CIUDAD DE MÉXICO.- A 8 meses de que se cumpla una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Presidente defendió al Ejército, justificó a la Fiscalía Especial y culpó al Poder Judicial de intentar descarrilar el caso al cambiar la medida cautelar a 8 militares presuntamente implicados en el caso.
Este martes -a menos de una semana que Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México beneficiara con libertad condicional a los efectivos acusados de desaparición forzada- el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el caso Ayotzinapa y dijo que:
“Es lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres, de los jóvenes desaparecidos”.
Esto porque -argumentó el Ejecutivo mexicano- ya “veía venir” que el Judicial permitiría el beneficio a los presuntos implicados –como se intentó con el exprocurador Murillo Karam– y por ello le envío hace 15 días una carta a la ministra Norma Piña –cabeza de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal- para advertirle de ello, pero que:
“Hay interés político del Judicial, se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole de este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que hoy dé a conocer esa carta. Como si le hubiéramos dicho ‘libérenlos’”.
Y aunque el Judicial respondió anoche -luego de que el Gobierno fijó su postura sobre el caso, y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) considerar nuevas órdenes de aprehensión en contra los militares beneficiados con libertad condicional- que la FGR “no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia”, el mandatario mexicano justificó a la instancia encabezada por Rosendo Gómez Piedra:
“Es lo que siempre dicen cómo liberan delincuentes, cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial, que no integraron bien las investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil, esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide; lo que hay es un interés político del Poder Judicial”.
Y de tal suerte que –según sus dichos- la politización ha llegado a tal punto que lo que se intenta es:
“Desprestigio al Ejército ¿por qué razón? porque no quieren que haya una institución independiente, soberana, quieren tener los que están detrás moviendo los hilos una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal, pero pues yo estoy acostumbrada a enfrentar a falsarios, conservadores inmorales, farsantes toda esa caterva de hipócritas y lo vamos a seguir haciendo”.
Preocupación de los padres
Sobre el cambio de medida cautelar, Santiago Aguirre director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –una de las instituciones que acompaña a los padres de los estudiantes desaparecidos en 2014- comentó que las víctimas se han mostrado inconformes en la participación de abogados militares en la defensa de los acusados.
Además de les llama la atención que los efectivos que aún permanecen en prisión preventiva sean los que están acusados de delincuencia organizada, por lo que considera que:
“Se han ido centrado los esfuerzos en que vayan cayéndose las acusaciones por desaparición para que queden subsistentes las de delincuencia organizada”.
Por último, el activista indicó que aún falta por detener y procesar a otros 6 efectivos de la Sedena contra los que también hay órdenes de aprehensión por el caso.
Con información de 24 Horas
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