“Vamos a regresar, vamos a intentarlo de nuevo”, señala Omar Cruz. Tiene 38 años y tiene claro que para él, y para los cientos de jóvenes que infructuosamente intentaron entrar en caravana a territorio mexicano, la migración fuera de su país parece ser la única manera de salir de la precariedad en que viven.
“Está bien difícil la situación en Honduras. No hay trabajo, no hay seguridad, la economía está bien mal. Sólo mira todos los jóvenes que están aquí, es la fuerza de trabajo de mi país que viene a dejar su fuerza en otros países… me da pesar”, dice, mientras recorre con la mirada a más de un millar de personas que aún esperan que, de alguna manera, las condiciones cambien, y puedan cruzar al lado mexicano, para seguir la ruta hacia Estados Unidos. “Vamos a volverlo a intentar porque la verdad, es que no hay opción.
No tenemos otra opción”.
El gobierno mexicano inició la deportación masiva de migrantes que entraron en las caravanas procedentes de Honduras, y fueron detenidas apenas avanzados unos kilómetros dentro de territorio mexicano, a través de los operativos que desplegó la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Dos vuelos en aviones de la fuerza aérea, con 219 migrantes a bordo, han salido desde el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, directo ha San Pedro Sula, la capital del país centroamericano.
El primero partió la mañana del martes, apenas un día después de ser detenidos.
En este vuelo fueron traladados 110 migrantes. El segundo vuelo partió por la tarde, con 109 migrantes a bordo. El INM dio a conocer que varios vuelos más se llevarán a cabo en los próximos días, en colaboración con la GN.
Si bien el gobierno mexicano asegura que estas deportaciones se realizan con pleno respeto a los derechos humanos de los migrates, organizaciones que conforman el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, señalaron que el INM continúa sin ofrecer información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional y el procedimiento de solicitud de refugio, sobre todo de migrantes cuyo retorno pone en riesgo su vida.
Claudia León, del Servicio Jesuita para Migrantes, explicó que este es el caso de cientos de personas amenazas por las pandillas, y de la población LBGTTI, quienes son víctimas de crímenes de odio en Honduras, país que sigue siendo el más violento de la zona.
A las y los migrantes detenidos en los operativos, y ahora deportados de manera masiva, no se les está dando suficiente tiempo e información para ver las opciones de refugio y hacer solicitudes. “Hay una prisa por expulsarlos”, señala.
Via | Aristegui Noticias
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