Joel Hernández Santiago
El 31 de marzo de 2025, de pronto llegó a aguas del Golfo de México, en Tampico, Tamaulipas, el buque petrolero “Challenge Procyon”, que portaba bandera de Singapur. Al llevar a cabo una revisión documental el encargado en puerto fue informado de que contenía 20 millones de litros de lubricante. Simple y sencillamente lubricante, se dijo.
El buque cisterna provenía de Texas, EUA., y según la información documental que entregó, transportaba eso, aceites lubricantes. No habría problema, pero se tenía que hacer la revisión física y, muy probablemente por algún chivatazo, las autoridades portuarias decidieron revisar a fondo.
Fue entonces que se descubrió que los documentos eran falsos y que la carga era en realidad diésel y no esos lubricantes declarados, los que no están sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es decir, se estaba ante un presunto delito de “Huachicol fiscal”.
Pero este asunto no quedaría ahí, porque poco tiempo después, las autoridades llevaron a cabo un cateo en un terreno cercano a la ciudad de Altamira, en el mismo Tamaulipas, en donde incautaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos. Tres funcionarios del puerto y de la Aduana de Tampico fueron cesados.
Por lo pronto se sumaba información: ahí estaba la detección del “Challenge Procyon”, su contenido de diésel, documentos falsos y el posterior descubrimiento de la bodega en Altamira. Digamos que esto fue la aguja que se buscaba en el pajar. Y se encontró.
Pero ¿quiénes operaban este procedimiento ilegal y este saqueo de combustible? ¿Existía conexión entre Tampico y Altamira? Luego se diría que sí. Todo parecía haber quedado en las famosas carpetas de investigación sin que se conocieran los resultados de las pesquisas, como ocurre con tantas como diario se abren y de las que nunca se conocen sus resultados.
Aparte: El 14 de junio de 2024, el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ex director general de Recaudación de Aduanas, escribió una carta dirigida al Secretario de la Marina del gobierno de López Obrador, Almirante Rafael Ojeda, para denunciar, entre otras cosas, que algunos miembros de la Secretaría de Marina –dio nombres- incidían en las designaciones de marinos en las distintas aduanas para mantener operaciones delictivas.
Poco tiempo después, el Contralmirante pidió una licencia del 6 al 8 de noviembre, para atender asuntos personales y tomar unas vacaciones que serían del 9 al 25. De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General de la República, Guerrero proporcionó a sus autoridades de Marina sus lugares de estancia en Manzanillo y Mazatlán.
Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en el centro de Manzanillo, Colima cuando conducía su camioneta roja. Dos sicarios lo interceptaron en una moto y vaciaron sus cargadores. Fue asesinado.
Mientras tanto se supone que la investigación continuaba. Y es el viernes 5 de septiembre –casualmente pocos días después de la visita a México de Marco Rubio, secretario de Estado de EUA– cuando el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch anunció la detención de catorce personas relacionadas con el contrabando de combustible y evasión fiscal el 2 de septiembre.
Entre los detenidos está el vicealmirante de Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, otros seis marinos, tres empresarios y cinco exfuncionarios de aduanas. Informó que habrá más detenciones y que algunos de los involucrados están prófugos. Se supone que se refiere a Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante y también marino de alto rango.
Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos del ex Secretario Rafael Ojeda Durán, porque son hijos de su cuñada.
La presidente de México, Claudia Sheinbaum dijo el 7 de septiembre que el delito de Huachicol se perseguirá legalmente “tope donde tope”. Ojalá. En todo caso, ya se anuncia que hay una orden de aprehensión en contra de otros 20 funcionarios, militares, empresarios… vinculados con este delito.
De pronto, mientras todo esto se conocía en todo el país, y en el extranjero, el lunes 8 de septiembre apareció muerto el capitán de marina Abraham Jeremías Pérez Ramírez dentro de su oficina en Altamira, Tamaulipas. Presuntamente había sido involucrado en el delito de Huachicol Fiscal. El gobierno federal de inmediato negó tal aserto y dijo que su suicidio nada tenía que ver con el tema.
Lo muy lamentable también, es que la Secretaría de Marina, una institución muy apreciada, muy querida por los mexicanos desde su fundación en 1821 y las transformaciones constitucionales que han ocurrido, esté involucrada en estos temas.
La Secretaría de Marina es una institución honorable aun hoy; fue la que consolidó la independencia de México y ha participado de forma activa en favor del país por muchos años. Esto es así porque sus tareas básica son las de ejercer el poder naval de la federación para la defensa exterior y la seguridad interior de México, así como para salvaguardar la soberanía del territorio nacional en aguas jurisdiccionales y proteger el tráfico marítimo…
A pesar de todo lo que ha pasado, la parte institucional sigue íntegra y sólo se aspiraría a que nuestra Secretaría de Marina se ocupara de llevar a cabo sus funciones institucionales e históricas y no contaminarla en asuntos del crimen organizado, en temas de delincuencia y de narcotráfico.
La creación de una fuerza nacional de orden civil, para llevar a cabo esas tareas, haría que nuestros marinos vuelvan a recuperar nuestro orgullo nacional puesto en ella, en la Marina Nacional.
Y si marinos hubieran cometido delitos de toda naturaleza, en cualquier momento, en cualquier espacio o en contra del interés nacional –sin simulaciones ni protección de nadie– que sean sometidos a procedimientos en ley y, de encontrárseles culpables, sean castigados con toda firmeza, de acuerdo con el Estado de Derecho mexicano.
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