Al concluir el foro para la dictaminación de la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que se llevó a cabo en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, los participantes expresaron la necesidad de que este ordenamiento informe a las regiones de los beneficios y afectaciones de los proyectos u obras.
En la clausura, la presidenta de la de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena) afirmó que este foro ha sido un encuentro de culturas y de hermanas y hermanos, donde el único fin es mejorar la participación de las comunidades originarias y afromexicanas.
Resaltó que las contribuciones en este foro serán tomadas en cuenta, pues ello permitirá robustecer el marco jurídico propuesto para que sea eficiente y acorde a las necesidades.
Explicó que tanto la instancia legislativa que representa como la Comisión de Gobernación y Población han realizado estos encuentros con el objetivo de contar con los insumos para la creación de la ley general.
En las mesas de trabajo se analizaron temas relativos a las disposiciones generales sobre una ley de consulta culturalmente adecuada y de buena fe, para obtener el consentimiento previo, libre e informado; los sujetos involucrados en el proceso de consulta y la importancia de la participación de las mujeres en la defensa del territorio.
Durante las conclusiones, los participantes indicaron que se debe incluir un glosario, donde se identifiquen los órganos del proceso de las consultas indígenas.
Asimismo, se propuso que las autoridades existentes de las comunidades sean consideradas para la toma de decisiones en un proyecto u obra, y se informe a las regiones sobre los beneficios y afectaciones.
Además, que previo a la toma de decisiones la comunidad sea asesorada por especialistas y que un porcentaje mayoritario de la población determine la aprobación de los proyectos.
Indicaron que es fundamental que se establezcan multas o sanciones por el incumplimiento de acuerdos y que en este caso la localidad donde se desarrolle el proyecto se quede con los materiales utilizados y se definan observadores, independientes a las empresas, para que se asegure lo acordado.
También precisaron que la ley debe establecer medidas que compensen las desventajas que tienen las mujeres indígenas y afromexicanas para desarrollar las capacidades que les son inherentes, así como garantizar la participación paritaria en todas las etapas de la consulta.
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