Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Los ciudadanos mexicanos sabemos que una de las características más conocidas de nuestra condición de ciudadanos es la capacidad de votar y ser votado. Es un derecho que, a primera vista, resulta obvio y sencillo de comprender pero que en cuanto entra uno en detalles -sobre quién puede votar y quién no, por ejemplo, o sobre quién cuenta los votos o quién lo nombra para que los cuente- las cosas empiezan a complicarse. Surgió así el derecho electoral, una rama derivada del derecho constitucional.
Pero luego vino otro problema: ¿qué hacer cuando los que participaron en una elección se acusan de no haber cumplido las reglas?
En las primeras constituciones mexicanas, copiadas todas ellas en este aspecto de la Constitución española de Cádiz de 1812, una primera regla fue que el asunto se resolviese en la propia casilla electoral o en las juntas electorales -de parroquia, de partido o de provincia- y, finalmente, en los colegios electorales, esto es, en las propias cámaras legislativas que calificaban la elección de sus miembros, así de fácil.
Pero al cabo del tiempo resultó que no era tan fácil o dejó de volverse fácil para los que estaban en el poder y que eran los mismos que organizaban las elecciones, contaban los votos y resolvían los conflictos; y todo porque empezó a haber partidos de oposición que sí eran de oposición. Hasta que un día los colegios electorales de las cámaras fueron sustituidos por los tribunales electorales. A este conjunto de nuevas reglas para resolver conflictos electorales se le llama derecho procesal electoral.
En México, llegar a esto llevó nada más cerca de doscientos años, pero finalmente ahora tenemos tribunales electorales -autónomos e independientes, dicen- para resolver esas discrepancias, a cuyos magistrados los nombran en la Cámara de Senadores.
¿Y todo esto que tiene que ver con la 4T y con el Covid-19?
Bueno, pues que de vez en cuando si no es que casi siempre cada nuevo gobierno cambia las reglas del derecho electoral y del derecho procesal electoral. Naturalmente, la 4T en eso andaba hasta que llegó el coronavirus que dicen que le vino como anillo al dedo.
Durante la 4T, el Senado -donde la 4T es mayoría aplastante- ya había nombrado a algunos magistrados electorales locales el año pasado y, en éste, la Cámara de Diputados -donde la 4T casi tiene mayoría aplastante- está por nombrar a cuatro consejeros del órgano que organiza las elecciones -el INE-, cuando todo se paró a causa del Covid-19.
Así es que si alguien no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando o con lo que pueda pasar, pues sencillamente no hay un tribunal a donde ir a quejarse. Como anillo al dedo para el que quiera nombrar para contar votos a quien quiera nombrar sin respetar regla alguna, así de fácil.
29 de abril de 2020.
Sé el primero en comentar