Aprueban en Comisión el dictamen que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con el propósito de que este organismo desarrolle estrategias transversales, progresivas y ajustes razonables, a fin de propiciar la inclusión de las personas con discapacidad que formen parte de las comunidades originarias.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena) explicó que con esta reforma se logra prevenir, proteger y erradicar cualquier forma de discriminación.
“Es un acto de justicia para los pueblos indígenas, en especial a quienes padecen alguna discapacidad, quienes son los más vulnerables de los vulnerables; asimismo, se fortalece la ley del INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas)”.
Al respecto, el diputado Teófilo Manuel García Corpus (Morena) dijo que de los ocho millones de mexicanos con discapacidad, alrededor de 450 mil son hablantes de alguna lengua indígena, por lo que es necesario promover políticas públicas que garanticen su inclusión.
Detalló que se plantea que el INPI realice un análisis estadístico de las personas con discapacidad en las regiones originarias y afromexicanas.
Informes individuales de auditoría correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018
Por otra parte, los integrantes de esta instancia legislativa avalaron su opinión sobre la primera entrega de informes individuales de auditoría, correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2018.
En este sentido, la diputada Irma Juan Carlos expuso que en este informe hay datos alarmantes, porque no existen programas específicos para los pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, también se encontró que hay recursos para este sector en los programas transversales.
Recordó que este documento de la Cuenta Pública de 2018 representa tan sólo el 17 por ciento de las auditorías que se realizarán; es decir, 268 de las mil 572 que se llevarán a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El diputado Teófilo Manuel García Corpus apuntó que en este documento el tema indígena no aparece como tal; sin embargo, se tiene que insistir en el Informe de Fuerza México, el cual se constituyó con el propósito de recolectar las aportaciones privadas e internacionales para la reconstrucción de escuelas de las regiones indígenas, toda vez que de acuerdo con la ASF hay anomalías en la operación de estos recursos.
El legislador propuso solicitar al titular del INPI mayor información sobre el tema y que la ASF revise qué sucede en la reconstrucción de las escuelas de las comunidades originarias.
Opinión sobre la situación financiera, finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2019
También avalaron la opinión del informe sobre la situación financiera, las finanzas y la deuda pública del segundo trimestre de 2019.
La diputada Inés Parra Juárez (Morena) aseguró que en esta administración se busca terminar con la corrupción en la distribución de los apoyos al sector indígena; es decir, “ahora los diputados estamos para vigilar y no para ser intermediarios”.
El diputado priista, Eduardo Zarzosa Sánchez, mencionó que este periodo ha sido catastrófico, porque no hay crecimiento económico y por ende no existe generación de empleos.
En esta opinión se debe subrayar los elementos a mejorar por parte del Ejecutivo, porque combatir la corrupción no implica dejar de invertir o que se le disminuya más del 42 por ciento de presupuesto al INPI, agregó.
Análisis del presupuesto para el 2020
La diputada Irma Juan Carlos, informó que el presupuesto de este sector en el 2020 recibirá para recursos transversales cien mil millones de pesos repartidos en 16 partidas presupuestales a diversas dependencias.
Explicó que la Secretaría de Bienestar tiene más de la mitad del presupuesto, el cual se destinará al “Programa Sembrando Vida”, en tanto la Secretaría de Educación Pública concentrará el 13.85 por ciento; sin embargo, se prevé que el INPI reciba el 3.50 por ciento del presupuesto.
Apuntó que la reducción del gasto para el INPI se debe a que desaparece el Programa de Infraestructura Indígena.
La legisladora afirmó que es importante crear mecanismos adecuados que permitan el rastreo, seguimiento y acompañamiento de la ejecución del presupuesto asignado transversalmente a las diversas secretarías en materia indígena, a fin de asegurar que el dinero llegue realmente a las comunidades originarias y cierre las brechas de desigualdad.
Subrayó que a pesar de que 25 millones de personas que habitan el país son indígenas, el 21.5 por ciento del presupuesto destinado a este sector es de apenas el 1.74 por ciento del gasto total proyectado para el próximo año.
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