El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (PEF), por un monto de por 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos (mdp), y prosiguió con su discusión en lo particular a las 01:00 horas de este viernes.
La cifra corresponde al total de los recursos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación 2020.
El dictamen se aprobó con 321 votos a favor, 78 en contra y cero abstenciones, en el centro Expo Santa Fe, ubicado al poniente de la Ciudad de México, que fue habilitado como sede alterna de la Cámara de Diputados.
La discusión inició a las 21:20 horas de ayer jueves, luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, reanudó la sesión del pasado 6 de noviembre y de que el Pleno aprobó el acuerdo de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para modificar el orden del día.
Dicho acuerdo estableció incorporar en el orden del día la discusión y votación del dictamen del PEF 2020, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y pasar los asuntos ya considerados para una sesión posterior.
La Mesa Directiva hizo la declaratoria del dictamen del PEF 2020 y consultó el Pleno si autorizaba someterlo a discusión y votación de inmediato, lo cual fue aceptado.
Al fundamentar el documento en tribuna, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que el objetivo es construir un Estado de bienestar fuerte, tanto en el aspecto fiscal como financiero.
“Un Estado fuerte que vea por la gente más vulnerable y por la clase media; que atienda las demandas y las aspiraciones del empresariado; que genere riqueza; que sea mucho más regulador”, externó.
Señaló que en el PEF 2020 se restituye a todas las universidades públicas su demanda principal: el crecimiento real de los subsidios y de las aportaciones para que sigan funcionando.
Asimismo, se mantienen “muchos” programas que dan certeza educativa a los jóvenes, y que están orientados a reducir el abandono de las aulas por necesidad, y a elevar la matrícula de estudiantes. “Hemos constituido y consolidando todo un sistema nacional de becas para que ningún joven deje la escuela”.
Apuntó que se tocan los “altos salarios y enormes privilegios” de algunos servidores públicos, por ser “uno de los flagelos más grandes y de las vergüenzas que quizá hayamos padecido en nuestro país”.
“Por primera vez, los senadores y diputados ganaremos lo mismo, se quitarán todos los seguros; nadie ganará más que el presidente de la República, como lo establece el artículo 127 de la Constitución”, abundó.
Respecto a los recursos para los estados y municipios, refirió que 951 mil millones de pesos se podrán ejercer de acuerdo a las condiciones y a la libertad que tienen los gobiernos para que todo el Ramo 28 se destine a obra pública necesaria y urgente.
Agregó que también se flexibilizan las reglas para la operación del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS); “casi 90 mil millones van para este fondo, con mayor libertad para ejercer las inversiones en obras complementarias”.
Señaló que, además, está el compromiso del gobierno federal para que en 90 días presente a la Cámara de Diputados un paquete de propuestas para sanear las finanzas públicas de los municipios y de los estados de la República, y también para que señale las obras de inversión que tienen que ser a apoyadas con recursos presupuestales y extrapresupuestales.
Destacó que se reduce la partida para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), “que era algo que nunca se había tocado, y que un día nos vamos a cobrar esa afrenta del robo más grande del siglo XX que cometieron los banqueros y los gobiernos corruptos”.
En el tema del campo, Ramírez Cuéllar indicó se mantiene el programa de precios de garantía para los pequeños productores “que estaban en el abandono y en la pobreza y que eran sujetos de los programas clientelares”.
Se protege a los medianos productores bajo un sistema totalmente distinto. “Ya no será el acopiador ni el industrial el sujeto principal de los subsidios a la comercialización. Ahora será el agricultor, para que, mediante un sistema de financiamientos y de precios y de coberturas y de garantías, puedan proteger la rentabilidad de su actividad agrícola, y ya no estén sujetos a los miles de coyotes que sigue pululando por todo el país”.
Asimismo, anunció que se construirá un nuevo banco agrícola. “La Comisión de Hacienda tendrá la obligación de que la siguientes semanas dictamine a favor de una nueva sociedad nacional de crédito que pueda fondearse en el mercado de dinero y establecer tasas de interés mucho más baratas, y que ponga al centro una serie de productos que nos permitan realmente invertir en bienes públicos”.
Al término de la fundamentación, las diputadas Mónica Bautista Rodríguez (PRD) y Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) presentaron, por separado, mociones suspensivas, que fueron desechadas por el Pleno.
Posteriormente, legisladores de siete grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para fijar la postura de sus bancadas. Participaron Antonio Ortega Martínez (PRD), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (PVEM), Jorge Arturo Argüelles Victorero (PES), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), Reginaldo Sandoval Flores (PT), Fernando Galindo Favela (PRI) y Laura Imelda Pérez Segura (Morena).
Las bancadas de Morena, PT, PES y PVEM anunciaron su voto a favor del dictamen, mientras que PRI, MC y PRD en contra.
Tras ello, diversos diputados hablaron en pro y en contra del dictamen. A favor lo hicieron Benjamín Robles Montoya (PT), Irineo Molina Espinoza (Morena), Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES), Jesús de los Ángeles Pool Moo (Morena), Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) e Ignacio Benjamín Campos Equihua (Morena).
En contra, Ismael Hernández Deras (PRI), Martha Tagle Martínez (MC), Verónica Juárez Piña (PRD), Brasil Alberto Acosta Peña (PRI), Carmen Julieta Macías Rábago (MC) y Mónica Bautista Rodríguez (PRD)
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