¿Así va a ser todo el sexenio?

Está claro que Andrés Manuel López Obrador ha abdicado al uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado para proteger la vida de la población, sus bienes, la planta productiva y su entorno. Es lo que mandata el artículo 72 de la Ley General de Protección Civil, en su capítulo sobre las Medidas de Seguridad.

Pero, hoy, todo se sacrifica a la popular lucha contra el huachicol, en la que las únicas víctimas han sido los 114 muertos en Tlahuelilpan, Hidalgo. No hay informes sobre detenciones de los delincuentes de “cuello blanco” de los que tanto habló el Presidente. Ni siquiera los de cuello sucio.

Hay una clara confusión en su discurso. Citó al clásico Antonio Navalón: proteger no es reprimir.

Ahora mismo lo estamos viendo con los maestros de la CNTE, que tienen bloqueadas las vías férreas en Michoacán, desde hace 10 días. Ese tipo de bloqueos son competencia federal, pero la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, ya dijo tajante que no habrá intervención de la fuerza pública para desalojarlos.

Así que de nada sirve el SOS que le mandó ayer, vía Twitter, el gobernador Silvano Aureoles, en el que pide la colaboración de Sánchez Cordero para liberar las vías férreas. 

El Gobierno Federal, eso sí, ya dio un adelanto de 200 millones de pesos en participaciones al gobierno de Michoacán, para saldar las deudas con los maestros.

Según Aureoles, están resueltas las dos quincenas de enero, pero el magisterio disidente mantiene el bloqueo. Les deben mucho más.

Alrededor de 500 carros de trenes se encuentran bloqueados en las vías férreas. Eso ha afectado el movimiento de combustibles, materias primas, autopartes, alimentos y otros insumos, según la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.Hay más de 100 mil toneladas de materia prima detenida, así como 15 mil toneladas de productos terminados. Las pérdidas económicas ya se cuentan en miles de millones de pesos y contando. El presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios, y Departamentales (Antad), Vicente Yáñez, advirtió que la cadena de abasto está amenazada, pero ni así…

¿Así va a ser todo el sexenio? Es pregunta para irnos preparando.

AMLO lo hace por el “pueblo bueno” y hasta le aplauden.

La costosa tragedia de Tlahuelilpan, en Hidalgo —114 muertos— es otro ejemplo de las consecuencias de renunciar al uso legítimo de la fuerza.

Elementos militares y la Policía Federal que estaban allí se replegaron. Alegan que con 25 elementos era imposible contener a toda una población. Es válido.  Pero transcurrió un lapso de entre tres y cuatro horas desde que se detectó la ordeña en el ducto. Tiempo suficiente para llevar refuerzos y evitar que los pobladores se acercaran al chorro.

Los refuerzos llegaron, pero no intervinieron. ¿Les ordenaron ser pasivos? ¿Usted qué cree?

Al abrir, ayer, el portal de Reforma me encontré con una nota que me llamó la atención.Quiso Gutiérrez dar dinero por impunidad: FGE. Me llamó la atención. Dos horas antes había hablado, vía celular, con el señalado exsecretario general adjunto del PRI.

El texto del periódico decía que el gobierno de Chihuahua rechazó el “acuerdo reparatorio” que ofreció el exsecretario general adjunto del PRI “para que se olvidara el delito de corrupción que cometió”, según el fiscal estatal, César Peniche.

Lo que no dijo Peniche, porque no encaja en el discurso del obsesivo Javier Corral, es que a Gutiérrez tuvieron que liberarlo porque no encontraron pruebas que sustentaran la acusación de haber desviado 250 millones de pesos a campañas del PRI en el 2016.

Tampoco que el “acuerdo reparatorio”, que no sobornó a cambio de impunidad, se hizo en la audiencia pasada,
en septiembre del año pasado, y no ayer. Es un refrito, asegura Gutiérrez.

A Alejandro lo encarcelaron nueve meses con base en dichos de un testigo protegido. No más. Salió del encierro el pasado 28 de septiembre, aunque continúa sujeto a las medidas cautelares. Utiliza una tobillera electrónica y no puede salir del estado de Chihuahua, por otra acusación por 1.7 millones de pesos.

En la charla telefónica, Alejandro Gutiérrez nos dijo que su estancia le sirvió para darse cuenta del maltrato a los presos, con los que compartió el encierro. “Hay tortura y hacinamiento”, asegura.

Y agrega: “tienen a 38 reclusos metidos en cuatro celdas acondicionadas, que sólo son para dos. Están desnudos, incluso cuando se registran temperaturas bajo cero. Sé hasta en qué pasillo están”.

Reveló que tiene documentados los abusos contra los presidiarios, incluso con textos oficiales. Va a acudir a instancias internacionales para denunciarlo. No le tiene fe a la CNDH.

Sabe a lo que se expone. por la denuncia pública que hace. “Sé de lo que son capaces”, nos dice.

En tono grave agrega: “hago responsable a Javier Corral y a su pandilla de lo que me pueda ocurrir a mí o a mi familia por lo que te he dicho”.

Ya encarrerado compartió su desconcierto por el hecho de que American Correctional Association, organización estadunidense que ayuda con pequeños subsidios a mejorar el sistema penitenciario, no haya dicho ni pío, después de las revisiones que ha hecho en ese penal.

El truco: “un día antes de la revisión distribuyen a los reclusos en más celdas, bien arropados. Pero al día siguiente vuelven al hacinamiento. Es un secreto que comparten tres mil 500 personas”, nos dicen.

El empresario, de origen coahuilense, compareció, ayer, frente a la justicia de Chihuahua por el proceso que aún se le sigue: peculado por 1.7 millones de pesos.

Él y su abogado se sorprendieron de que la juez, Nora Espino, ya había leído el documento de la Fiscalía. Violación al debido proceso. El abogado de Gutiérrez pidió el video de la comparecencia con vistas a presentar una queja.

“No cabe duda que en Chihuahua, el gobierno del estado y el Poder Judicial son lo mismo. Los jueces son mozos de estoque de Corral”, aseveró el empresario.