Ciudad de México. El gobierno de México aceptó 262 de las 264 recomendaciones hechas en el contexto de la Tercera Evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en el contexto del 40 Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019, se llevó a cabo la adopción del informe de México resultante de su tercera evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal.
SRE México
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En el marco del 40 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el @GobiernoMX aceptó, en una decisión sin precedentes, 262 de las 264 recomendaciones en materia de derechos humanos.
De las recomendaciones que los Estados miembro de la ONU realizaron a México, consideró como no aceptables dos. Una de ellas es la número cinco referente a la ratificación de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, mediante las cuales en 2010 se amplió la definición de los crímenes de guerra y tipificó el crimen de agresión, definiéndolo y estableciendo las condiciones de ejercicio de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional respecto del mismo.
La nueva definición del crimen de agresión, adoptada durante la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala, Uganda, establece que una persona comete dicho crimen “cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”.
La cancillería mexicana detalló que no fue aceptada la recomendación de ratificar estas enmiendas debido a que permanecen vigentes las consultas correspondientes por parte del gobierno de México.
Asimismo, no aceptó la recomendación número 62 relativa al respeto y defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, recomendación que es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana tanto a nivel federal como estatal.
De acuerdo con información de la SRE ejes temáticos en los que el gobierno trabajará para atender las recomendaciones son la reducción de la inequidad social y defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad; libertad de expresión; Estado de derecho, desaparición forzada y combate a la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes; así como paz y seguridad.
En tanto, para orientar las políticas a nivel nacional se trabajará en tres ejes: impulso de un mecanismo de coordinación eficaz en los tres poderes y órdenes de gobierno; propiciar un diálogo sostenido con las organizaciones de la sociedad civil y desarrollar mecanismos de cooperación con otros Estados que, por medio de asistencia técnica, contribuyan a la construcción capacidades, así como allegarse de las mejores prácticas que resulten en un beneficio tangible para la población.
con información de La Jornada
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