El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, subrayó que el 55 por ciento de la población rural vive en pobreza, y de ese segmento, 16.4 por ciento está en carencia extrema, por lo que se hizo lo necesario para la operación inmediata de los programas prioritarios, con el objetivo de pagar a corto plazo la enorme deuda social que durante tres décadas se acumuló en el campo.
En la intervención inicial con motivo de su comparecencia para la Glosa del Primer Informe de Gobierno ante el Pleno de la Cámara de Diputados, subrayó que en consecuencia de políticas de los últimos 30 años, México se convirtió en el principal país importador de maíz en el mundo, distinción lamentable si se considera que el país es el centro de origen y domesticación de este cereal que, además, es base de nuestra alimentación.
En 2018 México fue el importador número uno de leche en polvo en el mundo y séptimo en carne de cerdo. En 2017 se importó el 36 por cierto del maíz amarillo, 81 por ciento del arroz, 76.2 por ciento del trigo y 36 por ciento de carne porcina.
Un gran compromiso, aseguró, es aumentar la disponibilidad de alimentos básicos y reducir las importaciones, porque es una condición para el logro de la seguridad alimentaria. “Es obligación del Estado tutelar el derecho a la alimentación y contribuir a desterrar el hambre del país”.
Para cumplir esos objetivos, indicó, los esfuerzos se dirigen hacia un sector agroalimentario sustentable, incluyente y basado en el incremento de la productividad y competitividad, además de cerrar brechas entre productores. “El rescate del campo mexicano y la recuperación de la seguridad alimentaria con soberanía están en plena marcha”.
“Estamos replanteando el papel que debe tomar el Estado como promotor de las políticas que permitan el desarrollo económico y la inclusión social, por medio de un gobierno que usa los recursos de manera responsable, honesta y otorgando mayor respaldo a quien lo necesite”, comentó.
Apuntó que el primer paso fue convertir a la Sagarpa en Sader, lo cual no fue sólo un cambio de nombre, sino de una estructura excesivamente pesada y excesiva en gastos de operación, para ser una dependencia austera y compacta.
Villalobos Arámbula manifestó que la realidad confirma la enorme desigualdad que hay en el sector agropecuario y pesquero, en donde coexisten dos polos asimétricos: por un lado, un modelo integrado a procesos globales y que genera riqueza, y del otro, uno en el que se perpetúan las condiciones de atraso.
“Las actividades primarias en el país tienen contrastes; por ejemplo, 5.4 millones de unidades económicas rurales se dedican a la agricultura empresarial, participan en el mercado y optan por la exportación, pero 4.3 millones de unidades están centradas en la agricultura familiar, de autosuficiencia o de autoconsumo y una limitada vinculación al mercado en transición”, expuso.
Añadió que el presupuesto de la Sader para 2019, es de 65.4 mil millones de pesos y aunque en términos reales representa una disminución respecto de años anteriores, con ejercicio eficiente y austero de los recursos, el 49 por ciento de los montos se ha destinado a los pequeños y medianos productores rurales.
Agregó que los programas de producción para el bienestar, precios de garantía, fertilizantes, crédito ganadero a la palabra, así como impulso a cañeros y cafetaleros, han demostrado que con la entrega de manera directa, sin intermediarios, ha causado mayor impacto.
Destacó que para el tercer trimestre del año ya estaba dispersado el 75 por ciento del presupuesto, a 1.2 millones de productores, lo que no tiene precedente en el ejercicio de los recursos.
Asimismo, Villalobos Arámbula dijo que la soberanía depende de una política de Estado para lograr la autosuficiencia en al menos cinco productos básico: maíz, frijol, arroz, trigo, trigo panificado y leche, a fin de reducir las importaciones y, en consecuencia, la gran dependencia externa.
Además, los mercados globales son ventana de oportunidad hacia la exportación, pero ese beneficio no puede ser para sólo algunos productores, ni tampoco se puede poner en riesgo la seguridad alimentaria.
Afortunadamente, por la potencia y valor de agroexportaciones “nos beneficiamos de una balanza comercial agropecuaria superavitaria, con 6 mil 688 millones de dólares; sin embargo, mientras la alimentación de la familias mexicanas dependa de las importaciones no se habrá resuelto el tema de la soberanía alimentaria”.
Sobre la canasta básica alimentaria, que pasó de 23 a 40 productos, mencionó que se brindan oportunidades a zonas de alta y muy alta marginación, lugares marginados y de desastre.
Refirió que los desafíos del sector requieren usar todos los recursos en materia de investigación, innovación, tecnología y capital humano, así como la integración de los productores en condiciones favorables.
Es importante vincular investigación con la necesidad de los productores con un servicio de extensión que combine el capital humano con las nuevas tecnologías.
El secretario recalcó que “buscamos fórmulas para mejorar el impacto del uso de recursos públicos, a través de inversiones con productores altamente tecnificados y estímulos fiscales para las unidades económicas rurales, y precios preferenciales para el diésel y gasolina en el sector acuícola y pesquero”.
“En cada peso asignado al sector se pondrá énfasis con eficiencia, para que nadie quede atrás. Agregó: “Respetamos los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el cual convoca a un ejercicio público, austero e incluyente, en donde nadie quede atrás y se recupera la rectoría del Estado como impulsor del desarrollo económico”, concluyo.
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