Rosy RAMALES
Independientemente de las bondades del “reconocimiento constitucional” de programas sociales, la simple acción legislativa lleva en sí misma un ingrediente electoral consistente en la publicitación de ésta como un logro de la “Cuarta Transformación” a favor se sectores vulnerables.
Así, el Estado garantizará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de 18 años, indígenas, afromexicanas, y en condición de pobreza. Incluye el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años en adelante.
Y establece un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando los que viven en familias en condiciones de pobreza, para una “educación con equidad”.
Ya de por sí los derechos a la educación, a la salud y los tendentes al bien común, los mandata la Constitución. Sin embargo, los gobiernos se han desentendido de ellos.
Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso elevarlos específicamente a rango constitucional para garantizar los derechos a los sectores vulnerables.
Bien. Quizá el mayor problema sean los recursos para implementar la reforma aprobada ayer por el Senado de la República como cámara revisora, aunque aun falta el aval de los Congresos Locales.
Reformas que, además, darían paso a un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social.
Es de suponerse que los legisladores del Congreso de la Unión estudiaron muy bien la instrumentación de la reforma en términos financieros, sobre todo ante el riesgo de colapso económico del país por el impacto de la pandemia de coronavirus.
Según se dijo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, señala que existen las condiciones económicas adecuadas para llevar a cabo esta reforma constitucional.
“Calcula que se generaría un impacto potencial de hasta 95 mil 730 millones 508 mil 349 pesos. No obstante, ‘tomando en cuenta el escenario, en el cual todas las entidades federativas celebren acuerdos de coordinación, los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) podrían solventar los recursos adicionales’”.
Los recursos del FASSA, se entiende, se aplicarían en materia de salud. ¿Y para los programas sociales de rubro distinto?
No está mal la reforma. Incluso, un “sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social” sería lo ideal en tiempos de pandemia en un país como el nuestro donde el sector salud carece de insumos elementales.
Haría falta que tanto el Ejecutivo como el Legislativo expliquen ampliamente a la población en general cómo van a operar dicho sistema y los programas sociales, pues éstos, sin el seguimiento adecuado están destinados al fracaso y aumentar la pobreza.
En fin, y también haría falta equilibrio con el sector económico, pues es la fuente de ingresos para el sostenimiento de lo público.
Sin embargo, el Gobierno Federal se ha mostrado reticente en apoyar al sector productivo del país, incluyendo aquí al comercio, como si fuesen los malos de la película o como si todos los emprendedores engrosaran las estadísticas de multimillonarios.
En el sector productivo se encuentran grandes, medianas y pequeñas empresas de todos los ramos; el comercio organizado e, incluso, el no organizado. Todos de alguna manera generan empleo y mueven la economía nacional.
Entonces ¿por qué hacerlos de menos? ¿Por qué no guardar los equilibrios?
Vaya, aparejado a los programas sociales necesariamente debe haber el respaldo al sector productivo. Una cosa no camina sin la otra y, viceversa. No obstante, ni en tiempos de crisis por la pandemia de coronavirus, el Gobierno Federal se ha mostrado comprensivo con dicho sector.
Hasta el momento no ha habido ni siquiera el anuncio de la implementación de medidas fiscales que ayuden a amortiguar la crisis económica; por el contrario, los contribuyentes deben cumplir al pie de la letra so pena de ser sancionados.
¿Será porque los sectores vulnerables representan votos cautivos?
Los programas sociales siempre ha representado una forma de asegurar votos. Y nada garantiza que en lo sucesivo no sea así, aun cuando hayan sido elevados a rango constitucional.
Más bien, así el partido en el poder podría estar asegurando voto cautivo; salvo que en los hechos se demuestre lo contrario.
El voto cautivo es vital sobre todo cuando empieza a desdibujarse la imagen de los gobernantes. Sin embargo, el electorado mexicano también ha demostrado que nada lo detiene cuando llega el hartazgo.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
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