Vigila PJE Respeto a los Derechos Humanos de Personas Privadas de su Libertad

  • Personal de la Dirección de Derechos Humanos y la Visitaduría General participó en 12 audiencias penitenciarias realizadas en coordinación  con la Defensoría Pública del Estado

Con la finalidad de revisar la situación jurídica y conocer el estado de las causas penales de las personas privadas de su libertad, tanto sentenciadas como procesadas que se encuentran en los diferentes reclusorios de Oaxaca, el Poder Judicial del Estado, participó en 12 audiencias penitenciarias realizadas de enero a noviembre de este año, en coordinación  con la Defensoría Pública del Estado. 

Personal de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura y el órgano de control interno Visitaduría General, con el acompañamiento de las instituciones que integran el sistema penitenciario e involucradas en el tema, atendieron y dieron puntual seguimiento a cerca de 200 casos que les expusieron. 

A través de las visitas a los centros penitenciarios, el Poder Judicial refrenda su interés para dar respuesta a las peticiones de quienes por alguna razón se encuentran ahí, además de que vigila permanentemente que se respeten sus derechos humanos, puesto que estos son inherentes a la condición social que vive la persona. 

Los centros penitenciarios en donde se han realizado las audiencias  corresponden a los ubicados en Etla, Tanivet, Miahuatlán, Pochutla, Juquila, Matías Romero, Tehuantepec, Juchitán, Cuicatlán, Tuxtepec, Ixcotel y la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA). 

Conforme a lo dispuesto por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, a través de esta actividad se abona a la impartición de una justicia con rostro humano, visión de equidad de género y sin dilaciones, y de manera especial con trato digno, sin discriminación ni distinciones. 

Las audiencias penitenciarias tienen como objetivo acercar a las personas privadas de su libertad a las instituciones que integran el sistema penitenciario y judicial, esto con la finalidad de que conozcan el desarrollo de sus procesos, tengan comunicación directa con sus defensores de oficio, manifiesten aquellas situaciones en las cuales se vulneren sus derechos humanos en el centro de internamiento y dentro de sus procesos. 

Además de atender las necesidades médicas y ofrecer diferentes opciones laborales para todas aquellas personas que están próximas a reintegrarse a la sociedad, así como también garantizar una defensa adecuada. 

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