Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
La semana anterior han ocurrido cosas y me han ocurrido cosas de las que deseo dar cuenta a quienes amablemente se animan a incursionar en mis escritos semanales.
Al inicio de la tarde del viernes 19 de agosto pasado, las redes sociales empezaron a transmitir la noticia de que acababa de ser aprehendido el Procurador General de la República durante el gobierno del anterior titular del Poder Ejecutivo Federal. Al día siguiente, los periódicos dieron mayores detalles de los que los noticieros de televisión del día anterior ya habían aportado.
Pero al mismo tiempo, dichos noticieros daban la noticia de que a la exsecretaria de Desarrollo Social que se encontraba en prisión le había sido modificada, en el juicio penal al que está sujeta, la medida cautelar de prisión preventiva por la de libertad condicional, es decir, salía de la cárcel; cabe recordar que por razones estrictamente procesales la indiciada nunca debió pisar la cárcel, pero el hecho es que ahí estaba. La noticia de primera plana en los periódicos del día siguiente era doble: la aprehensión del exprocurador y la liberación de la exsecretaria.
No es la primera vez que un exsecretario de Estado o que un alto funcionario de la Federación ingrese a prisión, ahora mismo hay en prisión varios exfuncionarios federales y también es y ha sido el caso de varios gobernadores de estados de la República; aunque desde luego tampoco es algo que resulte tan frecuente. Pero sí es la primera vez que un exprocurador general de la República, ahora llamado Fiscal General de la República, ingresa a prisión. De tal suerte que nadie puede negar dos cosas: el impacto mediático de ambas situaciones jurídicas y su cuidadosa programación, porque una casualidad todo indica que no pudo ser.
Sobre todo, si tenemos en cuenta la habilidad formidable que tiene el presidente de la república para hacer propaganda política con efectos mediáticos de alto impacto. Han sido tantos sus golpes publicitarios de esta resonancia que no tiene caso enumerarlos, son de todos conocidos. Los aplastantes resultados electorales de 2018 y su triunfo electoral hablan por sí solos. Además, todos los días de lunes a viernes tiene un programa informativo de radio y televisión de alcance nacional, disfrazado de conferencia de prensa, donde todo lo que ahí afirma o niega o contradice o ataca, inmediatamente es reproducido, amplificado y mantenido en redes sociales por un eficaz equipo profesional de comunicación. Luego, entonces, todo confirma que aprehensión y liberación corresponden a un plan maestro de comunicación social cuidadosamente programado, como ya antes señalé.
Empecemos por el análisis de la aprehensión y puesta a disposición de un juez penal de control de detención. Hasta el momento, salvo los delitos por los que resulta acusado, no hay mucha información sobre las pruebas y demás datos jurídicos necesarios para evaluar la oportunidad y pertinencia estrictamente legal de dicha privación de la libertad del exprocurador. Se sabe por lo pronto que fue detenido entre otros por el delito de desaparición forzada de personas, pero también por los de tortura y obstrucción de la justicia; delitos todos relacionados con la desaparición en el año 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en la República Mexicana. Pero se sabe también que el juez de control llamó la atención de los agentes del ministerio público encargados de promover la sujeción a proceso del inculpado por la falta de pruebas, la premura e improvisación del caso.
La desaparición y posible ejecución de esos 43 jóvenes estudiantes es una tragedia personal y familiar, pero al mismo tiempo es una tragedia nacional. No es posible aceptar, hasta convertirlo y admitirlo como un hecho casi natural, que 43 personas desparezcan y no hayan sido detenidos responsables directos de su desaparición ni se hayan encontrado los restos de todos ellos en el lamentable supuesto previsible de haber sido ejecutados. Es una tragedia nacional y un escándalo mundial pues esto es algo que no sucede en el resto de los países, ni tiene justificación alguna para que suceda en México; salvo en aquellos países que se encuentran en situación de guerra, y aun así hay tratados internacionales que prohíben asesinatos de esta naturaleza -que Valdimir Putin no los cumpla y asesine civiles indefensos en sus propias casas es otra cosa-.
Ciertamente, durante el gobierno anterior la responsabilidad de hallar y castigar a los culpables recayó en el procurador ahora detenido. Pero durante los casi cuatro años que lleva la presente administración dicha responsabilidad recae en quien lo sustituyó en el cargo, es decir, el Fiscal General de la República que ahora ordena su detención y solicita su sujeción a proceso. La procuración de justicia penal convertida por lo menos en contradicción u omisión, aunque también en cortina de humo para ocultar otros datos a los que más adelante me refiero.
En los días inmediatamente anteriores a la detención del exprocurador había habido manifestaciones y declaraciones respecto del caso Ayotzinapa, de tal manera que ante la falta de castigo a los culpables la solución mediática fue encontrar otros culpables. La justicia penal convertida en un acto de propaganda de alto impacto mediático.
Vayamos ahora al análisis de la liberación. De todos es conocido que la funcionaria ahora liberada fue la jefa de Gobierno de la hoy Ciudad de México que auspició, protegió, promovió, alentó o como usted quiera calificar su apoyo a la campaña del actual presidente de la república cuando en ese momento fue candidato a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. En redes sociales circulan ahora las fotografías de cuando eran amigos y aliados electorales.
Una vez convertido en jefe de Gobierno, el actual presidente de la república se distanció políticamente de su anterior protectora y ésta, por su parte, intervino de mayor o menor manera en el descubrimiento y publicidad de hechos de corrupción del secretario particular del nuevo jefe de Gobierno; imputaciones de las que hasta la fecha el hoy presidente de la república ha resultado indemne, gracias, entre otras razones, a su habilidad para esquivar los golpes mediáticos; pero, también, justo es reconocerlo, a su carisma arrasador entre sus creyentes.
Esas imputaciones de complicidad con hechos probados -y otras más recientes y con personajes más cercanos como sus hermanos, hijos y nuera- que hubieran descarrilado la carrera política de cualquier otro político, hasta la fecha no le impiden al presidente de la república mantener su alto nivel de popularidad. El caso es que el juicio penal de su antigua aliada sigue su curso ahora con la libertad condicional de la inculpada como medida cautelar, en lugar de la prisión preventiva; es como decirle: estuvo usted detenida injustificadamente dos años hasta que investigábamos por qué, pero mejor la liberamos, usted disculpe. La justicia penal como instrumento de venganza política.
Paso ahora a relatar lo que a mí me sucedió la semana anterior. Fue impartir un curso de posgrado a mandos medios y superiores de un ente público, sobre el Marco Legal de la Administración Pública; durante el cual, cuando llegamos al estudio de la Ley de Planeación surgió una rica discusión acerca de la evaluación y rendición de cuentas sobre los resultados del plan nacional, estatal o municipal de desarrollo. Porque la ley federal y las locales definen con mucho detalle aspectos organizacionales y operativos del Sistema Nacional o Estatal de Planeación, pero no definen la forma de evaluar y rendir cuentas de sus resultados y omisiones. A todas luces el informe anual de gobierno y la fiscalización de la Cuenta Pública, también anual, resultan ejercicios insuficientes para alcanzar tal objetivo de evaluación y rendición de cuentas de la planeación del desarrollo supuestamente democrática y hasta con aprobación previa del plan por parte del Poder Legislativo.
Todo hace suponer, aunque pueden suceder sorpresas que ya he vaticinado, que la presente administración pública federal se acerca a la terminación de su periodo constitucional. Luego, entonces, sería muy pertinente una reforma legal que permita evaluar y rendir cuentas al presidente en funciones sobre los resultados del Plan Nacional de Desarrollo en curso. Esa misma evaluación y rendición de cuentas debe ser exigible también a gobernadores y presidentes municipales, independientemente del partido político que los haya postulado.
Es mi opinión que a falta de tal mecanismo de evaluación y rendición de cuentas se corre el peligro de que sea sustituido por, o más bien mantenido, el actual sistema de información publicitaria del gobierno federal para ocultar con hábiles cortinas de humo de alto impacto mediático, como las que aquí hemos comentado, los resultados de su gestión pública a todas luces errática, contradictoria, sin resultados positivos; en suma, una gestión que solo puede anunciar desenlaces trágicos para toda la población. A quienes nos tocó vivirla, tenemos que recordar la decena trágica y comentar en todos los foros académicos posibles su similitud con la autodenominada Cuarta Transformación de la República y su desenlace previsible que salta a la vista.
Ciudad de México, 22 de agosto de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México) y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México); autor, entre otros, de los libros: Técnica Legislativa, Control Parlamentario y Gobiernos de Coalición (Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Editorial Flores); Nuevo Derecho Electoral Mexicano (Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Trillas), Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Editorial Tirant lo Blanch); El Presidencialismo Mexicano en la 4T (Universidad de Xalapa); Crónica de una dictadura esperada (Amazon); El presidencialismo populista autoritario mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato? (Amazon); coautor de los cuatro tomos de la colección Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión); coautor de Rendición de Cuentas, Control Parlamentario y Políticas Públicas en México (Tirant lo Blanch); coautor de Aportaciones para la Fiscalización del Poder Legislativo en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión).
Sé el primero en comentar