El gobierno del presidente Joe Biden inició el viernes un segundo intento para acabar con un programa de la época de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias ante los tribunales de inmigración en Estados Unidos, aunque también reafirmó un compromiso para restablecerlo de conformidad con una orden judicial.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que “Permanecer en México” probablemente contribuyó a un descenso en los cruces ilegales en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificados” para los solicitantes de asilo expuestos a la violencia mientras esperaban en México.
El anuncio se hizo más de dos meses después de que un juez federal en Texas ordenara que el programa se reanudara “de buena fe”, mientras dejaba una puerta abierta para que el gobierno intentara otra vez justificar su terminación.
El gobierno estadounidense dijo hace unas semanas que esperaba reanudar el programa, oficialmente llamado “Protocolos de protección al migrante”, para mediados de noviembre, sujeto a la aprobación del gobierno mexicano. México quiere que los casos concluyan en aproximadamente seis meses y que se mejore el acceso de los solicitantes de asilo a asesoría legal e información de su caso.
Algunos de los aliados pro inmigración más reconocidos del gobierno señalaron que el tiempo que demoró Mayorkas en emitir su opinión del viernes demostraba una falta de sentido de urgencia, algo que funcionarios estadounidenses niegan, y hacen notar la investigación invertida para producir el memorándum de 39 páginas.
Muchos grupos de asesoría legal afincados en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo en México que fueron sujetos al programa dicen que ya no aceptarán dichos casos, lo que genera dudas sobre cómo Estados Unidos podrá satisfacer la insistencia de México de que los migrantes tengan mejor acceso a asesoría. Funcionarios del gobierno dicen que consideran que hay suficientes abogados más para representar a los solicitantes de asilo que son regresados a México.
Vía | El Financiero
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