- Por acuerdo 48/2019 del Pleno de la Judicatura, el pasado cuatro de noviembre, dos juzgados civiles del Distrito Judicial del Centro, cambiaron su denominación a familiares
En atención a una de las demandas más sentidas de la sociedad y con la finalidad de disminuir el tiempo de resolución de los asuntos en derecho familiar, el Poder Judicial del Estado, que preside la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, cuenta con dos nuevos juzgados en esta materia en el Distrito Judicial del Centro.
Al ser estos organismos jurisdiccionales de los más requeridos y con un mayor número de asuntos en trámite, desde el pasado cuatro de noviembre, por acuerdo general 48/2019 del Consejo de la Judicatura, procedió el cambio de denominación y competencia de dos juzgados civiles que ahora atenderán controversias que principalmente involucran a mujeres, niñas y niños.
De esta manera, el Juzgado Sexto Civil cambió a Juzgado Séptimo Familiar y el Juzgado Séptimo Civil a Octavo Familiar, ambos del Distrito Judicial del Centro, por lo cual de manera progresiva recibirán asuntos en la materia, como son los juicios de alimentos, divorcio, custodia y patria potestad, entre otros, a la par que concluyen aquellos expedientes civiles que se encuentran pendientes.
De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Planeación e Informática, durante el año 2018 la institución encargada de impartir justicia dio atención, tan solo en el tema de divorcio, a tres mil 731 casos en toda la entidad; en tanto que de enero a mayo de 2019, sumaron aproximadamente 700 los expedientes iniciados por la solicitud de disolución de matrimonios.
La jueza Séptimo de lo Familiar y de conclusión de expedientes del Sexto Civil, Jessica Maribel Arango Bravo apuntó que el cambio será paulatino, puesto que cada día reciben un promedio de tres asuntos familiares, situación que implica un reto y transformación en la forma de abordar los temas.
“En materia civil es más intereses económicos, patrimoniales y en materia familiar son afectaciones personales, psicológicas, emocionales; el reto es muy grande porque demanda contar con conocimientos en la materia, pero también ser sensibles a esos temas”, expresó.
El Consejo de la Judicatura acordó el cambio de denominación con base en el número de demandas recibidas de enero a agosto de este año en los juzgados civiles y familiares, ya que cada juzgado civil atendió en promedio 250 asuntos, en tanto que uno en materia familiar admitía 580.
En este sentido, la jueza Arango Bravo consideró que esta transición permitirá que las y los justiciables tengan una solución en menor tiempo; además de que el Poder Judicial reitera su compromiso de velar por la protección y garantía de los derechos humanos de quienes integran el principal núcleo social, la familia.
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