- Una de las medidas fundamentales de la Sala de Justicia Indígena y eje central de la actual administración del TSJ, es garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado.
En el actual territorio oaxaqueño conviven 18 grupos étnicos de los 65 que hay en nuestro país: mixtecos, zapotecos, triquis, mixes, chatinos, chinantecos, huaves, mazatecos, amuzgos, nahuas, zoques, chontales de Oaxaca, cuicatecos, ixcatecos, chocholtecos, tacuates, afromestizos de la costa chica y en menor medida tzotziles.
Todos ellos, tienen reglas de convivencia y sistemas normativos particulares que han garantizado modos de orden y sociabilidad distintos a los definidos a grandes rasgos por el sistema jurídico tradicional.
Por tal motivo, es importante que el Estado Mexicano reconozca las facultades autonómicas que les permitan seguir definiendo sus propias formas de organización para resolver sus controversias por medio de las instituciones púbicas.
Por lo anterior, el Magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, presidente de la Sala Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), señaló que uno de los principales obstáculos a los sistemas de justicia indígena es el no reconocimiento de sus formas de solucionar conflictos internos.
Asimismo, el operador jurídico manifestó que no existe jurisprudencia en México en relación a los límites y la operatividad de la jurisdicción indígena, “ese es el trabajo que está haciendo esta Sala Indígena; con sus resoluciones está colocando en la agenda jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diversos temas que marcarán un precedente no sólo para Oaxaca sino para todo el país ya que se realizarán las primeras sentencias que la Corte resolverá en relación al derecho fundamental de la jurisdicción indígena y ahí fijará quizás los lineamientos donde ésta debe funcionar” señaló.
Por lo anterior, Cordero Aguilar manifestó que una de las medidas fundamentales de la Sala que representa y de la actual administración del TSJ encabezada por la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, es velar y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades que están plasmados en los tratados internacionales, en la constitución y en las diferentes disposiciones legales del estado, por ello dijo que a pesar de las barreras geográficas, lingüísticas y culturales, se tiene que reconceptualizar que el acceso a la justicia no únicamente tiene que implicar el acceso a los tribunales sino también a esos mecanismos y formas de solucionar conflictos en las comunidades y pueblos nativos.
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