- El dictamen se envió a las legislaturas locales para continuar su trámite constitucional
La Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de consulta popular y revocación de mandato.
El dictamen, enviado las legislaturas de los estados para sus efectos constituciones, se avaló en lo general con 372 votos a favor y 75 en contra.
En lo particular se reservaron los artículos 35, fracción VIII, numerales II y III y el 84, así como una propuesta de adición de un artículo Transitorio, los cuales se ratificaron en términos del dictamen con 356 votos en pro y 84 en contra.
El documento señala que las consultas populares podrán ser sobre temas de trascendencia nacional y regional. Se establece que se realizarán el primer domingo de agosto.
Para temas nacionales tendrán que ser respaldadas por al menos dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Las consultas de trascendencia regional competencia de la Federación, tendrán que impulsarse por los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan.
Indica que no podrá ser objeto de consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni las obras de infraestructura en ejecución.
También se establece que el INE promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de su difusión.
La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera estará dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino a promover la discusión informada y la reflexión.
Asimismo, ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en la radio y la televisión dirigida a incidir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.
Refiere que durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil, en caso de emergencia.
En lo que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: será convocado por el INE a petición de la ciudadanía, en número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
Además, el INE, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato.
Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer periodo constitucional. Los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación durante el mes previo a la fecha señalada, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.
Dicha consulta se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.
Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación sólo procederá por mayoría absoluta.
Igualmente, el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Sala Superior del TEPJF realizará el cómputo final del proceso de revocación, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitiría la declaratoria de revocación.
Se prohíbe el uso de recursos públicos en la recolección de firmas, así como los fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.
Refiere que el INE y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos.
En caso de haberse revocado el mandado del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la Presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional.
Se indica que el mandato de los gobernadores de los estados podrá ser revocado. Las constituciones locales establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador.
También será sujeto de la revocación de mandato el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La Constitución de esta entidad establecerá las reglas para ese proceso.
En los artículos transitorios, el dictamen señala que en el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021. La petición correspondiente tendrá que presentarse dentro de los primeros quince días de diciembre del mismo año.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena) subrayó que el propósito es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en nuestro país, por medio de la consulta popular y la revocación de mandato. “Son dos conceptos que permiten un mejor ejercicio del poder político y dar certidumbre a los juicios sobre el destino de las instituciones del Estado mexicano”.
Dijo que la consulta popular otorga a los ciudadanos el derecho constitucional de votar y opinar en cualquier tema de trascendencia, mientras que la revocación de mandato da la posibilidad de remover anticipadamente a los representantes.
Explicó que las consultas populares en temas de trascendencia nacional y regional serán competencia de la federación y podrán ser solicitadas por los y las ciudadanas de una o más entidades federativas de un número equivalente al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Mencionó que las consultas populares no podrán versar sobre el aumento o disminución del periodo para el que fueron elegidos en el cargo, pues las clases políticas gobernantes son transitorias y deben cumplir exclusivamente con su periodo constitucional.
Además, destacó que el Instituto Nacional Electoral (INE) será la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento, acreditación y verificación de la consulta popular, por lo que se le otorga la garantía de difusión para que se presente la intención del mecanismo de consulta ante la ciudadanía.
Finalmente, apuntó que el dictamen significa dar un paso en el desarrollo de figuras democráticas que, sin duda, incidirán en la construcción de un modelo representativo más robusto, donde el poder del pueblo sólo se instituya en su beneficio y se avance en el proyecto que asegure un Estado democrático, social, cultural y constitucional de derecho.
Posicionamientos de los grupos parlamentarios
La diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) estimó que el dictamen muestra una línea democrática que favorecerá a la participación de la ciudadanía en la construcción de un Estado más justo. Destacó que la minuta enviada por el Senado establece que se podrán consultar temas de trascendencia regional y no únicamente los de interés nacional.
Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, reconoció el contenido del dictamen porque, estimó, las consultas populares que serán organizadas por el INE contribuirán a fortalecer la democracia y son una herramienta de gobernabilidad que hasta “hoy había sido letra muerta en México”.
Edgar Guzmán Valdez (PES) destacó la incorporación del novedoso instrumento de la revocación de mandato en el derecho mexicano, porque permitirá que un determinado número de ciudadanos pueda solicitar que se convoque al electorado a fin de que se decida si el Presidente o los ejecutivos locales deben ser removidos de su cargo antes de que concluya el periodo para el cual fueron elegidos.
Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC) refirió que la revocación de mandato permitirá que la ciudadanía retire su confianza al gobernante ante una crisis extrema de legitimidad política. La consulta popular, dijo, es una herramienta de corresponsabilidad en las decisiones públicas que permite ampliar y fortalecer los espacios de interacción entre la ciudadanía y sus representantes.
El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) mencionó que ahora por la vía pacífica se podrán hacer cambios. “Basta nada más con poner un voto en una urna y se puede cambiar a un mandatario en este país”. Dijo que se buscará que la revocación también sea en el ámbito municipal.
Del PRI, la diputada Dulce María Sauri Riancho reconoció que sólo la ciudadanía puede activar el mecanismo constitucional para revocar el mandato del Presidente de la República, así, no será ni el Ejecutivo, ni tampoco las cámaras del Congreso de la Unión quienes podrían solicitar ese proceso.
José Elías Lixa Abimerhi, diputado del PAN, manifestó que la revocación vulnera las condiciones del artículo 35 constitucional, porque “los electores que votaron por López Obrador, pero también los que no, votamos por un presidente de seis años, y nos guste o no, Andrés Manuel López Obrador resultó electo para seis años, no se pueden modificar las cláusulas electorales una vez pasando la elección”.
El diputado Luis Fernando Salazar Fernández (Morena) afirmó que avalar el dictamen hará realidad tanto el ejercicio participativo del gobierno de la República, como la posibilidad de la ciudadanía para ejercer la revocación de mandato del Presidente cuando se esté inconforme con su gestión. Además, la consulta popular es una herramienta de la democracia directa que empodera a las y los ciudadanos.
Discusión a favor y en contra
Al hablar a favor, la diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) expresó que es importante reforzar la democracia representativa, la rendición de cuentas y fortalecer la participación ciudadana. “Eso es la nueva facultad que se le otorgará a todos los mexicanos a través de esta reforma. Hacemos votos para que esta herramienta sea utilizada con enorme responsabilidad y únicamente para beneficio de México y de los ciudadanos”.
Ricardo Villarreal García, diputado del PAN, mencionó que la reforma representa un gran engaño para la sociedad, porque las reglas que se imponen son virtualmente imposibles de cumplir. “Nosotros estamos a favor de darle poder a los ciudadanos, pero de verdad. En el país nunca habrá revocación; se necesita que sea obligatoria y en el tercer año de gobierno”.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) señaló que las consultas populares y la revocación representan el gran cambio democrático que México necesita y significan darle poder a la gente, instaurar la democracia participativa y un nuevo régimen político. No obstante, dijo, las reformas de la oposición en el Senado de la República abren la puerta a una lluvia de controversias que harían inviable la revocación de mandato. “Votaré en lo general a favor, pero en lo particular tengo reservas, porque no cumple el espíritu democrático que ambicionan los mexicanos”.
Del PAN, el diputado Marcos Aguilar Vega dijo estar a favor de la figura de revocación de mandato y consulta popular. Pero “en términos completamente distintos a los que en este día nos encontramos debatiendo. Apoyaríamos esta medida si se aplicara para un próximo mandato, para que fuera imparcial y legislar con un propósito general y anónimo. Pero está hecha al servicio de su partido y de su gobernante, solo para su conveniencia”.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) argumentó que con la inclusión de la revocación de mandato en la Carta Magna se sientan las bases para la construcción de una verdadera democracia participativa. “Se cumple con una de las exigencias de la sociedad al involucrarla activamente de la manera en que se gobierna; con ello se pretende lograr un medio eficaz para que los representantes populares cumplan adecuadamente con sus funciones y, sobre todo, con sus promesas. La revocación de mandato no es una vendetta política”.
Jorge Luis Preciado Rodríguez, diputado del PAN, puntualizó que la revocación de mandato tiene dos problemas: es absolutamente inaplicable porque se tienen que reunir dos millones 700 mil firmas y después lograr que participen 36 millones de mexicanos, independiente del sentido del voto. “Estamos modificando la Constitución para que no pase absolutamente nada, y creo que si se viene aquí a decir que se le está dando al pueblo de México una herramienta democrática, no hay nada más alejado de ello”.
Por Morena, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río destacó que se amplían las posibilidades de que el pueblo decida, a través de la consulta popular y la revocación del mandato. “Nadie va a impedir, de ninguna manera, llevemos a cabo la transformación profunda de este país. Con este dictamen renace una muy firme voluntad de escuchar y consultar al pueblo, y eso es exactamente lo que estamos hoy transformando”.
Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI, dijo estar a favor de esta minuta, pero en contra del mecanismo para sustituir al Presidente de la República en caso de que, por revocación de mandato, se pierda la presidencia. “Eso pondría al país en un riesgo institucional innecesario. No favorezco que el presidente de México, que ha sido electo popularmente por seis años, pueda perder la presidencia en un mecanismo de esta naturaleza”.
La diputada de MC, Julieta Macías Rábago, mencionó que se otorga a la ciudadanía el poder de decidir la continuidad o la destitución de sus gobernantes. Además, la reforma fortalece la figura de consulta popular que se había visto amenazada por prácticas recientes. “Los derechos humanos no podrán ser sujetos a consulta popular”, aclaró.
Víctor Adolfo Mojica Wences, diputado de Morena, señaló que al gobierno federal no le hace falta legitimidad; sin embargo, respeta el derecho de los ciudadanos a opinar sobre decisiones importantes. “Esto debe ser un derecho constitucional; el problema no debe ser la consulta, sino el no preguntarle al pueblo”.
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