La Cámara de Diputados aprobó, con 426 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Población y abroga la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974.
Se avaló con una propuesta de modificación planteada por el diputado Rubén Cayetano García (Morena) para adicionar las fracciones V y VI al artículo 48 y establecer que el Registro Nacional de Población debe contener el número del certificado de discapacidad, emitido por la autoridad competente del sector salud, cuando corresponda; y la auto-adscripción como integrante de los pueblos indígenas o población afromexicana, en los términos que establezca el reglamento.
El dictamen que se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales cita que la nueva ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación interinstitucional para formular y conducir la política de población e interculturalidad que atienda las causas y consecuencias de la dinámica demográfica, y garantice el derecho a la identidad.
También, regular la operación del Registro Nacional de Población, y del Servicio Nacional de Identificación Personal, así como la organización y funcionamiento de las instancias competentes en materia de población, registro e identidad de las personas.
Otro objetivo es definir las políticas de movilidad humana y de interculturalidad para salvaguardar los derechos humanos y sus garantías derivadas de éstas.
Asimismo, hará uso de todos los mecanismos a su alcance para contrarrestar el racismo, discriminación por cualquier causa, segregación, misoginia, homofobia, la censura a cualquier profesión religiosa, xenofobia y el discurso de odio, por razones de su origen, identidad, religión, género, discapacidad, problemas de salud, orientación sexual y todo otro tipo de marginalización y exclusión.
Puntualiza que son principios rectores de esta ley: el enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto; la transversalidad de la política de población; el federalismo; la transparencia y rendición de cuentas; la perspectiva intercultural.
Asimismo, la perspectiva de género y de curso de vida; el desarrollo sostenible; el bienestar social e individual, y la promoción de la participación de los órdenes de gobierno en la política de población.
Al fundamentar el dictamen, el diputado César Agustín Fernández Pérez (Morena) afirmó que la legislación vigente que data de 1974 ha quedado rebasada por desafíos poblacionales que deben ser atendidos con urgencia.
“Hoy la mayoría de los artículos de la Ley General de Población han sido derogados, lo que resulta una norma fragmentada que se aplica sin visión de transversalidad, sin perspectiva de género y sin estrategia y objetivos claros, dijo.
Ante ello, el nuevo ordenamiento debe ser piedra angular para definir, implantar y evaluar una política poblacional moderna que aproveche el bono demográfico y se prepare para los retos que conlleva el paulatino envejecimiento de la población, los avances tecnológicos y los cambios en las relaciones sociales, distribución y rasgos de la población.
Subrayó que la ley prevé la atención de cambios demográficos, de mortalidad, fecundidad y migración internacional mediante el uso de información y estadísticas sociodemográficas con el objetivo de considerar estos cambios en el diseño y formulación de políticas públicas.
Utilizará la información estadística y sociodemográfica para prever los efectos del envejecimiento y proporcionar elementos para la formulación de políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno y así favorecer un envejecimiento saludable activo y productivo, agregó.
Destacó que se identificarán patrones de movilidad que propicien la adopción de estrategias de desarrollo y planificación urbana regional y sectorial con el fin de reducir los desequilibrios que aún persisten en el territorio.
También, dijo, se integrará un registro de personas en la que se concentre información relativa a la identidad de todos los que habitamos México, que se alimente de información actualizada y fidedigna, que se pueda constituir como un insumo para la toma de decisiones y nos coloque en un esquema de protección de derechos.
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