Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Como creo que es de todos bien conocido, este pasado domingo 17 de abril del año en curso se llevó a cabo una sesión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen legislativo respecto de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente de la república en materia de energía eléctrica. También es muy conocido -creo- que el dictamen a discusión no recibió la cantidad de votos necesaria -las dos terceras partes de los diputados presentes- por lo que fue desechado y no pasó la reforma propuesta; cosa poco frecuente tratándose de una iniciativa presidencial, más aún cuando éste -el presidente- tiene la mayoría absoluta en ambas cámaras federales -desenlace que atribuyo a algo que trataré de explicar al final de estas páginas-.
Como en artículos anteriores ya me he referido al contenido de la reforma, entro directamente a mis comentarios sobre la sesión legislativa que tuve el cuidado de seguir a través del canal de televisión del Congreso de la Unión. Sesión que duró casi doce horas, incluido un receso de casi tres -que aproveché para avanzar en la lectura de un libro al que también me referiré-, para que los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la Cámara se pusieran de acuerdo sobre una excitativa de excusa a dos legisladoras de oposición por supuestos conflictos de interés, excitativa presentada por diputados de la mayoría. Desde luego que ambas legisladoras opositoras sostuvieron su derecho a participar en la discusión y votación del tema, por lo que pasado el receso -y la respuesta a la excitativa- se reanudó la sesión sin mayor problema, tres horas después.
Hay una palabra poco conocida pero que corresponde a la práctica parlamentaria que en esta sesión de la que ya empecé a platicar desplegó la mayoría parlamentaria, es decir, la parte de la Cámara que apoya al presidente de la república. Esa palabra es “filibusterismo”. El Diccionario de la Real Academia Española, al menos la edición que yo tengo, la vigésima primera, de 1992, define esa palabra como “partido de los filibusteros de ultramar”; en tanto que la palabra “filibustero” la define como “El que trabajaba por la emancipación de las que fueron provincias ultramarinas de España”. No sé si en ediciones más recientes este Diccionario incluya alguna otra connotación. Por su parte, el Diccionario Universal de términos parlamentarios, publicado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 1997, no da cuenta de ninguna acepción de esta palabra de la que ahora platico.
Por lo que tuve que buscarla en mi teléfono, es decir, en Google, y ahí encontré tanto la definición ya transcrita como otra más, que es la que me interesa porque es la que viene al caso: “Táctica que se emplea en las asambleas políticas u otros cuerpos deliberantes para retardar o impedir los acuerdos aprovechando cualquier oportunidad que ofrezca el procedimiento necesario para ello”. Finalmente, en el Diccionario de Ciencia Política, del profesor alemán Dieter Nohlen -publicado en México por Editorial Porrúa y El Colegio de Veracruz-, se señala: “táctica obstruccionista de una minoría parlamentaria con la finalidad de cansar o poner nerviosa a la mayoría por medio de discursos interminables y mociones de modificación (que frecuentemente son solo simuladas o absurdas) para retrasar o incluso impedir la votación de un proyecto de ley”. Solamente que el domingo pasado, en México, fue la mayoría la que quiso impedir la votación.
Señalo al efecto que, además de presentar la excitativa ya comentada y planteada al inicio de la sesión, los diputados de la mayoría fueron los primeros en aprovechar la pregunta parlamentaria para extender la sesión sin que hubiese debate, pero sí la oportunidad de abundar en sus puntos de vista. Naturalmente que los diputados opositores aprendieron de inmediato la lección y aprovecharon también la pregunta parlamentaria -me referiré a dos de ellos, particularmente brillantes, ambos exsecretarios de Estado, uno de Gobernación y otro de Economía-. Aunque los opositores no abusaron de esta fórmula parlamentaria como los diputados de la mayoría, quienes se despacharon hasta con varias preguntas en la intervención de un mismo orador -lo que les permitió rebasar los cinco minutos asignados y estar media hora en la tribuna-.
Se pueden anotar otras dos tácticas utilizadas por la mayoría, aunque no necesariamente para alargar la sesión, pero sí para enardecer los ánimos y crispar el debate, toda una provocación. Desde varios días antes, grupos de “espontáneos” se manifestaron en apoyo a la iniciativa presidencial de reforma eléctrica en las afueras del recinto legislativo -cuya presencia desde luego fue invocada en el debate como argumento ad populum o sofisma populista-; sin dejar de contar “reuniones de información” encabezadas por la secretaria de Energía y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, en diversos lugares del país. Pero, sobre todo, los diputados de la mayoría fueron esplendidos en utilizar adjetivos para descalificar a sus compañeros diputados que no estaban de acuerdo con la iniciativa -aunque también para descalificar la reforma constitucional en la materia, la vigente que sigue vigente-. Lo menos que les dijeron fue “traidores a la patria”. Desde luego que no fueron lejos por la respuesta que fue en el mismo tono y con los mismos adjetivos. Pues la argumentación parlamentaria es una esgrima sin fin, en donde solo pierden los que se cansan o se quedan sin argumentos -aunque se pueda argumentar hasta el infinito-.
Supongo que tanto el presidente de la república como los coordinadores parlamentarios de la coalición legislativa que lo apoya, desde varios días antes ya se habían dado cuenta de que no iban a reunir los votos necesarios para conseguir la aprobación. Así es que tuvieron tiempo suficiente para diseñar su estrategia y táctica parlamentaria durante la sesión del domingo, los días previos y los siguientes. Y en eso todavía están.
Me refiero ahora a las dos intervenciones más brillantes de toda la sesión. Cada una de ellas justifica por sí sola las horas pasadas frente a la televisión (bueno, también los cursos que a veces me contratan en alguna cámara legislativa sobre estos temas y, desde luego, los libros publicados sobre la materia que de cuando en cuando actualizo). El caso es que en ambas intervenciones se utilizó la pregunta parlamentaria durante la exposición del orador. Una, para efectos ilustrativos. Otra, para efectos de respuesta de lucimiento -aunque a veces puede ser para lo contrario, pero desde luego esto no sucedió en este caso-. Una intervención dejó claro que la iniciativa, de ser aprobada, implicaba una violación a los derechos humanos; la otra, las violaciones al T-MEC y otros tratados de libre comercio y de inversión, con las sanciones económicas que serían de esperarse. Por ambas razones, es una tranquilidad que la reforma, como estaba redactada, no haya pasado.
Pero es muy lamentable que después de haber pasado la prueba de su implementación, la reforma anterior que sigue vigente no haya sido actualizada para mejorarla en diversos puntos -pues, además, fue desmantelada desde el primer día de este nuevo gobierno-. Por eso es tranquilizador que los diputados de oposición hayan anunciado una y otra vez una nueva iniciativa. Indispensable, a mi juicio, para contener la voracidad de las empresas multinacionales de electricidad que ya han sentado sus reales en nuestro país. Juicio más arraigado aún conforme avanzo en la lectura del libro –Energía y Poder. La lucha por el control de la electricidad en el mundo– escrito por la profesora de una Universidad de Australia, Sharon Beder -publicado en México por el Fondo de Cultura Económica, en 2005-, donde relata con lujo de detalles los abusos -con sus procedimientos- cometidos por dichas empresas en Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña.
En síntesis, la iniciativa presidencial trató de resolver los problemas detectados mediante un monopolio y monopsonio en materia de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad. Nada más que la CFE es una empresa que desde 2020 tiene pérdidas -antes tuvo ganancias bajo el nuevo modelo, pocos años, pero tuvo- y ahora recibe 73 mil millones de pesos anuales de subsidio. Formalmente, la iniciativa presidencial mantiene un porcentaje hipotético del mercado para los productores privados o independientes de energía eléctrica, pero con la CFE como juez y parte de la competencia en el mercado. A esa empresa quebrada, además, le encomendaba la responsabilidad de llevar a cabo la transición energética, es decir, a una empresa sin posibilidad de cumplir los compromisos internacionales contraídos por México en materia de cambio climático. Y así sucesivamente. No abundo, porque son temas que he tratado antes en estas páginas digitales.
En esa parte expositiva de denuncia de riesgos y fallas -más no en la regulación propuesta para enfrentarlos y eliminarlas- la iniciativa presidencial tal vez tenía razón, aunque abusando de adjetivos, pero sin entrar en detalles cuando pudo hacerlo, se supone. Solamente que desde hace dos mil años los griegos de la época clásica nos enseñaron que los dioses envanecen a los que quieren perder. Así es que, por lo mismo, el presidente y su mayoría legislativa optaron por no negociar el contenido de su iniciativa para realizar de manera concertada con sus opositores los cambios necesarios; tanto para mejorarla como para conseguir los votos indispensables para su aprobación. El resultado es que las fallas que sin duda puede tener o tiene la reforma vigente se mantienen intactas. Así es que por culpa de la vanidad humana -a veces tan inhumana- nadie ganó y perdimos todos los usuarios finales de energía eléctrica. Esperemos que ahora sí el presidente y su mayoría legislativa se sienten a negociar y concertar con sus opositores que, como quedó visto, finalmente parece que ya están unidos.
Ciudad de México, 19 de abril de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México) y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); autor de dos tomos de la “Enciclopedia Parlamentaria de México” (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión); coordinador y coautor de “Doctrina y Lineamientos para la Redacción de Textos Jurídicos, su Publicación y Divulgación” (tres tomos) (SEGOB); autor de “Técnica Legislativa, Control Parlamentario y Gobiernos de Coalición” (Editorial Flores).
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