La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela retiró inmunidad al líder opositor Juan Guaidó para abrir el camino a su enjuiciamiento.
Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, dijo que el decreto aprobado en la sesión autoriza seguir con “el curso legal de todas las investigaciones necesarias y los juicios (…) para que haya justicia en nuestro país”.
La decisión crucial ocurre en medio de las protestas que se han registrado en los últimos días en la capital y otras ciudades por la severa escasez del suministro de agua y los recurrentes apagones, que han dejado 47 detenidos y han escalado las presiones sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Que hoy la justicia esté funcionando nos debe llenar de esperanza”, afirmó Cabello durante la sesión al defender la decisión contra Guaidó, al que identificó como la “nada”.
El dirigente oficialista sostuvo que la Constituyente debió decidir el retiro del fuero porque la Asamblea Nacional “no existe” ya que está “en desacato” de las decisiones del Poder Judicial.
La resolución fue por una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el Gobierno, quien ordenó levantar la inmunidad parlamentaria a Guaidó para enjuiciarlo por violar una orden del máximo tribunal que le prohibió desde finales de enero salir del país, mientras enfrenta un proceso que le abrió la Fiscalía General.
La Fiscalía señala a Guaidó por hechos “violentos” en enero, así como por sus pedidos a la comunidad internacional que han causado el bloqueo de cuentas de la República y por presuntamente estar vinculado a cortes de energía.
Desafiando la medida del máximo tribunal, el jefe del Congreso salió del país a finales de febrero y realizó una gira de 10 días por Sudamérica en la que se reunió con algunos mandatarios que han mantenido un abierto respaldo al movimiento opositor venezolano y que desconocieron la reelección de Maduro para su segundo sexenio.
Ahora, sin ningún tipo de protección constitucional, el dirigente opositor de 35 años puede ser juzgado y enfrentar una eventual detención, lo que dejaría a la oposición sin su principal figura y motor de las recientes protestas antigubernamentales que han exacerbado las tensiones contra el presidente Nicolás Maduro en el inicio de su segundo sexenio.
La Constitución garantiza inmunidad para el presidente, los diputados y demás funcionarios electos por voto popular y prevé que para retirarles el fuero deben ser sometidos previamente a un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El retiro de la inmunidad parlamentaria debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Juristas y opositores sostienen que en el caso de Guiadó estos pasos no se han cumplido.
¿Qué ocurrirá ahora? Esto dicen los expertos
El abogado constitucionalista José Vicente Haro dijo que un desafuero debe ser aprobado por el Congreso y no la Constituyente.
“Esto es un fraude constitucional porque es el parlamento que tiene que autorizar esto. También viola el debido proceso, porque él tenía derecho a una audiencia para defenderse”, agregó.
Hasta ahora, el gobierno no había tomado ninguna acción concreta contra Guaidó aunque en las últimas tres semanas, el jefe del Congreso había enfrentado una serie de presiones luego del arresto de su jefe de despacho y mano derecha, Roberto Marrero, quien fue señalado de integrar una supuesta célula terrorista, y de la decisión que tomó la Contraloría General de la República de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 15 años por supuestamente ocultar o falsear datos en su declaración jurada de bienes.
A mediados de marzo el fiscal general, Tarek William Saab, un exmilitante del oficialismo, anunció la apertura de un segundo proceso contra Guaidó por su “presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional”.
A finales de enero, el Ministerio Público abrió un primer proceso al dirigente opositor por “diversos acontecimientos violentos” que hasta la fecha no han sido precisados.
Con información de Reuters
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