yihadistas”, se detallan al menos dieciocho ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad de civiles inocentes.
Las fuerzas de la Operación Panga (fuerza en moré, la lengua nativa más hablada de Burkina), lanzada por el gobierno del Kaboré contra presuntas bases terroristas en los bosques de Pama y Gayeri, con ataques aéreos y el envío de 700 soldados, incluidos efectivos del 25º Regimiento de paracaídas de Bobo-Dioulasso, sin que se conozca el resultado de los ataques y en número de víctimas, por lo que la HRW, sospecha pueda haber muchos civiles involucrados en las acciones.
La violencia ya ha provocado 80 mil desplazados internos, mientras que casi un millón 200 mil personas estén necesitando ayuda humanitaria inmediata, desde que comenzó el año prácticamente mil familias por día han debido abandonar sus lugares por día. Lo que a la vez está provocando un incremento en los enfrentamientos interétnicos o tribales. En Yirgou, provincia de Barsalogo, al norte del país un aparente ataque fundamentalista desató una refriega entre la comunidad fulani, pastores nómadas de mayoría musulmana y la comunidad Mossi, el mayor grupo étnico de Burkina Faso que dejó 50 muertos.
Burkina Faso, ha entrado profundo en la geografía del terror y de ese territorio saldrá sin muchos más muertos y pobreza.
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