Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Hace algunos días el presidente de la república anunció una consulta popular para que el pueblo decida si es conveniente o no que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y, también, para que decida sobre la conveniencia o no de que las Fuerzas Armadas continúen interviniendo en la seguridad pública más allá del año 2024. Esta pretendida consulta es consecuencia directa del rechazo de una minoría legislativa en la Cámara de Senadores para aprobar una iniciativa de reforma constitucional, específicamente a un artículo transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. Eso de consultarle al pueblo sobre lo que considere más conveniente sin duda que suena muy democrático, de no ser por varios inconvenientes o limitaciones o impedimentos que vale la pena analizar con detalle, aunque tengamos que ir a los antecedentes más remotos.
La democracia ateniense directa que se practicó hace más de dos mil años en Grecia o la democracia directa que se practica el día de hoy en cualquier comunidad oaxaqueña con población predominantemente indígena conforme a sus usos y costumbres, son el antecedente necesario de la democracia representativa. En la actualidad, algunos de los asuntos comunes de pequeños grupos de población, como es el caso de un buen número de municipios del estado de Oaxaca o de sus agencias municipales y de policía, todavía pueden ser discutidos en la plaza pública; como hace más de dos mil años se discutían y votaban en la Grecia clásica.
Toda vez que el crecimiento de la población y la complejidad creciente también de los asuntos de su interés común hicieron imposible que puedan ser analizados, discutidos y votados de manera directa por todos los interesados en una ciudad o en un país, surgió el sistema de democracia representativa. De tal manera que la totalidad de los electores ya no resuelven sobre los asuntos que requieren de una decisión basada o legitimada en la votación de los ciudadanos, sino que solamente votan para elegir representantes suyos a quienes les otorgan el poder de decisión, es decir, de votar sobre la forma de resolver, atender o expedir leyes que regulen sus asuntos comunes.
El modelo de organización política sustentado en la democracia representativa adquirió el nombre de democracia liberal y empezó a tener auge para controlar a los monarcas absolutos sin contrapeso social alguno. El crecimiento y consolidación de este modelo de organización política corrió paralelo al crecimiento y consolidación de un modelo o sistema económico llamado a su vez modelo capitalista. El mejor ejemplo de democracia liberal y de economía capitalista primero fue Inglaterra como monarquía parlamentaria e imperio económico, y después los Estados Unidos de América como régimen presidencial e imperio económico. Tanto la democracia representativa como la economía capitalista tienen sus problemas para satisfacer los objetivos de autenticidad de la representación y de bienestar económico común que se supone pretenden; pero tratando de parafrasear una expresión bien conocida, todo indica que después de todo son los peores sistemas económico y político, respectivamente, a excepción de todos los demás.
Frente a ellos simultáneamente surgió otra corriente de propuestas de organización económica y de organización política, que se sustentó precisamente en el combate a la economía capitalista y a la democracia liberal; corrientes ideológicas y políticas llamadas a su vez de manera genérica como “socialistas”. Las corrientes socialistas tuvieron como ideólogo, intelectual o académico de mayor creatividad y capacidad de análisis económico y propuesta política a Carlos Marx. En tanto que en la lucha política práctica y en la transformación de una monarquía formalmente parlamentaria en una federación de repúblicas socialistas para instaurar este modelo, quien logró dicho objetivo y adoptó para su partido político la denominación de “comunista” fue Lenin.
El crecimiento de la población y de la complejidad de los asuntos para decidir sobre la forma de atender sus necesidades en los países socialistas o comunistas impusieron también en este tipo de países la representación política, pero a través de un partido único dirigido por el líder vitalicio en turno. Surgió así una distinción entre la democracia liberal y la democracia socialista o comunista. La desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la alianza económica de la República Popular China -la temible China comunista- con los Estados Unidos de América hicieron evidente el fracaso del modelo económico socialista o comunista y mostraron, además, que su modelo de democracia socialista sencillamente es una dictadura.
En virtud de la pluralidad política de las democracias liberales en algunas, aunque no en todas, han existido partidos comunistas o socialistas que paulatinamente han ido cambiado estos apellidos políticos por unos más acordes a la realidad política y económica de sus respectivos países, pero también para ocultar el carácter autoritario, nada democrático e ineficiente en lo económico de su parentesco ideológico. De cualquier manera, para no perder la figura o identidad se autodenominan partidos o corrientes o movimientos políticos “de izquierda”, cualquier cosa que esto pueda significar, aunque lo que habitualmente significa es un mayor poder del Estado frente a la sociedad civil organizada.
El gran mito político de las llamadas democracias socialistas o comunistas era que el pueblo llegaba al poder y dirigía el gobierno. Esta mentira quedó fácilmente descubierta gracias al carácter vitalicio de todos los líderes socialistas o comunistas y a la inamovilidad o permanencia de los partidos únicos. Pero de cualquier manera el cuento aquel de que el pueblo era el que decidía o el que debería decidir les permitió a los “izquierdistas” en las democracias liberales, nunca en las socialistas o comunistas, impulsar procedimientos de democracia directa o participativa, como es el caso del referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato o la iniciativa popular.
Desde luego que el autoritarismo político no es exclusivo de los socialistas y de los comunistas autodenominados izquierdistas, pues hay organizaciones políticas surgidas al interior de las democracias liberales y en nombre de la defensa del sistema económico capitalista que, igualmente, han utilizado el poder estatal para avasallar a la sociedad civil organizada. Para acudir a la terminología que habitualmente se utiliza digamos que lo mismo hay gobiernos autoritarios y dictaduras de izquierda o de derecha.
Si en las democracias socialistas el pueblo nunca mandó, ¿qué tanto el electorado puede “mandar” en las democracias liberales? Desde luego que en éstas también puede ocurrir manipulación y engaño, es así como encontramos la demagogia y su punto culminante que es el populismo, que en no pocas ocasiones es la antesala de la dictadura. Normalmente, demagogia y populismo son mecanismos o procedimientos para eludir el control social del poder político; control que en principio está asegurado, o debería estarlo, por la división de poderes y el control recíproco entre éstos.
El caso de las consultas populares previstas y reguladas por la Constitución y la ley mexicanas vigentes son un buen ejemplo de demagogia y populismo. Ya me he referido en estas páginas a la totalmente incompleta regulación de las consultas populares, en las que la única propaganda que se permite es la que haga el Instituto Nacional Electoral para que los electores vayan a votar, pero sin que exista la más mínima posibilidad de explicarle al electorado las ventajas o desventajas de votar en un sentido o en otro, pues no existe propaganda permitida que ilustre o motive al respecto.
Pero todavía es peor si se trata de una consulta popular que ni siquiera esté prevista o regulada por la Constitución y la ley, como es el caso de la consulta que ahora anuncia el presidente de la república que organizará la Secretaría de Gobernación. Las consultas populares que prevé y regula la Constitución y la ley deben ser aprobadas por el Poder Legislativo Federal, sancionadas en su constitucionalidad por el Poder Judicial de la Federación, organizadas por el Instituto Nacional Electoral, con la posibilidad de impugnar sus resultados y defectos de organización ante el Tribunal Electoral del PJF. Por cierto, consultas respecto de la organización de las Fuerzas Armadas están expresamente prohibidas por la Constitución y la ley.
Más aún, se trata de una estrategia de movilización política para presionar el sentido del voto de la minoría legislativa, a la que ya me he referido, en un proceso de reforma constitucional; es decir, en un proceso de la democracia representativa regulado puntualmente, puesto que exige dos tercios de los votos de los legisladores presentes en las cámaras federales. La reforma a la que me refiero ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero en la de Senadores mediante otra estrategia propia del procedimiento legislativo la iniciativa fue devuelta a las comisiones dictaminadoras para “enriquecerla”, pues no se habían logrado asegurar los votos necesarios para su aprobación. Es muy probable que esta semana que comienza dicha iniciativa vuelva a ser sometida al Pleno de la Cámara de Senadores para su discusión y, tal vez, pueda ser votada; en cuyo caso sería aprobada debidamente “enriquecida”. De cualquier manera, estamos en presencia de un “match” entre democracia representativa y democracia participativa.
Ciudad de México, 3 de octubre de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México) y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México); autor, entre otros, de los libros: Nuevo Derecho Electoral Mexicano (Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Trillas), Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Editorial Tirant lo Blanch); El Presidencialismo Mexicano en la 4T (Universidad de Xalapa); Crónica de una dictadura esperada (Amazon); El presidencialismo populista autoritario mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato? (Amazon).
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